El pasado miércoles, durante una conferencia de prensa, la defensa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, conformada por Juan Pablo Badillo y José Luis González Meza aseguró que el exlíder del Cartel de Sinaloa se puso en contacto vía telefónica con su madre y hermanas. Por dicho medio, aseguró, desea que el dinero que Estados Unidos busca decomisarle esté destinado a las comunidades indígenas de nuestro país.
Según los abogados de Guzmán Loera, él tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere confiscarle poco más de 14 mil millones de dólares que forman parte de sus bienes.
Lo anterior, debido a que el pasado 17 de julio, un juez federal perteneciente a Nueva York condenó al sinaloense a cadena perpetua, más 30 años adicionales, ya que lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal y tráfico de drogas.
«En la Secretaría de Relaciones Exteriores es el doctor Alejandro Celorio Alcántara, el director jurídico, licenciado César García Mondragón, y el licenciado Rafael Peralta Zayas. Los tres se han negado a platicar con nosotros y los escritos que hemos promovido los han rechazado sin fundamento alguno», aseguró González Meza.
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Recordemos que en el Senado se promovió la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante, así como de cualquier otro acusado que haya sido juzgado en Norteamérica.
Tales aseveraciones fueron retomadas por otro de sus defensores, Juan Pablo Badillo Soto, quien califica de “inválido” el juicio, ya que “El Chapo” no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York, «donde nunca fue requerido».
Según Badillo Soto, los documentos de extradición indican que «si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente”.
Los juristas aseguran que las condiciones en las que vive Guzmán Loera son “inhumanas”. Además, dijeron estar dispuestos a exponer los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que, según Badillo y Meza, están «poniendo trabas» en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.
