Para gobernar un país se necesitan tres cosas: repartir el poder, un plan estratégico y una adecuada comunicación. Por otra parte, la eficiencia y eficacia de un gobierno se mide en función de su capacidad de reacción ante los momentos de crisis.
El caso Culiacán pone a prueba a la 4T y representa la piedra de toque para la presente administración; desafortunadamente, se juntan diversos factores que pueden hacer que este hecho se convierta en la némesis de la presidencia de AMLO.
Bajo los hechos ocurridos y sus repercusiones podemos analizar que para llegar a la presidencia esta administración pactó con todo tipo de grupos opositores, conjuntó a los enemigos del antiguo régimen y juntó el agua con el aceite. Hoy estas fuerzas se encuentran en tensión por el reparto del poder y todos se movilizan para lograr sus objetivos particulares, no los de la actual administración.
El plan estratégico es muy débil y por lo que se puede ver el aparato gubernamental aun no se logra coordinar; lo peor es que el gabinete de seguridad que de eso vive y su actuación está fundamentada en planeación, demostró no haber planeado adecuadamente el operativo de Culiacán, con las terribles consecuencias de poner en riesgo a los elementos de las fuerzas armadas y a sus familiares, quienes fueron tomados como rehenes de la delincuencia y usados como moneda de cambio.
La comunicación fue fatal en este caso, se creó un vacío de información de cinco o seis horas que eran críticas, lo que causó una incertidumbre en todo el país y el espacio fue llenado por la delincuencia y la especulación. Desafortunadamente, la información generada posteriormente por el gobierno fue errática y reflejó descoordinación y falta de preparación.
La capacidad de reacción ante la crisis fue pésima, no solo desde la lógica de la mala planeación del operativo, sino que se mostró que no se tienen los protocolos ni la visión de Estado adecuados. Por su parte, la delincuencia en su reacción fue precisa y de una agilidad impresionante, la cual puso en jaque a la autoridad, al gobierno, a la democracia, al estado de derecho y al Estado.
Para empeorar la situación se junta que la transformación, bajo una lógica de paz, sumada a la austeridad, el desmantelamiento sin visión de instituciones estratégicas para la seguridad del Estado, dejaron solo al Presidente y a las instituciones de seguridad y democráticas del país, aisladas, sin información de inteligencia, sin comunicación, sin confidencialidad y sin protección (todo de lo que se encargaba el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Gobernación).
Además del riesgo y el peligro generado a la población de Culiacán, a las Fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas y al Estado, los resultados son fatales para mantener la gobernabilidad; la Constitución le da al Estado el monopolio de la Fuerza y cuando un grupo de presión, como la delincuencia organizada, demuestra una capacidad de fuego mayor que la del Estado, quiere decir que el gobierno en turno se encuentra en serios problemas para mantener la gobernabilidad.
De las decisiones que se tomen a posteriori de esta crisis (las demás ya quedan en el pasado y como una gran falla) serán las que definirán si la transformación planteada será exitosa o no, y si deberán de corregir el rumbo en decisiones que han sido vendidas como la panacea de la transformación del Estado.
Todo esto sin olvidar el respeto a la Constitución y la preservación del Estado de Derecho.
