María de la Luz Lima Malvido. Porrúa, 2019.
Durante mucho tiempo, las personas que habían sufrido algún menoscabo en bienes jurídicos valiosos y protegidos por el derecho penal no tenían participación relevante en el proceso legal. El Estado asumía su representación y la posibilidad de incidir en la investigación o en el juicio era casi nula. La experiencia internacional clarificó la necesidad de su intervención, aunque esto no tuvo eco en nuestro país más que en los últimos veinte años, cuando el discurso se transformó en reformas legales acerca de la cuestión. Sin embargo, la creciente violencia en la que se ha visto inmerso México ha acelerado los procedimientos para alcanzar una ingente reforma en la materia, cuya finalidad es sentar las bases del derecho victimal, el cual no busca garantizar el concurso de la víctima en el proceso penal sino lograr una reparación integral del daño, que se compone tanto del aspecto económico como de una asistencia multidisciplinaria que le permita reiniciar su vida.
