Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó el informe de labores correspondiente a 2018. En esta ocasión entregó la versión impresa a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien recibió el documento en representación del titular del Ejecutivo.
El presidente de la CNDH comentó que el encuentro propiciaba un espacio directo e inmediato para exponer, ante el Ejecutivo, el balance, la reflexión y la prospectiva de los retos y hechos que demandan especial atención.
En conferencia de prensa, la CNDH, en voz de su presidente, difundió la situación encontrada en el país en materia de derechos humanos. La CNDH establece que 2018 fue uno de los años más violentos de las últimas décadas en el país. Por esa razón, uno de sus principales objetivos fue impulsar una visión preventiva para reducir el grado y frecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Las áreas en las que más se presentaron quejas por afectación a los derechos fueron salud y seguridad y justicia.
Durante 2018 persistieron en México problemas tan graves como las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos.
El ombudsperson dijo que no obstante de la existencia de graves deficiencias en el pasado en cuanto a la protección a los derechos humanos: “en estos primeros meses de gestión se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que desde hace varios años nuestro país ha enfrentado desde diversos rubros”.
Sin embargo, alberga esperanza en que “el respeto y la dignidad humana encuentren un espacio dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan”. Luis Raúl González instó al respeto a las instituciones, a la pluralidad, tolerancia, la legalidad para construir consensos en beneficio de la sociedad y del país con base en la protección de los derechos humanos.
Afirmó que el uso responsable del presupuesto y el combate a la corrupción no están en tela de juicio, no obstante, “México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos [como el de la salud] sean vigentes”. Con respecto al sector salud, González presentó los retos en 2018, “sin embargo, el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que la situación pueda revertirse en el año en curso”. Enfatizó que ninguna medida de austeridad justifica que la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo, pues el debilitamiento del sistema de salud implica una violación a los derechos humanos.
“México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes […] sin embargo, el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que la situación pueda revertirse en el año en curso.” Luis Raúl González Pérez.
“Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente”, puntualizó. Se refirió a temas que han causado controversia por las políticas que se han aplicado al inicio de esta administración, como los apoyos a las estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas, instancias que atienden personas con discapacidad, la descalificación de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas, son temas que deben revisarse buscando la mayor protección y vigencia de los derechos.
Las autoridades, continuó, no sólo deben de garantizar los derechos, sino dotar de viabilidad y pertinencia las políticas y acciones que se adopten. De igual forma, defendió el derecho a la transparencia e información. En ese sentido, añadió que es necesario promover el respeto a la labor periodística y a la defensa de los derechos humanos, es decir, “reconocer su importancia en una sociedad democrática y evitar su estigmatización o pretender descalificarlas”, mencionó Raúl González.
Tan sólo en lo relativo a la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, durante los primeros meses de 2019 se han registrado 12 casos de homicidios, mismos en los que no debe existir la impunidad, que es una constante, para la mayoría de los casos registrados en los años anteriores, informó el funcionario.
Con respecto a la seguridad y justicia no hay un panorama positivo, la CNDH considera que se debe realizar un cambio radical en el enfoque y respuesta institucional. La crisis de violencia, considera la CNDH se debe abordar de manera integral, con una estrategia real que priorice la prevención y no de manera reactiva, al referirse a la Guardia Nacional y a la prisión preventiva oficiosa. Mientras la ley no se aplique y los delitos no se investiguen conforme a derecho y con oportunidad no habrá cambios significativos, infirió el titular de la CNDH.
“Es necesario promover el respeto a la labor periodística y a la defensa de los derechos humanos, es decir, reconocer su importancia en una sociedad democrática y evitar su estigmatización o pretender descalificarlas.” Luis Raúl González Pérez.
Comentó que “la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país”.
Declaró que defender los derechos humanos no va en contra de la ley, tampoco la hace objeto de negociación y que todas las personas, incluyendo a los que han cometido algún delito, tienen derechos humanos que deben respetarse y garantizarse en el marco de la ley. Reconoció que las omisiones y deficiencias de gobiernos pasados explican la situación actual, pero no deben ser justificación para desviar la atención de los problemas de fondo. La autoridad que actuó indebidamente debe ser investigada y sancionada, puntualizó. También considera que la impunidad no es cosa del pasado y puede seguir siendo una limitante para el desarrollo del país. Además de tener en observancia siempre la legalidad.
Otros problemas que no mermaron fueron la pobreza y la desigualdad, y en sectores de la población se vieron incluso incrementados los problemas como el desplazamiento interno y los despojos a pueblos y comunidades indígenas; mientras que la trata y explotación de personas, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tampoco ofrecieron mejora al tamaño de las necesidades.
En 2018 la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios (90 recomendaciones, 3 recomendaciones generales y el mayor número de recomendaciones por violaciones graves, 8).
Da cuenta de casos muy relevantes como el de múltiples violaciones –entre ellas de desaparición forzada de personas– en Allende, Coahuila; sobre las personas víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes en una casa hogar en Zamora, Michoacán; las graves violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014. Además de un conjunto de casos en los que se advirtieron claramente comportamientos de autoridades con prácticas ilegales y violación grave y reiterada de derechos humanos, entre otros, por parte de las fuerzas armadas y la policía federal, cometidos en diversos lugares de país, por lo que fue necesario exponerlos en su conjunto bajo el principio de concentración.
De igual manera, el Organismo ha observado la legislación que emiten los Congresos locales y el Congreso de la Unión, interponiendo un total de 53 demandas de inconstitucionalidad por considerar que dichas normas no cumplían con los extremos de nuestra Carta Magna, entre las que se encuentra la correspondiente a la Ley de Seguridad Interior y la modificación a la ley General de Salud en cuanto a la objeción de conciencia.
Asimismo, “se creó la Escuela Digital a través de la plataforma EDUCA-CNDH y se fortalecieron los mecanismos a nuestro cargo para supervisar los derechos humanos en materia de personas con discapacidad, igualdad entre hombres y mujeres y de prevención contra la tortura”. El informe señala que la inclusión en la ley no es garantía de que sucedan todos los cambios aspirados en nuestra sociedad, pero es requisito sine qua non para que ocurran.
Raúl González reiteró la disposición de la CNDH para colaborar con todos los órdenes de gobierno en el resguardo de los derechos humanos dado que su vocación es servir a México y a los mexicanos y seguir cumpliendo su papel como contrapeso ante los abusos de poder, ser una vía para que todos puedan defender, proteger y hacer valer sus derechos.
