Por José Luis Hernández
Varios padres de familia de alumnos mexicanos inscritos en el Liceo Franco Mexicano A.C., con sede en Polanco, han venido denunciando diversos actos violatorios del estado constitucional y de derecho ante más de 15 autoridades nacionales y extranjeras.
Las irregularidades cometidas por la dirección de la referida escuela internacional consisten en el cierre al viejo estilo dictatorial de la sección mexicana, a pesar que la Secretaría de Educación Pública instruyó garantizar y salvaguardar el derecho a la educación de los niños afectados respetando su “reinscripción” y, a la vez, el respeto de la Ley General de Educación y el procedimiento administrativo correspondiente para llevar a cabo la desincorporación del plantel educativo y posterior cierre sin violar los derechos humanos de la niñez.
Sin embargo, las autoridades educativas bailaron al son que les tocó el despacho de abogados contratado por la escuela para la defensa de su personal administrativo, directivo y docente; El personal docente que atendía a los niños dados de baja engañaron a los padres de familia entregando cartas en las que se afirmaba del cierre inminente de la escuela, entendiéndose que dicho acto ya estaba autorizado por la Secretaría de Educación Pública. Todo lo anterior era mentira ya que la intervención de un juez de distrito desenmascaró la situación de ilegalidad de los actos de la escuela internacional. Se demostró también que la autoridad educativa tenía detenido el procedimiento de sanción y los directivos de la escuela tenían escondida la información del trámite de cierre ante la SEP.
La prepotencia y actitud despótica de autoridades francesas que se encuentran en la escuela y de autoridades mexicanas que estaban siendo negligentes ha quedado demostrado en diversas resoluciones emitidas por autoridades responsables de la salvaguarda de derecho de la niñez.
Lamentablemente, la intervención de las autoridades fue tardía y hoy varios niños quedaron en la calle y sin la posibilidad de una expectativa legítima de formación en el sistema europeo (de conformidad con la letra y espíritu del Convenio Cultural entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República francesa de fecha 17 de julio 1970). Dicha decisión, totalmente arbitraria contradice:
1.- El preámbulo de dicho Convenio y sus artículos 2 y 3:
*El artículo 2 ¨ Cada una de las partes tomará las medidas necesarias para facilitar la enseñanza , TAN AMPLIAMENTE COMO SEA POSIBLE de la lengua de la otra, en TODOS los niveles de enseñanza, PARTICULARMENTE a nivel secundaria y superior (…)¨
*El articulo 3 ¨Ambas partes facilitarán la creación, el mantenimiento y el desarrollo de SUS establecimientos oficiales de enseñanza y de cultura en el territorio de la otra ¨
Además están violando:
- La política de INCLUSIÓN de la AEFE (Asociación de Enseñanza de Franceses en el Extranjero), perteneciente al gobierno francés, tal y como viene explicitado en su página web. https://www.aefe.fr
- Los estatutos y objeto social de la AC (asociación civil) forma jurídica del liceo franco-mexicano , que hablan de propagar la lengua francesa y divulgarla en México, sin afán de lucro ( aquí habría de verse qué les ha motivado a tal cierre traumático pata los niños , que parece claramente ser económico)
- El propio contrato de prestación de servicios educativos (contrato de adhesión registrado en PROFECO) donde establece procedimientos para dar de baja a un alumno con apego a dichos procedimientos excluyendo formas arbitrarias o impuestas unilateralmente por una de las partes.
Creemos que México y sus autoridades no pueden permitir que se un grupo de abogados marquen la pauta del estado de derecho por encima de interés superior de la niñez. Hacemos un LLAMADO RESPETUSO al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto e impida DE IMEDIATO el cierre de la mencionada sección, sin las formalidades que marca la legislación mexicana y el convenio de colaboración entre México y Francia. Pedimos que ponga fin a esta injusticia palmaria, trato desigual y discriminación y sancionen a los responsables (docentes, directivos, administrativos y servidores públicos que los están protegiendo).
