La reforma educativa garantizará los derechos laborales de maestros y eliminará la evaluación punitiva, garantizaron los diputados, Segob y SEP.
Al terminar una mesa de diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los secretarios de estado Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma Barragán, y los diputados Mario Delgado Carrillo y Adela Piña Bernal, señalaron que el dictamen que elaborarán las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación de la Cámara de Diputados recogerá las propuestas de quienes participaron en las audiencias públicas, incluidas las planteadas por ese gremio magisterial.
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La reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la SEP en el Centro Histórico el día de ayer. Delgado Carrillo dijo que el dialogo fue productivo y transparente y consideró que la reforma será benéfica para el magisterio y los estudiantes, en general para el país.
Informó que el lunes se reanudarán las labores legislativas en la Cámara de Diputados y se avisará cuando se vaya a dictaminar la reforma educativa en las Comisiones Unidas.
La diputada Piña dijo que el magisterio acompañará al poder Legislativo en la elaboración de las leyes secundarias.
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Por su parte, el secretario de Educación, Estaban Moctezuma que habrá un diagnóstico para mejorar la enseñanza, «un comité integrado por personas con experiencia frente a grupo, en educación especial, normal, indígena y multigrado, que son las partes más sensibles de sistema educativo», señaló.
En cuanto a la asignación de plazas comentó que serán procesos transparentes.
La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero consideró el encuentro productivo y constructivo.
El dictamen garantizará el derecho a la educación superior; erradicará por completo la evaluación punitiva; respetará los derechos laborales de los maestros y les dará la posibilidad de tener un sistema de capacitación y desarrollo permanente. “Se reconocerá que ellos están en su régimen laboral, en el apartado B del artículo 123 constitucional, y la parte de promoción y desarrollo en el artículo 3º constitucional”.
