Han trascurrido poco más de cien días del gobierno de la llamada cuarta transformación y queremos mostrar a la sociedad cómo es la situación de las personas con discapacidad durante dicho lapso. No se pretende que el gobierno en turno elimine todos los obstáculos con los que sexenio tras sexenio han vivido las personas con discapacidad, sino hacer un análisis de lo que se ha hecho, de lo que se ha omitido y de los errores que se han cometido.
De pensiones e inclusión a medias.
De acuerdo con cifras del INEGI en nuestro país viven alrededor de 7.7 millones de personas con discapacidad y la pensión contemplada por Andrés Manuel cubre únicamente a un millón de personas, esto significa que 6.7 millones de personas con discapacidad no recibirán ningún tipo de apoyo. Aunado a ello, la estructura de la población de personas con discapacidad demuestra más del 84% son personas mayores de 30 años por lo que, al establecer como edad del apoyo gubernamental los 29 años de edad, se excluye a ese porcentaje, pero sobre todo a las mujeres con discapacidad, que son la mayoría de la población en comento.[1]
Por si los datos anteriores no bastaran hay que considerar que el monto establecido para las pensiones es tan sólo de $1,274 pesos mensuales, con lo cual no se remedia la desigualdad, la exclusión, además debe ponerse sobre la mesa los gastos comunes de una persona con discapacidad por lo que la pensión no alcanza para cubrir las necesidades básicas, más aún cuando se trata de personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza extrema. Hablamos de una pensión que es insuficiente, no sólo económicamente, sino como programa social, como política pública. La pensión hará poco ante la enorme desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país, se contempló una política asistencial que no merma la exclusión, que no produce inclusión, aquí debe cuestionarse al Presidente ¿De qué sirve una pensión sin inclusión? Nos referimos a una inclusión educativa, social, política, económica que, lamentablemente, no existe en México.
El CONADIS, otra triste historia.
A más de cien días, CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) continúa sin un titular, pareciera un asunto que carece de importancia o que, como Obrador menciona innumerables ocasiones: “no es prioridad”; sin embargo, sí lo es, veamos por qué.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, párrafo segundo, se menciona como uno de los objetivos principales el “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades”, para lograr dichos objetivos se establecen diversas figuras entre ellas el CONADIS quien es el encargado de elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo se dirige el barco del CONADIS si no tiene titular? ¿Quién se ha encargado durante éstos 100 días de las riendas del Consejo? ¿Quién guía el camino hacia la inclusión social desde las instituciones? La respuesta es: nadie. Nadie dirige el CONADIS simplemente por falta de interés de aquel que dirige las decisiones del país.
Por si la mala noticia de la falta de titular no fuera suficiente, añádase la propuesta del gobierno de la cuarta transformación de eliminar a dicho Consejo lo que constituye un revés a la inclusión de las personas con discapacidad, la importancia del organismo es indiscutible y su existencia es imprescindible, no es concebible que se proponga subsumir al CONADIS a una dirección general dentro de la Secretaría del Bienestar, no es posible el discurso de bienestar de Obrador frente a la falta de inclusión que su gobierno ha fomentado con sus políticas públicas a medias.
Las personas con discapacidad no requerimos mero asistencialismo sino de un garantismo, donde nuestros derechos humanos sean respetados y promovidos, donde logremos un México donde las personas con discapacidad puedan gozar de educación, salud, empleo, transporte, vivienda, cultura y oportunidades políticas en igualdad de condiciones, un México inclusivo y no asistencialista.
100 días nos han mostrado un gobierno asistencial, un gobierno que se preocupa a medias por aquello que no considera “prioridad”, un gobierno al que le falta escuchar y actuar acorde con las necesidades reales, un gobierno que se aplaude a sí mismo por las medidas que ha tomado. Aún falta demasiado en este recorrido que se inició en diciembre y tenemos la esperanza de que la ideología gubernamental se modifique, enmendando sus errores y transformando, para bien, al país.
[1] SEDESOL, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, 2016, p. 75
