Foro Reforma Penal Fiscal 2019
En su tarea de estudiar los temas relevantes del país, Foro Jurídico llevó a cabo el Foro de Análisis de la Reforma Penal Fiscal 2019.
Ante la propuesta del Senado de reformar las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y la de Seguridad Nacional, así como de códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y las empresas fantasma, organismos empresariales y sociedad civil, consideraron que la reforma traería riesgos de arbitrariedad y abuso de poder por la incertidumbre que el dictamen del Senado generó.
El panel de analistas lo conformaron el Dr. Rodolfo Félix Cárdenas, abogado penalista; el Dr. Luis Manuel Pérez de Acha, especialista en Derecho Constitucional y Fiscal; y el Dr. Elías Huerta Psihas, especialista en Derecho Constitucional y Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD).
La reforma que perseguirá a empresas fantasma y factureras generó mucha controversia pues se considera que amedrentará a los contribuyentes y los calificará de delincuentes. Aunque los panelistas acordaron que el combate a la evasión y defraudación fiscal es necesario, la reforma que ha implementado esta administración está fuera de lugar y será poco efectiva si no se revisa el funcionamiento de la administración pública, en referencia a las empresas contratadas por el mismo gobierno e instarlas a actuar en la legalidad.
Rodolfo Félix Cárdenas expuso que el delito fiscal no se puede equiparar a la seguridad nacional y considera que no es una reforma necesaria, pero la han hecho válida vinculándola a un problema de seguridad nacional. La reforma está dirigida a personas morales, esto no se puede dictaminar como delincuencia organizada, “es para fines delictivos, no para tributarios, porque no se paga impuestos por venta de armas u órganos”.
El penalista expresó que hay riesgos de arbitrariedad y ejercicio abusivo de la autoridad para amedrentar al contribuyente utilizando la vía penal como recaudatoria.
Para el Dr. Pérez de Acha el gobierno actual “se colgó del daño que se le hace a la hacienda pública” para sobredimensionar el tema, lo que representa un mensaje de simulación: “ ‘ahora sí vamos contra los facturerosʼ, pero estamos dejando un hueco en el concepto de la autoridad”, agregó que esta reforma es para generar terror colectivo porque el SAT pondrá en duda todas las operaciones realizadas por los contribuyentes y en lo que deben actuar es en la corrección institucional.
Enfatizó que el Código Fiscal ya contaba con sanciones de hasta 9 años de prisión y se pueden aumentar hasta en 50% en caso de empresas fantasma. Tipificarlo como delincuencia organizada es irracional, “hay un afán persecutorio desmedido por parte del Estado mexicano con una disposición de este tamaño, y sobre todo parece que quiere crearse un ambiente para generar terrorismo fiscal”, consideró.
“El gran problema de corrupción en el SAT es un fenómeno que no contempla la reforma y están buscando cuadrar la evasión con la delincuencia organizada a través de mecanismos torcidos”: Dr. Elías Huerta Psihas.
Es también, señaló Pérez de Acha, una manera de ocultar la ineficiencia de las instituciones, y de cómo evadirá la responsabilidad por combatir, incluso desde dentro, la corrupción y la persecución de las empresas fantasma. El especialista en Derecho Fiscal previó que los funcionarios tomen una postura autoritaria, lo que generará un esquema de corrupción más fuerte.
Por su parte, el Dr. Elías Huerta señaló que esta reforma está desproporcionada porque “a la defraudación fiscal se aumentan penas sin precedentes”. Puntualizó que los artículos 108 y 109 tienen elementos vigentes para perseguir este delito. El gran problema de corrupción en el SAT es un fenómeno que no contempla la reforma y están buscando cuadrar la evasión con la delincuencia organizada a través de mecanismos torcidos, puntualizó el abogado.
Además, considera que el sistema judicial se verá “atascado” por los problemas técnicos que generarán una lluvia de amparos por esta reforma que no tiene métodos efectivos para recaudar.
Los panelistas concuerdan en que el gobierno es el primero que ha abusado de los instrumentos legales, consideran la reforma como terrorismo fiscal y que ya existían penas suficientes para combatir la evasión fiscal pero que no se han instrumentado eficientemente. Agregaron que esta reforma no será útil en casos del pasado sino futuros y que es una manera de evadir la responsabilidad e ineficiencia institucional en el combate a las empresas fantasma y evasión. Asimismo, concluyeron que la reforma puede propiciar esquemas de corrupción más poderosos.
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados había aprobado el dictamen de reforma que equipara la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7,804,230 pesos. Dichos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, se sancionarán con dos a nueve años de prisión y se considerarán amenazas a la seguridad nacional.
