- Los 3 órdenes de gobierno son corresponsables para alcanzar un México libre de violencia, impunidad y corrupción.
- Los hechos de Iguala deben llevarnos a emprender ajustes y reconducir y reforzar a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
- Se implementara una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo Policial.
En el marco de la XXXVll Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada el pasado viernes 19 de diciembre en la Residencia Oficial de los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza en que los acuerdos en asumidos en ese órgano conduzcan a un México libre de violencia, de impunidad y de corrupción, anunciando que acordaron la totalidad de los gobernadores, el Jefe de Gobierno del DF y el Ejecutivo Federal suscribir un Convenio Marco de Mando Único, mientras el Congreso de la Unión aprueba la Reforma Constitucional para plasmar en la Ley Suprema este trascendente cambio del Estado mexicano.
Participaron en la última reunión del año 2014 de este Consejo, que se conforma por los miembros del Gabinete de Seguridad, incluidos los Secretarios de la Defensa y de Marina, el Presidente de la CNDH, los 31 Gobernadores y el Jefe de GDF, así como 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil, además del titular del Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, algunos gobernadores, Alejandro Martí y la Dra. Ma. Elena Morera de Galindo.
Alineando Esfuerzos Generaremos Soluciones de Fondo
El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que para asegurar condiciones de tranquilidad y dar plena vigencia al Estado de Derecho en todo el territorio nacional, se debe asumir en conjunto la tarea impostergable de consolidar las instituciones. “Sólo alineando esfuerzos podemos generar soluciones de fondo y de largo plazo ante el momento que vivimos. Esa es la ruta para que toda autoridad, sin importar en qué región del país se encuentre, pueda cumplir con su primera y más importante obligación: garantizar la seguridad de los mexicanos”. Para eso, dijo, se requiere fortalecer las estructuras institucionales del Estado mexicano. Se comprometió a continuar trabajando en coordinación con los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades institucionales. Para que cuenten con mejores herramientas de prevención y persecución del delito, y desarrollen mecanismos más eficaces de procuración de justicia, de esta forma, se podrán entregar los resultados que la sociedad demanda y exige. Al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la sesión del CNSP, puntualizó, “se trata de que cada municipio del país, sin importar qué tan alejado esté, los ciudadanos cuenten con instituciones sólidas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos”.
Los lamentables hechos de
Iguala deben llevarnos a todos
a emprender ajustes y hacer
de ellos una oportunidad para
reconducir, reforzar y fortalecer
nuestras instituciones de
seguridad pública y de procuración
de justicia: EPN
Destacó Osorio Chong, que para lograr corporaciones de seguridad confiables, que no actúen al margen de la Ley y para que la colusión entre crimen y autoridad no vuelva a lastimar a las familias, se requiere trabajo conjunto entre los Poderes y la sociedad, enunciando los 3 acuerdos propuestos al pleno: la adopción de un número único de emergencias que opere en forma homologada, oportuna y eficaz en todo el territorio nacional; suscribir un convenio marco de Policía Única que permita a aquellas entidades que así lo decidan, homologar su instrumentación y; que el Secretariado Ejecutivo elabore un diagnóstico sobre la remuneración, prestaciones y nivel académico que deben tener todos los policías del país.
Alejandro Martí, Presidente de México SOS, invitado permanente a las sesiones del CNSP, enfocó su participación en los hechos ocurridos en Iguala, señalando que el Gobierno Federal actuó supliendo las carencias y omisiones de algunas autoridades del Estado de Guerrero, “asumiendo también los costos políticos que esto representa. Se lo reconozco, señor Presidente”, aseveró. Pidió que la renovación de estrategias alcance a los poderes judiciales, que en muchas ocasiones afectan doblemente a las víctimas, al no tomarlas en cuenta en los procesos penales y al dejar libres a los delincuentes por supuestas deficiencias en el debido proceso. Afirmó que las deficiencias no están solamente en las corporaciones policiacas y los ministerios públicos, sino también en las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
Al observar que existen grupos que ante una muy digna y pacífica manifestación, aprovechan para generar caos, anarquía y desorden, resaltando que por grande que sea el dolor, el crimen no se combate con más crimen. “La arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y propiedades de particulares, y el acoso a los trabajadores y a la Ley, al grado de poner en peligro su propia integridad, es inaceptable”. Subrayó que el reclamo ciudadano es la vigencia y la aplicación irrestricta de la ley para lograr el Estado de Derecho que toda democracia exige: “orden y más orden pedimos los ciudadanos, el orden genera entendimiento entre gobernantes y gobernados, las reglas claras, las responsabilidades definidas y las consecuencias precisas”.
También como representante de la sociedad civil intervino María Elena Morera, Presidente de Causa en Común, quién señaló que ante los hechos violentos ocurridos en el país es necesario reconocer la actuación de algunas autoridades. Es necesario, dijo, apoyar al Gobierno en transformar las instituciones nacionales y forjar un país distinto, reconstruyendo también el tejido social. La legítima indignación de la sociedad por estas causas, dijo, no significa asumir una actitud derrotista ni violenta, sino una oportunidad de construir un México más seguro, “hay que tener memoria de los acontecimientos ocurridos para que nunca más se presenten, se deben generar instituciones transparentes y cercanas a los ciudadanos, no sólo en papel, sino en lo cotidiano”.
Todas las autoridades que
representan al Estado mexicano
en la corresponsabilidad de
servir a la sociedad, tienen claro
que las capacidades del crimen
organizado se han incrementado,
lo que les obliga a trabajar aún
más por la profesionalización
de las policías: EPN
Destacó la propuesta de crear 32 corporaciones estatales entre las medidas para reforzar el Estado de Derecho en México, de cambiarlas por los mil 800 cuerpos de seguridad municipal, pero estableciendo estándares mínimos, que sean comunes a todas las policías del país. “Esto se va a traducir en que cualquier policía en la calle respetará y protegerá nuestros derechos, pero también significará que él o ella tengan la certeza de que las instituciones a las que pertenecen también respetan los suyos”.
Durante su participación, el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, sostuvo que México requiere de corporaciones y policías que estén a la altura
de las circunstancias que se viven. Se requiere, dijo, de elementos debidamente capacitados y fortalecidos para el ejercicio de sus funciones, con vocación de servicio, honestos, y con sentido de lealtad al ciudadano. Destacó que es inaplazable la definición de un modelo de desarrollo policial en todo el país, que busque reducir las asimetrías entre las corporaciones policiales en cada uno de los estados, pero sobre todo, basado en resultados que la gente pueda apreciar.
Los integrantes de la CONAGO
respaldan el modelo de Mando
Policial Único en las
32 entidades federativas.
El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, en su carácter de Presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), afirmó que los 32 mandatarios estatales respaldan el decálogo en favor de la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto, reafirmando su compromiso para apoyar y concretar el modelo de Mando Policial Único, en las 32 entidades federativas.
Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos, señaló que los Gobernadores y el Jefe de Gobierno, “somos responsables, con usted, señor Presidente, de la gobernabilidad”, subrayando que ha llegado la hora de retomar el modelo de seguridad incorporado por el Constituyente de Querétaro de 1917, de tener únicamente policías estatales, eliminando los municipales y responderle al país y a la sociedad, afirmando que habría que reconocer la falla que se tuvo al dejarle a los Municipios la labor integral de seguridad pública, debiéndoles dejar únicamente las tareas elementales de proximidad con la comunidad a la policía municipal. Aludió también a la necesidad de sacar de las tareas de seguridad pública al Ejercito y a la Marina, para dejarlos solamente en acciones de seguridad nacional y a la defensa de la soberanía del Estado mexicano.
En su turno la Alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, señaló que las 10 acciones para mejorar la seguridad presentadas por el Presidente Peña Nieto, fueron recibidas con mucho interés y beneplácito entre los presidentes municipales y enfatizó la disposición de todos ellos para ser parte de la solución y no del problema. Se trata, comentó, de potenciar esfuerzos y de asumir responsabilidades compartidas, así como de estar a la altura de las circunstancias que hoy tenemos en México, por ello, también compartimos mayoritariamente la propuesta del Mando Único Policial en los estados.
El Presidente Enrique Peña Nieto, durante su mensaje enfatizó que cumplir en materia de seguridad y de procuración de justicia es una corresponsabilidad y una tarea compartida de todos los órdenes de Gobierno, aludiendo a su interés para escuchar la voz ciudadana y la representación social en el Consejo y ello “debe implicar, también el compromiso de las autoridades estatales para que cada uno asuma su propia tarea”. Aseguró que todos quienes representan al Estado mexicano en la corresponsabilidad de servir a la sociedad, tienen claro que las capacidades del crimen organizado son otras, que se han incrementado y por eso la necesidad de trabajar aún más por la profesionalización de las policías.
La legítima indignación de la
sociedad por estas causas,
no significa asumir una actitud
derrotista ni violenta, sino una
oportunidad de construir un
México más seguro.
Reconoció los retos que se enfrentan todavía en materia de seguridad, pero sobre todo, el de la profesionalización de las fuerzas policiacas, lo cual quedó evidenciado con los terribles acontecimientos de Iguala: “Han sido actos de barbarie, inaceptables, y que evidencian la debilidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal”. Eso no significa, advirtió Peña Nieto, que no haya debilidades en otros órdenes, estatal o en el mismo orden federal, y reconoció que es en el orden municipal en donde existe una mayor fragilidad. Refirió que en un México muy distinto al que hoy vivimos en pleno Siglo XXl, las capacidades del crimen organizado son más sofisticadas y, por ello, el Estado mexicano debe tener mayor capacidad para hacerles frente.
El caso de Iguala, dijo, cimbró a la sociedad y a las instituciones, y será la Procuraduría General de la República quien continúe y concluya la investigación. Se trata de una situación que ha implicado un enorme despliegue de la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y las Policías Federales, para atender y apoyar en toda la investigación, quizá, como no se tenga precedente en la historia reciente de nuestro país. Y a partir de lo que resulte de esa investigación y de las conclusiones a las que llegue la PGR, emprendamos los ajustes necesarios: “Debe llevarnos a todos a emprender ajustes y hacer de estos hechos tan lamentables una oportunidad para reconducir, reforzar y fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”.
Este CNSP, enfatizó, debe ser un espacio de reflexión para quienes tienen responsabilidad en el área de seguridad y procuración de justicia la asuman. Que nadie suponga, añadió, “que vendrá otra instancia, que vendrán las Fuerzas Armadas, que vendrá la Policía Federal, para relevarnos de la tarea que es propia, en algunos casos de los estados”. Resaltó también la importancia de combatir la corrupción, recordando que el Sistema Nacional Anticorrupción, que se ha propuesto tiene el propósito no sólo de darle facultades sancionadoras, sino de impulsar políticas públicas que permitan combatir ese flagelo en todos los niveles, sobre todo, en aquellos lugares cercanos a la población. Se sumó al reconocimiento expresado, en la sesión por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, a las Fuerzas Armadas, señalando que: “ante la debilidad de nuestras instituciones encargadas de seguridad pública, han sido nuestras Fuerzas Armadas quienes han acompañado a las instituciones encargadas de la seguridad para cumplir con su deber, para no dejarlas solas, para darles mayor capacidad en cuanto al control territorial, y sobre todo; de fuerza para hacerle frente al crimen organizado”.
Compartió el Presidente Peña Nieto algunos de los acuerdos tomados durante esta la última sesión del CNSP del 2014, entre los que destacó la elaboración de un Convenio de Marco de Mando Único, en tanto se logre la aprobación de la propuesta por parte del Congreso de la Unión; el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo Policial; contar con una nueva metodología para medir la incidencia delictiva y elevar la calidad de la información. “Nadie quiere que se oculten datos ni información que no sólo deba de ser pública, sino que norme el actuar de las instituciones encargadas de seguridad. Nos importa conocer la verdad; información veraz, clara, por dura que pueda ser” y; poner en funcionamiento un número único de emergencias en todo el país.
