La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó el estudio “El buen juez por su casa empieza”, de la autoría de Julio Ríos Figueroa, en el que el investigador muestra un diagnóstico centrándose en un aspecto clave para la reforma del Poder Judicial de la Federación: la carrera judicial. Con el objetivo de plasmar propuestas específicas, aunque no exhaustivas, señala Ríos Figueroa, y sin denostar otras áreas relevantes del Poder Judicial. En el panel de comentaristas estuvieron María Amparo Casar, que fungió como moderadora, Pedro Salazar Ugarte, José Mario de la Garza y la magistrada María Amparo Chong Cuy.
Julio Ríos Figueroa, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE e investigador nacional nivel III, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Es autor y coautor de diversas obras, sus líneas de investigación se enfocan en temas de constitucionalismo, estado de derecho y poder judicial en América Latina.
En su estudio, Ríos considera que el Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentra en una crisis de legitimidad por cuatro motivos esenciales: retrasos en los juicios, deficiencias y descuidos administrativos, los recientes escándalos de las remuneraciones o eventos de presunta corrupción y la inestable y deficiente normatividad en la carrera judicial, así como la divergencia entre lo que establece la norma y la práctica. Por lo que es necesario garantizar que se cumplan los objetivos y principios establecidos en las normas, con respecto a la carrera judicial, y que se refleje en el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial.
Julio Ríos afirma que la reforma del Poder Judicial debe venir desde abajo y desde adentro, es decir, comenzar por el reclutamiento y selección de los mejores elementos; centrarse en la profesionalización y dignificación de los juzgadores y funcionarios, con base en el conocimiento de sus propios integrantes del sistema y que los miembros del PJF son los primeros interesados en recuperar la legitimidad.
Durante su turno, Pedro Salazar enfatizó que, en efecto, el PJF requiere una reforma impulsada desde el interior, tal como lo sostiene Julio Ríos, no obstante, requiere de la ayuda del Poder Ejecutivo y del Legislativo y no una reforma impuesta porque se puede caer en la tentación de controlar al Poder Judicial. Para ello, considera el investigador, se debe identificar qué es necesario hacer, después seleccionar las acciones que son factibles de llevar a cabo, blindarse contra el retroceso y dar continuidad a los cambios.
Por su parte, José Mario de la Garza comentó que la falta de legitimidad, confianza e independencia, vulneran al PJF, además de la saturación que existe en el sistema de justicia. Dijo estar de acuerdo en que la reforma nuclear debe ser la carrera judicial y no la política que han propuesto el Legislativo y el Ejecutivo. También, afirmó, se debe reconocer a los jueces que han hecho bien su trabajo y no sólo a los “malos”. De igual forma, se debe reforzar el código de ética de todos los involucrados, incluyendo al sector de la abogacía para evitar las malas prácticas.
En tanto que la magistrada María Amparo Casar puntualizó que las soluciones no están en la modificación de las leyes, sino en la modificación del comportamiento de los integrantes del sistema de justicia. Reconoció que este tipo de estudios ayudan a visibilizar problemas que no se dimensionan desde el interior. Dijo estar de acuerdo en que la principal reforma debe ser la carrera judicial, desde el ingreso, permanencia, salarios, promoción, etcétera. Además de replantear sus modelos, que, si bien funcionaron en algún momento, es necesario que evolucionen y se adapten a la actualidad. Precisó que lo que verdaderamente reformará al Poder Judicial es la voluntad de los integrantes de la judicatura.
“Julio Ríos considera que el Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentra en una crisis de legitimidad por cuatro motivos esenciales: retrasos en los juicios, deficiencias y descuidos administrativos, los recientes escándalos de las remuneraciones o eventos de presunta corrupción y la inestable y deficiente normatividad en la carrera judicial, así como la divergencia entre lo que establece la norma y la práctica.”
Otras áreas que señala el investigador son el servicio civil de carrera para funcionarios administrativos, mejora en la tecnología de gestión de casos y comunicaciones del PJF, la re-organización del aparato administrativo del Consejo de la Judicatura Federal. El estudio completo se puede consultar en la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1KC-e4LLVS-VBtGZaQl3So_ntF0TK7nix/view.
