- Envía al Congreso de la Unión las Reformas a la Constitución para fortalecer Seguridad Pública y Derechos Humanos.
- Propone la creación del Mando Único Policial Estatal en 32 Polícias.
- Se propone reformar los Artículos 41, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 Constitucionales.
En el marco del descontento social originado por los hechos ocurridos que han conmocionado a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional: Iguala (Guerrero) y Tlatlaya (Estado de México), han evidenciado la grave penetración de la delincuencia organizada en muchas instituciones públicas, particularmente en el ámbito municipal. El Presidente Enrique Peña Nieto, presentó en Palacio Nacional 10 medidas por la Paz, la Unidad y la Justicia, así como un plan integral para reducir la pobreza y desigualdad que padecen los estados del sur del país.
A raíz de la tragedia de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Presidente Peña Nieto comentó que México está nuevamente a prueba. Frente a ello, los mexicanos no podemos caer en el pesimismo, dijo, ni abandonar nuestra esperanza de un mejor futuro. El dolor que siente el país tampoco es justificación para recurrir a la violencia o al vandalismo. No se puede exigir justicia violando la ley. “Es momento de construir, no para destruir; es momento de unir, no para dividir. Es momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; es momento de pensar en soluciones y de trabajar por México”.
El dolor que siente el país
no es justificación para
recurrir a la violencia o al
vandalismo. No se puede
exigir justicia violando la ley.
Destacó, durante su mensaje, que a lo largo de nuestra historia nacional, los mexicanos jamás nos hemos rendido ante la adversidad y que hoy se vive una sociedad que alza la voz para decir: ¡Ya basta! “Las personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así. Después de Iguala, México debe cambiar”. Dijo, el titular del Ejecutivo Federal, ser parte del clamor ciudadano que exige justicia; de ahí que como Presidente de la República, asume la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad; es decir, construir un pleno Estado de Derecho. “No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”.
EPN afirmó que lo sucedido en Iguala, exhibió los rezagos y condiciones inaceptables que México debe vencer. Estos hechos de violencia, subrayó, exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. México se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. “El grito de ‘Todos Somos Ayotzinapa’, demuestra el dolor colectivo, es ejemplo de que somos una Nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad, es un llamado a seguir transformando a México”.
El Ejecutivo Federal reconoció que a pesar de las acciones emprendidas en administraciones anteriores y en la actual, aún prevalecen en ciertas entidades condiciones de debilidad institucional que permiten el apoderamiento de grupos criminales. Lo cual, demuestra ante la sociedad y el gobierno, que todavía hace falta trabajar en la materia. Por eso, para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, Peña Nieto, entregó al Congreso un decreto para reformar los artículos 41, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Mexicana, que forman parte del Decálogo para Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México.
La reforma busca atender una exigencia que, desde hace tiempo, ha sido una constante en nuestro país: la seguridad pública. A lo largo de las últimas décadas, la responsabilidad de atender esta problemática ha recaído cada vez más en los municipios y se ha alejado de la Federación y los estados, lo que ha resultado en una disparidad y una falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado mexicano en su conjunto, cumplir con la función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. “Como sociedad, debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos. El camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo”. Concluyó EPN.
Lo sucedido en Iguala exhibió
los rezagos y condiciones
inaceptables que México
debe vencer.
Además de las medidas anunciadas en los ámbitos de seguridad pública, procuración y administración de justicia, derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción, el Presidente Peña Nieto destacó la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerando que la desigualdad regional cada vez es mayor entre los estados de la frontera norte y del Bajío, respecto a las entidades del sur. “El desarrollo del sur no puede seguir esperando más”, puntualizó.
El Presidente de la República, hizo un llamado a seguir avanzando para superar la pobreza, la marginación y la desigualdad que lastiman, especialmente al sur del país. Entre los principales elementos de esta estrategia, destaca la creación, por primera vez en el país, de 3 Zonas Económicas Especiales: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
Para darles factibilidad jurídica, instruyó a la SHCP para que, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes –y con la opinión de los sectores privado y académico–, se elabore la iniciativa que se enviará al Congreso de la Unión, en febrero de 2015. El Mandatario también anunció políticas diferenciadas en materia de desarrollo agropecuario y de formación de capital humano para estas 3 entidades, así como acciones inmediatas a realizarse en la Región Sur en los siguientes meses.
Después de Iguala,
México debe cambiar.
En la iniciativa enviada al Congreso, se señala que nuestro país requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública, que cimbre las nuevas bases, sobre las que ya están construidas: una reforma superficial sería insuficiente e irresponsable. De ahí que la propuesta establece un nuevo sistema policial, que permitirá que las familias mexicanas salgan de su casa con la tranquilidad de que la policía que los rodea es profesional, confiable y cuyo principal interés, sea el de garantizar la seguridad. Se reconoce que varias de las corporaciones policiales municipales, no han tenido la solidez institucional suficiente para hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, lo que se ha traducido a su vez, en la cooptación de los elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen organizado. En varios casos los policías municipales, se asegura, han sido corrompidos o infiltrados por grupos criminales y, por ende, carecen de credibilidad o confianza para llevar a cabo sus funciones de combate a los delitos del orden común que más afectan a las personas. De las 10 medidas anunciadas, 7 están enfocadas en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia.
Decálogo por la Paz, la Unidad
y la Justicia
1. Iniciativa de Reforma Constitucional que facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento, ante indicios suficientes de vínculos entre la autoridad local y la delincuencia organizada.
2. Iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en dicho ámbito.
3. Iniciativa de reforma constitucional para establecer Policías Estatales Únicas. Este cambio de modelo policial, permitirá pasar, de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces.
4. Acelerar el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que éste sea el 911, por ser el más reconocido en el ámbito a nivel mundial.
5. Impulsar el establecimiento de la Clave Única de Identidad.
6. Realizar un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán. También anunció un mayor respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
7. Integrar una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
8. En materia de Derechos Humanos, anunció un conjunto de acciones que incluyen:
• Iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.
Se establecerá el mecanismo
para que la Federación asuma
el control de los servicios
municipales o, en su caso, se
disuelva un ayuntamiento.
• Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
• Establecimiento de indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
• Publicación de un Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
9. En el ámbito de combate a la corrupción, expresó el respaldo del Ejecutivo Federal, al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que se discuten en el Congreso de la Unión.
10. Fortalecer los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, se instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.
