El pasado miércoles 11 de diciembre, la legisladora representante de la bancada de Regeneración Nacional (Morena), María Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ante el Senado; ésta busca eliminar la separación que existe entre el Estado y la Iglesia.
Ahora, dicha propuesta se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. La iniciativa de Luévano Cantú, establece que el Estado mexicano es laico, sin embargo, eso «no impedirá la colaboración entre las Iglesias y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas”.
Por lo tanto -subraya la redacción-, asociaciones religiosas tendrán derecho a «propagar su doctrina por cualquier medio de comunicación e instalar centros de asistencia religiosa” al interior de diversos establecimientos, entre los que destacan: cárceles, estaciones migratorias, corporaciones policiacas, centros de salud e, incluso, unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Marina.
Otra de las cuestiones en las que la propuesta hace énfasis, es en que todas las personas tendrán derecho a «contribuir con dinero a cualquier asociación religiosa, así como otorgar y recibir asesoramiento espiritual acorde a su doctrina religiosa”, dentro de los establecimientos ya mencionados.
La senadora María Luévano estipula que su reforma busca que las Iglesias puedan celebrar convenios de colaboración con órganos de administración pública; por lo tanto, “tendrán derecho a participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de obras de asistencia social de promoción humana y cultural”.
Por último, se establece que las asociaciones religiosas deben abstenerse de perseguir fines de lucro, exceptuando aquellas que realicen “actividades propias para su sostenimiento destinado a todos los bienes que adquieran el cumplimiento de su objeto”.
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Ante el hecho, José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Corte, declaró que está enterado de la iniciativa de Luévano Cantú y la cataloga como “francamente preocupante. Un retroceso a la laicidad, por más que trate de disfrazarse de libertad religiosa».
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, expuso que la iniciativa se discutirá en el Pleno, «sin precipitación, ni regresión, todas las voces serán escuchadas», finalizó.
