Padres, responsables de guarderías y organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que solicitan medidas cautelares urgentes ante el recorte del programa de estancias infantiles.
En un medio nacional, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, dijo que dialogaron con el primer visitador para evitar que se vulneren los derechos humanos de más de 300 mil niños que están inscritos en las guarderías.
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Comentó que la cancelación del apoyo a estancias y que se transferirá directamente a los padres, “vulnera los derechos de los niños, porque los priva de un lugar seguro para su atención y porque los padres podrían usar el recurso para sobrevivir y no para la estancia”, expresó acerca de lo dialogado con la CNDH.
Piden que la CND intervenga en siete puntos:
- Se elimine de manera inmediata de la página de Conamer las reglas de operación del Progrma de Bienestar de Niñas y Niños hijos de madres trabajadoras, que suprime el apoyo a las estancias infantiles;
- Que se gestionen medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias que han sufrido amenazas;
- El pago inmediato de los apoyos de enero y febrero directamente a las estancias
- Que se publique en el DOF las reglas de operación del programa de guarderías, para continuar su funcionamiento
- Una disculpa pública del Presidente y de la subsecretaria Ariadna Montiel por daño a la imagen y reputación de las responsables de las estancias
- Frenar el hostigamiento a las responsables de estancias infantiles por parte de autoridades federales, estatales y municipales
- Invitan a la Secretaria de Bienestar y el DIF Nacional a visitar cada estancia acompañados por personal de la CNDH y Sipina, para que conozcan la operación.
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Los demandantes coinciden en que la decisión del gobierno federal va en contra del goce del derecho a la libertad de trabajo, protección social y el interés superior de la niñez.
La queja establece que no hay razones jurídicas suficientes: “… la ASF, al evaluar su desempeño [de las estancias] en 2017 y 2018, detectó irregularidades sólo es 319 de un total de 9 mil 565 estancias e hizo observaciones sólo al 1.8% del presupuesto del mismo [programa]. Estas medidas carecen de cualquier razón lógico-jurídica que las haga válidas y, por ende, debe ser declarada como violatoria de derechos humanos” aseguró Juan Martín.
