La Cámara de Diputados avaló en lo particular y general, y con modificaciones, la minuta de reforma en materia educativa. En periodo extraordinario, después de casi siete horas, y entre protestas, la mañana de este jueves fue aprobada y remitida al Pleno del Senado para su discusión y eventual ratificación.
La reforma abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE, reafirma la rectoría del Estado sobre la educación y elimina las evaluaciones docentes de carácter punitivo.
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En el decimosexto transitorio se estipula que los derechos laborales de los maestros se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución y se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado.
La diputada Adela Piña Bernal puntualizó que el Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso, participación y permanencia en los servicios educativos sin que esto signifique menospreciar los derechos laborales del magisterio.
El ingreso, la promoción y el reconocimiento estarán asociados con los conocimientos, aptitudes y experiencia.
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El Pleno la aprobó por mayoría calificada en lo general con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Y en lo particular, también por mayoría calificada, con 389 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones, tras desecharse 29 reservas que presentaron diputados de Morena, PAN, PRI, PT y PRD.
Los diputados del PAN se pronunciaron en contra del dictamen por considerar que abre las puertas a la corrupción. el diputado Felipe Fernando Macías Olvera precisó que en el artículo 16 transitorio “queda claro que se abren las puertas a la corrupción, al regreso a la compra y venta de plazas, a que un grupo de líderes sindicales decida quién es maestro y quién no, y la nómina magisterial”. Enfatizó que su grupo parlamentario está en contra de esta reforma.
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A su vez, la diputada de MC, Martha Tagle reconoció que la reforma es perfectible, pero contiene candados para cerrar la puerta a la venta de plazas. Destacó que la legislación secundaria “debe ser construida por consenso y sin chantajes”.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, también considera que esta reforma contiene parte de la anterior “que tiene que ver con los negocios desde la educación pública” y se pronunció en contra del dictamen.
