La doctora, asignada a un área de atención especializada para pacientes infectados con COVI-19, y su hijo se ampararon al considerarse en alto riesgo de infección.
El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Gabriel Regis López, concedió una suspensión de plano para que las autoridades correspondientes permitan a la doctora no presentarse a laborar si no cuenta con el equipo médico apropiado y con goce de sueldo.
El juez argumenta que la misma Constitución obliga al Estado a salvaguardar el derecho a la salud y el reclamo de la doctora y su hijo impactan directamente en su derecho a la salud e, incluso, en el derecho a la vida.
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La doctora relató que el Instituto de Salud del Estado de México, en Naucalpan, no existen las medidas sanitarias para evitar el contagio y pone en riesgo a ella misma y a su hijo.
Expresa que, como médico tratante solo le dieron 100 cubrebocas sencillos para atender a los pacientes infectados, además que la atención se da en una carpa de plástico cuando se sabe que en ese material el virus vive por más tiempo.
Tampoco se ha sanitizado el área lo que incrementa el riesgo y crea un foco de infección permanente, decaró. Por lo que considera que no puede ser obligada a trabajar sin tener el material necesario para la atención de pacientes como para su integridad.
