Una ley es producto de dos necesidades, una de naturaleza práctica y otra de origen política. La primera consiste en una situación social que requiere atención, la segunda se ramifica en la oportunidad de hacerlo y en la pertinencia de que sea mediante un acto legislativo y no un decreto del ejecutivo o una sentencia.
Cuando se conjuntan ambas necesidades el poder legislativo hace una ley.
Al redactar ese documento el técnico o la especialista que lo haga debe evidenciar las dos necesidades que lo originan; no debe pretender ocultar la naturaleza política del texto. Una ley es política que se vuelve derecho, en lo que no hay pena o deshonor alguno.
El órgano legislativo puede dar cuenta en la exposición de motivos de cómo la necesidad social y la política coincidieron, obrando así con lealtad hacia la ciudadanía al permitirle conocer la razón de la norma (lo que debe ser una obligación de moral pública de toda persona que legisle)
Esa conducta también facilitará la aplicación del texto por la autoridad competente, que encontraría con facilidad la llamada “razón de la ley” que no podría simplemente ignorar al aplicarla.
Por último diré que una narración honesta de la causa social y de la razón política también facilitaría la defensa de la ley en un juicio constitucional, al acercarle a quien le toque juzgar los elementos que le permitan conocer la necesidad a atender, la oportunidad de hacerlo y la pertinencia de realizarlo mediante una ley.
