Ante las agresiones contra médicos y enfermeras por considerarlos una amenaza de infección por COVID-19, diferentes estados de la República han aprobado o propuesto endurecer las sanciones contra quien cometa ataques.
El congreso de Tlaxcala aprobó la reforma al Código Penal de la entidad para sancionar a agresores de personal médico durante la pandemia. Darán hasta seis años a los agresores y multas de 100 hasta 300 unidades.
Oaxaca es otra entidad en la que el Congreso aprobó, el pasado 15 de abril, la reforma que establece hasta 6 años de prisión a quien cometa un delito en contra de personal médico.
En Colima aplicarán sanciones de hasta 4 años y medio de cárcel y multas de hasta 13 mil pesos a quien, en periodo de la epidemia especialmente, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; niegue o restrinja derechos laborales; niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho.
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Jalisco es otro estado en el que se analiza la posibilidad de establecer penas más altas. Hasta 7 años de cárcel, si las heridas son muy graves, o multas desde 8 mil 680 a 17 mil 360 pesos.
De igual forma, el Congreso de Nuevo León se presentó la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado. Con prisión de 6 meses hasta 6 años, dependiendo de la gravedad de las heridas causadas. Así como multas de 100 a 500 cuotas e indemnizaciones para la víctima.
Otras entidades que buscan endurecer las sanciones son San Luis Potosí y Puebla. Por su parte, el PVEM presento una iniciativa para que a nivel federal se eleven las penas para incrementar hasta en un tercio la pena, de uno a tres años de prisión o 150 a 300 días de trabajo comunitario y hasta doscientos días de multa, a quienes cometan actos de discriminación contra personal médico y de enfermería.
Las agresiones también se han presentado hacia paramédicos, personal de intendencia, auxiliares. Las medidas buscan frenar las agresiones.
