No hay especialista en la materia que no señale como prioridades en los esfuerzos para combatir los altos índices de inseguridad e impunidad que padecemos en todo el país, la capacitación, profesionalización y el equipamiento de las policías locales y municipales, así como corregir y mejorar sus condiciones salariales y laborales.
En esta dirección, la Policía Federal –junto con su Gendarmería–, es (o era) la corporación con los mayores niveles de eficacia y eficiencia en el país y en casi toda la región, y debería ser la base para la nueva estrategia de seguridad del gobierno de AMLO, incluida la recién creada Guardia Nacional (GN) a partir de las policías militares del Ejército y la Marina y con los integrantes de la Policía Federal.
Sin embargo, la primera medida que instrumentó el gobierno Federal luego de anunciar su Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 fue denostar a la Policía Federal, insultar a sus integrantes, acusarlos sin pruebas de corrupción y desaparecerla, ordenando de manera indigna la incorporación de los policías a la GN en condiciones de sometimiento a los mandos provenientes de la milicia (no obstante que la constitución mandata que tendrá mando civil), soslayando la gran experiencia y las fortalezas de esta institución policial y las prestaciones que tenían muchos de ellos.
Esta penosa situación ha tenido ya sus primeros efectos, como las protestas de muchos policías federales que se niegan a ser transferidos en estas circunstancias a la GN, reduciendo sus condiciones de trabajo y perdiendo prestaciones a las que tienen derecho legalmente.
Es claro que la GN debe fundarse a partir de las fortalezas de la Policía Federal, desde luego erradicando posibles vicios (naturales y humanos) y si existen actos de corrupción comprobados, que se denuncien ante las autoridades competentes y se proceda penalmente contra los malos elementos, pero no hacer una descalificación generalizada.
La eliminación de la Policía Federal en los términos en los se está haciendo, constituye el primer error del gobierno de AMLO en materia de política criminal y policial, y es equivalente al error económico de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco.
Esperemos que este hecho no vaya a tener una grave consecuencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Como han señalado varios analistas, esta decisión debió haberse meditado mucho y medido antes de tomarse de la manera precipitada y errática como se hizo, recordando al grupo de exmilitares de élite inconformes, que se pasaron hace un par de décadas a las filas de la delincuencia y formaron el Cartel de los Zetas, grupo criminal que incrementó en el país la violencia, el tráfico de drogas, los secuestros, las extorsiones, el robo de combustibles y la infiltración de muchas policías locales, al grado de que, en el año 2014 el gobierno de Barack Obama los calificó como “amenaza global” y que aún seguimos padeciendo.
Sería bueno que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, recapacitará al respecto, le diera su lugar a los miembros de la Policía Federal y se apoye en ellos, en su experiencia, conocimientos y equipo, para dar un paso firme hacia la primera etapa de la GN. No hay que olvidar que el compromiso del gobierno es no militarizar la seguridad pública y que la presencia de las fuerzas armadas en esta lucha debe ser temporal.
