La corrupción es una de las categorías más complejas que me ha tocado construir, no sólo por su etimología, sino por la multiplicidad de aplicaciones que guarda, las aristas con las que se interpreta, la dicotomía sobre lo bueno y lo malo, su evolución pragmática a partir de contextos culturales predeterminados, pero sobre todo por la complejidad que representa su detección, reversión y erradicación.
La corrupción es el conjunto de acciones encadenadas e inherentes, en las que las partes actoras se confabulan, coercionan y/o coaccionan (a veces simultáneamente), con el propósito de obtener uno o varios beneficios, a través de dádivas o conductas condicionadas y, evidentemente, acordadas.
En sentido estricto, este flagelo nace por la ausencia o pérdida de principios y valores personales, grupales e institucionales, de quienes priorizan y precisan logros específicos que, las más de las veces, de forma particular o colectiva, llegan a percibir como necesario.
De igual forma, encuentra su espacio y oportunidad en la carencia e inobservancia de controles normativos y administrativos, los cuales, de alguna forma, producen vacíos procedimentales que permiten la construcción de vicios conductuales de quienes participan o se ven beneficiados por ella, independientemente de su rol.
La realización y conclusión pronta o sin contratiempos de trámites administrativos; la búsqueda de privilegios particulares a partir de la explotación de programas de desarrollo social, educación y salud; el alcance de espacios prioritarios en la implementación de acciones y/o proyectos gubernamentales; la dotación de bienes y servicios; la compra y/o herencia de plazas laborales; “diezmos”; etcétera, son algunos de los ejemplos y expresiones más comunes en las que se identifica y aplica dicho fenómeno.
Estudiosos en áreas jurídicas, políticas, administrativas y psicológicas, coinciden en señalar que la corrupción está condicionada a una relación de poder, en un entramado y complejo proceso de interacción humana, que se replica de forma vertical descendente, a partir de las jerarquías que participan en los procesos y procedimientos preestablecidos.
A esta tendencia de pensamiento se adiciona la idea de que la corrupción también se escala en sentido inverso, promovida por aquellos que quieren “facilitarse el camino”, “brincar las leyes y reglamentos”, “escatimar” sus inversiones en tiempo y dinero, e incluso, “dañar a otros” (no físicamente) por revancha personal.
Lo dramático del tema es que la corrupción se observa en todos los niveles, núcleos y/o sectores poblacionales, formando parte de nuestra cotidianidad. Lo que es peor, las acciones que se llevan a cabo a través de esta conducta, suelen ser mucho más prácticas y con resultados tangibles, en relación a los trámites ordinarios que se apegan a la norma.
Como siempre sucede en nuestro país, actualmente buscamos enfrentar, acotar, neutralizar y/o erradicar este mal, a través de su focalización, regulación o solución, mediante la creación e implementación de leyes e instituciones reactivas e imperfectas, cuyos resultados estarán fiscalizados por una opinión pública que, sin razonarlo a fondo, es o forma parte del problema.
Ello no quiere decir que no se alcanzarán los objetivos estratégicos, la misión, visión y metas planteadas en las instituciones y áreas creadas para el combate a la corrupción, pero debe reconocerse que, como en otros ámbitos de nuestro entorno, deben que complementarse con una sólida estrategia de cambio ideológico, que obligue a replantear procesos y procedimientos en todos los ámbitos del ser humano, reformulando y transparentando los modelos, esquemas y procesos técnicos y administrativos de políticas públicas, o bien las guías y reglamentación para el cumplimiento de requisitos para la obtención de bienes, servicios y beneficios de interés público.
Quienes hoy plantean una lucha frontal a la corrupción, como si nunca se hubieran visto involucrados, queriéndolo o no, o afectados por ésta, necesitan urgentemente orientar sus esfuerzos y acciones a modificar conductas de origen y no a la aplicación a ultranza de todos aquellos que participan en ellas.
El supuesto modelo anticorrupción anunciado en la actual administración gubernamental Federal no tiene nada de novedoso en los hechos; la corrupción por sí misma debe ser considera ilegal y aunque podemos entablar una polémica mayor sobre atenuantes o agravantes en dicho fenómeno, las estructuras gubernamentales requieren cambios sustantivos intrínsecos que eliminen vicios y modifiquen conductas humanas que se prestan a esa práctica.
“La misión, visión y metas planteadas en las instituciones y áreas creadas para el combate a la corrupción, deben complementarse con una sólida estrategia de cambio ideológico, que obligue a replantear procesos y procedimientos en todos los ámbitos del ser humano, reformulando y transparentando los modelos, esquemas y procesos técnicos y administrativos de políticas públicas.”
Además de la integración de las dependencias anticorrupción, se requiere la construcción formal de sus áreas y sus respectivos manuales de organización y procedimientos, su acreditación normativa y de calidad, su estructura orgánica, perfil de puesto y otros materiales que les permita una certificación expedita.
Las prácticas y vicios generados y derivados de la corrupción deben modificarse desde los núcleos sociales más simples, el entorno inmediato, las instituciones familiares, escolares y laborales, y todo aquello que contribuya al fortalecimiento ético del ciudadano.
Mientras que los individuos o ciudadanos continuemos desplazando el conflicto de la corrupción y responsabilizando de ésta a quiénes participan en la función pública, sólo daremos pingües avances y postergaremos la construcción de una cultura anticorrupción.
