En Estados Unidos y otros países avanzados existe lo que se llama la Industria legal o la industria de los servicios legales, oficialmente se define como el sector económico que involucra a las oficinas de profesionales legales, de manera personal, o establecidos como empresas (asesores legales) que se dedican principalmente a ofrecer servicios de la práctica de la Ley.
Los establecimientos en esta industria pueden proporcionar experiencia en un rango o en áreas específicas de la Ley, tales como derecho penal, corporativo, familiar y patrimonio, derecho de patentes, inmobiliario o fiscal, entre otras.
Según datos del Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la industria de los servicios legales, sólo en su práctica independiente tiene registrados a más de 1 millón 138 mil empleados en toda la unión americana, estos datos no incluyen a los abogados que trabajan en las empresas nacionales e internacionales, en las organizaciones de la sociedad civil, ni a los jueces y todo el aparato burocrático del Poder Judicial del país, ni a los estudiantes, ni escuelas, etc.
Por otra parte, según reportes de la industria legal en ese país, el mercado está concentrado en 100 firmas legales, que se han convertido en líderes y manejan el 80% de la demanda corporativa de las empresas.
Es importante entender que estos servicios profesionales son un negocio que genera una gran actividad económica directa e indirecta para el país e independientemente de los servicios que ofrece, la necesidad y los beneficios que la da a las empresas, los sectores o al país, es un sector que cobra sus servicios y paga impuestos, contrata personal, adquiere inmuebles o paga renta de oficinas, utiliza, consume y paga servicios, requiere oficinas, usa todo tipo de proveedores y ahora consume y desarrolla tecnología.
Visto de esta manera y con óptica económica, independientemente de su razón de ser, la ética con la que actúe y los beneficios que ofrezca a la sociedad y el país, es lógico que se le considere una industria, que en su momento tiene problemas comunes y se enfrenta a presiones de competencia, tendencias, regulaciones, crecimiento y hasta presiones económicas nacionales e internacionales. Ningún sector de este tamaño e importancia se puede dejar considerar como un grupo económico que influye en la economía de muchas maneras, independientemente de la razón de ser de la materia que maneja, las leyes, que en cualquier país es de una gran importancia y representa en su conjunto al Estado de Derecho.
Esta explicación o análisis viene al caso debido a que en días pasados la Revista Foro Jurídico organizó el Foro La Innovación para la Transformación Digital del Abogado; el llamado que se hizo un día antes de la celebración del Día del Abogado, se realizó bajo el argumento de unir a toda la industria jurídica de México.
Algunas voces comentaron que no se podía ver a los abogados como una industria, refiriéndose técnicamente al término similar al de una planta industrial, por ello motivo de este análisis, aceptando que a tal vez se debió de referir a la industria legal, pero como entre los invitados se encontraban representantes de Asociaciones, Colegios de Abogados, la Academia y hasta personalidades del Poder Judicial, la intención fue incluir a todos los participantes con esta óptica de industria en dónde el abogado se ubica en el centro, la profesión y toda su actividad en relación con las diferentes interacciones humanas en los sectores sociales, económicos y políticos.
Por cierto, y para reforzar este punto de vista como un sector económico y más allá de la práctica, la ética y los principios fundamentales de la profesión, en el registro de actividades y sectores económicos del INEGI y en el mismo catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en la sección 54 de servicios, científicos y técnicos, en la subsección 5411 de servicios profesionales, científicos y técnicos, si existe la clasificación de servicios legales en donde reúne a las notarías públicas, despachos de abogados y bufetes jurídicos (Continuará).
