Europa es el continente más avanzado en cuestiones de ciberseguridad y con mayores trabajos en la materia, para eso han creado el Consejo de Europa, diseñado para proteger a las sociedades de la amenaza del delito informático a través de la Convención sobre el delito informático y su Protocolo sobre la xenofobia y el racismo, el Comité de la Convención sobre el delito informático (T-CY) y los programas de cooperación técnica sobre el delito informático, bajo el siguiente modelo de actuación: https://www.coe.int/en/web/cybercrime.
El pasado 25 al 27 de febrero se realizó la conferencia de Justicia Penal en el Ciberespacio, en Bucarest, Rumania, en esa ocasión se pudieron reunir a más de 100 expertos en justicia penal de unos 40 países, incluidos servidores públicos y privados.
El evento fue organizado conjuntamente por la Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Fue inaugurado por el Ministro de Justicia de Rumania y el Diputado Secretario general del Consejo de Europa. La Conferencia de los días 26 y 27 de febrero fue precedida por un evento especial en el 5º aniversario de la Oficina del Programa de Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa (C-PROC) en Bucarest.
A continuación presentamos el resumen de los acuerdos que seguramente se irán generalizando en todo el mundo, independientemente de eso, es un buen ejemplo que se plantea sobre la complejidad y el manejo de los delitos en el ciberespacio:
- La cuestión de la evidencia electrónica toca el interés central de los gobiernos, las entidades del sector privado y los individuos. Si bien las soluciones son necesarias, llegar a un acuerdo sobre soluciones que reconcilien diferentes intereses es un desafío.
- Las autoridades de justicia penal deben tener medios efectivos para asegurar evidencia electrónica a medida que el cibercrimen y la tecnología evolucionan, ya que, de lo contrario, la confianza en el estado de derecho puede erosionarse y las facultades pueden pasar de la justicia penal a las instituciones de seguridad nacional. Se están haciendo soluciones adicionales y son muy necesarias.
- En general, el tipo de amenazas de ciberdelito que enfrentan las sociedades parece ser similar en todas las regiones del mundo. Muchos ataques vienen de fuera o la evidencia está en el extranjero. Es claro que para comprender y contrarrestar estas amenazas es necesario mirar más allá de países y regiones individuales.
- La ciberdelincuencia es una amenaza transversal y, por lo tanto, la cooperación interinstitucional, pública/privada e internacional es esencial. La cooperación en todos los niveles debe estar respaldada por programas de desarrollo de capacidades.
“Las autoridades de justicia penal deben tener medios efectivos para asegurar evidencia electrónica a medida que el cibercrimen y la tecnología evolucionan, ya que, de lo contrario, la confianza en el estado de derecho puede erosionarse y las facultades pueden pasar de la justicia penal a las instituciones de seguridad nacional.”
- Los desafíos para la justicia penal en el ciberespacio incluyen la necesidad de hacer que la asistencia legal mutua sea más eficiente y abordar el problema de la evidencia en la «nube», es decir, en lugares extranjeros, múltiples o desconocidos, y los problemas relacionados con la jurisdicción y la pérdida de conocimiento de la ubicación. Al mismo tiempo, los conceptos de jurisdicción están evolucionando, y cada vez más la ubicación de la persona en posesión o control de los datos se considera más relevante que la ubicación de los datos.
- Las organizaciones del sector privado de los EE. UU. Reciben un gran número de solicitudes de datos de las autoridades policiales de todo el mundo. Si bien a menudo son capaces de responder a las solicitudes, la cuestión de la autenticación y evaluación de la legalidad de una solicitud es un desafío para los proveedores. Los puntos de contacto únicos y una cantidad suficiente de detalles en las solicitudes ayudan a abordar este desafío. Los proveedores de servicios siguen preocupados por enfrentarse a obligaciones conflictivas derivadas de diferentes marcos legales.
- En los últimos años, los gobiernos de diferentes regiones y organizaciones europeas han tomado medidas importantes para fortalecer las normas de protección de datos personales. El Reglamento general de protección de datos de la UE y la Directiva «Policía» 2016/680 son particularmente influyentes. El Convenio 108 sobre protección de datos del Consejo de Europa, modernizado en 2018 (Convenio 108+), sirve de guía a muchos países y ahora cuenta con 54 Partes, incluidos siete Estados de África y América Latina.
- Se necesita una mejor comprensión sobre cómo conciliar los requisitos de protección de datos y justicia penal en la práctica, en particular en un contexto transfronterizo, y cómo los intereses de protección de datos se comparan con los intereses públicos importantes, como la prevención del delito y la seguridad pública. Se recuerda que los gobiernos tienen una obligación positiva de proteger los derechos de las personas también contra la delincuencia.
- Las decisiones judiciales recientes sugieren que el acceso a la información del suscriptor es una interferencia menor a los derechos de las personas, pero que puede ser necesario un análisis caso por caso que tenga en cuenta el contexto específico. Esto también puede aplicarse a la base legal para el procesamiento de datos, donde, dependiendo de la situación, se puede invocar el cumplimiento de una obligación legal, intereses vitales, consentimiento del interesado, intereses públicos importantes o intereses legítimos de un controlador de datos.
- Las soluciones aún se encuentran en relación con el acceso a los datos de WHOIS. Dichos datos ya no están disponibles públicamente desde mayo de 2018, y los profesionales de la justicia penal ahora están obligados a abandonar una parte considerable de las investigaciones.
- El desarrollo de capacidades sobre delitos cibernéticos y evidencias electrónicas, que van desde el fortalecimiento de la legislación nacional, la capacitación de jueces, fiscales e investigadores, el establecimiento de instituciones especializadas y la cooperación en todos los niveles, es una parte crucial de la respuesta y ayuda a abordar las necesidades urgentes. La experiencia de la Oficina del Programa de Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa en Bucarest en los últimos cinco años con más de 600 actividades que involucran a unos 120 países, demuestra que el desarrollo de capacidades funciona y produce un impacto.
- Los proyectos conjuntos de la Unión Europea y el Consejo de Europa GLACY +, iPROCEEDS, CyberSouth y el próximo nuevo proyecto CyberEast, subrayan la estrecha cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de Europa en apoyo al desarrollo de capacidades en todas las regiones del mundo.
“A medida que la tecnología y el panorama de amenazas evolucionan, tanto las propuestas de evidencia electrónica de la UE como el Protocolo del Convenio de Budapest deben hacerse a prueba de futuro.”
- La Convención de Budapest sigue siendo el acuerdo internacional más relevante sobre la ciberdelincuencia y la evidencia electrónica, y la membresía sigue aumentando. Las partes deben hacer un uso máximo de este tratado y aplicar sus disposiciones en la legislación nacional, en particular los poderes procesales con condiciones y garantías. El Convenio se mantiene actualizado mediante Notas de orientación y Protocolos.
- La negociación del Segundo Protocolo Adicional sobre la cooperación internacional mejorada y el acceso a la evidencia en la nube equipará aún más a las Partes actuales y futuras de la Convención con los medios para defender mejor el estado de derecho en el ciberespacio.
- Se buscarán consultas adicionales con entidades del sector privado y expertos en protección de datos para finalizar disposiciones específicas, en particular sobre la cooperación directa con los proveedores.
- El paquete de pruebas electrónicas de la UE, que consiste en un Reglamento sobre una orden europea obligatoria de producción y conservación y una directiva complementaria sobre los representantes legales de los proveedores de servicios que se establecerán dentro de la UE, proporcionará un sistema eficiente para que los Estados miembros de la UE accedan a las pruebas electrónicas con salvaguardias.
- Estas propuestas legislativas de la UE se complementan con medidas técnicas, como un portal seguro de la UE para solicitudes de pruebas electrónicas cuyo concepto está disponible y que las autoridades de los Estados miembros de la UE están ahora alentadas a probar.
- El desarrollo de soluciones a nivel de la UE y del Consejo de Europa debe seguir reforzándose mutuamente, de manera consistente y complementaria. Teniendo en cuenta que el Protocolo adicional debe funcionar para los 62 Estados que actualmente son Partes, se necesita flexibilidad.
- A medida que la tecnología y el panorama de amenazas evolucionan, tanto las propuestas de evidencia electrónica de la UE como el Protocolo del Convenio de Budapest deben hacerse a prueba de futuro.
