El Artículo 128 Constitucional dice que: “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Este artículo es el marco legal que le confiere atribuciones legales a todos los funcionarios, la obligación al aceptar el puesto es hacer cumplir la leyes y la Constitución.
Quienes hemos trabajado para el sector gubernamental sabemos que cualquier documento que se emita en el ejercicio de un cargo público, necesita obligatoriamente estar fundamentado en las leyes o reglamentos expedidos para el tema en cuestión, y para la protección del mismo funcionario, normalmente se describen los fundamentos jurídicos correspondientes.
Es por eso que extraña de gran manera todo el debate causado por el famoso memorándum firmado por el Presidente para, según este documento, dejar sin efecto todo lo que derive de la Reforma Educativa que se encuentra plasmado en el artículo 3° de la Constitución y lo que deriva de las leyes secundarias. Según el artículo 92 de la Constitución, toda orden que emita el Presidente de la República debe de estar firmado por el Secretario del ramo correspondiente, ya que sin este requisito no podrán ser obedecidos.
Por tanto, el memorándum nació muerto, nunca tuvo validez y sólo fue una herramienta más de comunicación política. Si esto fuera cierto, ¿cuál fue el motivo de haberlo elaborado?, ¿una reacción a las presiones que se tienen en la presidencia?, ¿una medida elaborada para azuzar al gallinero político y de paso darle una revolcada al terreno legal? Si así fue, lo lograron y con creces, la reacción de abogados, especialistas, la CNDH y asociaciones civiles; una vez más se generó el escándalo en las “benditas redes sociales” donde se encuentra todo tipo de gente que defiende y ataca a los actos de gobierno, fue resultó virulenta.
Aunado a la iniciativa de Morena para transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos decir que se está generando un ambiente en dónde se está poniendo en la palestra pública la efectividad, certeza y productividad del sistema legal del país.
Todo esta discusión a principio de semana, verdaderamente fue lo único que pudo sacar de la agenda pública la gran discusión sobre tres grandes errores en los que el Gobierno Federal se había atorado durante la semana anterior: primero, la gran discusión en una conferencia mañanera con el periodista Jorge Ramos, respecto a las cifras sobre homicidios; posteriormente, el error sobre los datos y precios en gasolineras; por último, las cifras sobre el empleo que al parecer son más bajas que en años anteriores cuando afirmaron lo contrario. Desafortunadamente, el incidente de los asesinatos en Minatitlán, volvieron a poner el tema de la inseguridad en la agenda pública durante la pasada semana santa.
Independientemente de que el dilema legal presentado cambió la discusión sobre los temas de inseguridad, crea un antecedente sobre algo que esta flotando en el aire de nuestra democracia, el hecho de que este gobierno está usando su mayoría y toda su inventiva para hacer que las leyes se acomoden a su conveniencia, ya se vio con algunos asuntos, por ejemplo, el caso de los comisionados de la Comisión Regulador de Energía.
Ahora se vio que por sus dichos, el Presidente pone por encima de las Leyes y de la misma Constitución lo que él llama justicia, a lo que podemos atribuir una interpretación facilona de la vieja máxima de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Habrá que estar atentos y vigilantes, ya que se está perfilando que esa es la óptica con la que se pretende llevar a cabo la famosa Cuarta Transformación.
