En el marco de su primer aniversario, la Organización Tojil realizó la conferencia: “Combate a la impunidad y corrupción en el 2019-2020”. Las fundadoras de Tojil, Lic. Estefanía Medina Ruvalcaba y Mtra. Adriana Greaves Muñoz, junto con el Consejo honorario de la Asociación, hicieron un repaso de los principales avances en su compromiso contra la corrupción y la impunidad, así como de los retos y problemáticas que existen en el combate de éstas.
Como panelistas e integrantes del Consejo honorario de Tojil estuvieron el Dr. José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Dra. María Novoa, Directora del Programa de Justicia de México Evalúa; el Mtro. Max Kaiser, Coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex; y el Mtro. José Mario de la Garza Marroquín, Presidente del Consejo General de la Abogacía.
Como moderador estuvo Mark Alazraki, quien narró los hechos de violencia a los que se enfrentan los ciudadanos diariamente y que desafortunadamente tocó a una de las colaboradoras de la agencia de la que él es directivo. En ese contexto presentó a los ponentes y dio paso para la discusión de temas como la justicia, el papel de los abogados y el combate a la corrupción.
En su intervención, Adriana Greaves recordó que una de las razones por las que Tojil fue formada es porque se consideraba a los abogados como ostentadores de las herramientas para ser un contrapeso contra las violaciones al Estado de Derecho. Y como asociación civil quieren ser el vínculo entre la sociedad y las instituciones y así apelar los derechos que la colectividad tiene como víctima de la corrupción.
Aunque la legislación fortaleció a la figura de víctima, destacó Greaves, el principal problema es que la sociedad no se reconoce como víctima directa de la corrupción y que, para la reparación del daño, inclus02o para alcanzar visibilidad de los grandes casos como el de Javier Duarte y que sean sancionados, se requiere de un representante de la colectividad, que tenga tiempo, además del conocimiento del proceso para poder demandar justicia ante las instancias correspondientes.
La joven abogada indicó que las deficiencias de las instituciones, por su falta de técnica interna, complican mucho que se esclarezcan los delitos, que se desmantelen redes de corrupción. “Lo que esperamos es que se nos reconozca el carácter de víctima colectiva, en representación de la colectividad, para que nos dejen las instituciones ayudarlos a fortalecerse en técnicas de investigación y que por primera vez en este país se sancione la corrupción y a quien incurra en actos de corrupción, operadores de justicia [en todos niveles]”, puntualizó.
En su objetivo por ser la asociación civil que funja como representante de la colectividad en contra de casos de corrupción, Estefanía Medina comentó acerca de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del último sexenio, en el que Tojil obtuvo, de un Juez de Distrito, la primera sentencia del país en la que se permite a una organización reconocerse como víctima en un caso de corrupción, como representantes de la sociedad. Aunque tuvieron una sentencia positiva del Juez, el caso no prosperó en la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, como lo comentaron las abogadas, se puede considerar un éxito y un gran avance.
Estefanía consideró que “la Justicia simulada es más grave que la propia impunidad”, porque los problemas no son resueltos o las sanciones son mínimas, y citó el caso de Javier Duarte en el que, después de saquear al estado de Veracruz, ser detenido y procesado, su condena se redujo a 9 años. Aunque la cofundadora de Tojil reconoce que sería imposible acompañar todos los casos de corrupción, sí se debe dar seguimiento a los más emblemáticos que causen impacto y sean la base de los cambios.
Por su parte, en su reflexión acerca de la función de los abogados dentro del sistema judicial, el Mtro. José Mario de la Garza consideró que “como está estructurada, la abogacía en este país no sirve. Los abogados de este país han tenido un papel deleznable en la responsabilidad social que tienen”, fue contundente al agregar que, “la abogacía en México fomenta la corrupción”.
No obstante, reconoció que hay abogados éticos y comprometidos con su responsabilidad profesional y con la sociedad, y admitió que mientras “no haya sanciones reales contra los operadores del sistema de justicia, incluyendo a los abogados, seguirán bombardeando de corrupción”.
Con tono enérgico señaló que en México se debe entender que “una pata de la mesa para sostener el Estado de Derecho es la abogacía”. Por lo tanto, se debe considerar cómo decantar a los juristas y una manera será generar un sistema que efectivamente pueda sancionar a todos los abogados que actúan violando la ética y corrompiendo al país.
En su turno, el Dr. Max Kaiser consideró la relevancia de discutir las necesidades o problemáticas concretas como el desempeño de la Fiscalía General, el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre las funciones de la Auditoría Superior dijo: “La sociedad civil debe salir de falsos debates, que se generan en el Poder Ejecutivo”.
Ante los niveles de impunidad y corrupción “preocupantes”, el Ministro en retiro, José Ramón Cossío, reflexionó acerca de replantear las capacidades y funciones de los operadores de justicia. Además, señaló que en México la justicia administra los litigios mas no resuelve los conflictos, la incapacidad por “resolver una parte muy importante en la conflictividad social que se está generando, hace que se resuelven en otras instancias, de ahí los altos niveles de violencia en el país”.
Las fundadoras de Tojil, junto a su Consejo honorario, reafirmaron su compromiso por atender casos emblemáticos de corrupción para que, de esta manera, se formen precedentes legales que puedan eventualmente hacer una diferencia en el combate a la impunidad y a la corrupción.
