Cada año, en el mes de enero, se lleva a cabo la reunión del Foro Económico Mundial en la pequeña ciudad de Davos, Suiza, con la presencia de más de 3,000 participantes de todos los ámbitos de la sociedad: el sector privado, el sector público, la sociedad civil, el mundo académico, la cultura, el arte y la prensa, para debatir una mejor forma de la globalización. El tema principal de la reunión de este 2019 es “Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial”.
El tema se nutre de dos grandes tendencias. La primera es que estamos en un momento propicio para la cooperación global, dado que la frustración ante la incapacidad de la globalización de elevar consistentemente los niveles de vida ha dado lugar al resurgimiento del populismo y el nacionalismo. La segunda es que nos enfrentamos a una nueva ola de cambio de la mano de la revolución tecnológica digital. Ahora que el cambio climático presenta una amenaza concreta a nuestro futuro común, debemos encontrar formas mejores de que la economía global funcione.
El programa de la reunión se enfoca a seis grandes debates críticos: la geopolítica en un mundo multiconceptual, el futuro de la economía, la política tecnológica y de los sistemas industriales, la resistencia al riesgo como promotor del pensamiento sistémico, el capital humano y la sociedad y la reforma institucional global.
Los Temas Jurídicos Dentro de la Agenda Global
Dentro de la Agenda Global de las discusiones, existe un capítulo especial sobre los temas jurídicos mundiales y el debate se hará en función de un informe especial denominado Justicia e Infraestructura Jurídica, elaborado por la Red de expertos del Foro Económico Mundial y dirigido en conjunto por Gillian Hadfield, profesora de Derecho de la cátedra Richard L., y Antoinette Schamoi Kirtland, profesora de Economía en la Universidad del Sur de California.
El estudio se basa en ocho ejes:
- Complejidad económica y social.
- Aumento del costo de la ley.
- Complejidad regulatoria.
- Sistemas legales y regulatorios privados.
- Desafíos para las instituciones de gobierno.
- Tecnología legal.
- Acceso a la ley y la justicia.
- Plataformas legales basadas en blockchain.
Aqui puede encontrar el documento en la pagina del WEF
A continuación se presenta una síntesis del reporte:
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Antecedentes
El estudio menciona que es necesario tener normas jurídicas que proporcionen la infraestructura básica necesaria para el crecimiento económico y la estabilidad de las sociedades. Los sistemas jurídicos desarrollados históricamente para las naciones industrializadas están ahora bajo una enorme presión, debido a la complejidad social y económica ligada a la globalización y los avances tecnológicos. Los sistemas jurídicos basados en el Gobierno tienen deficiencias en su capacidad de proporcionar justicia y orden, lo cual contribuye a la inestabilidad política y las respuestas negativas.
Estos sistemas han sido incapaces de seguir el ritmo de las transformaciones ocasionadas por la digitalización y la inteligencia artificial. Mientras tanto, la complejidad regulatoria crece exponencialmente y genera una demanda de normas globales más claras, una gobernanza más ágil y alternativas legítimas del sector privado.
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La Complejidad Económica y Social
Los expertos mencionan que la justicia y la infraestructura jurídica son mecanismos utilizados para asegurar que la actividad económica sea eficiente, sostenible y coherente con los valores sociales y para que los Gobiernos o las instancias de poder no exploten sus poderes en contra de la ciudadanía y ayuden a luchar por la igualdad, equidad, dignidad y la paz.
Pero en función de que las sociedades se vuelven más complejas es obligatorio que la infraestructura legal se modifique y defina nuevas formas y sistemas que puedan responder mejor a la evolución de las actividades económicas, los entornos, valores y las creencias. El problema es que hoy la humanidad se enfrenta a un crecimiento exponencial de la complejidad, además de que la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial y un flujo constante de innovación crean una persistente incertidumbre para el mundo jurídico, por lo que el reto más importante en esta materia es el desarrollar una industria jurídica inteligente y adaptable que pueda manejar toda esta creciente complejidad.
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Aumento del Costo de la Ley
A medida que aumenta la complejidad de la ley y los reglamentos, también lo hacen los costos legales. La ley tiene una tendencia a acumularse, los contratos se alargan a medida que los abogados agregan preocupaciones específicas o dan cuenta de nuevas decisiones judiciales. Los estatutos y reglamentos, entretanto, se alargan a medida que aparecen nuevas circunstancias o esfuerzos para hacer frente a respuestas imprevistas a la ley.
Además, las decisiones judiciales se alargan a medida que los jueces tratan de conciliar grandes conjuntos de leyes de casos preexistentes. La ley también se puede volver más compleja a medida que crece la diversidad de intereses y puntos de vista, al igual que la legislación cuando se implementan acuerdos políticos.
Los investigadores han descubierto que las opiniones de la Corte Suprema de EE. UU. son más difíciles de interpretar cuando aumenta el número de jueces que acatan la opinión de la mayoría. Los materiales jurídicos más largos y ambiguos, y la complejidad de los procedimientos hacen que el costo de la ley sea más alto, ya que requieren más tiempo y experiencia.
En algunos países requieren que todo el trabajo legal sea realizado por abogados con estudios de posgrado que pueden acarrear grandes costos económicos, y prohíben que estos abogados formen acuerdos con empresas tecnológicas que podrían reducir el gasto. Todas estas restricciones aumentan el costo legal y ponen en peligro el desarrollo de tecnologías que podrían aumentar la calidad y reducir la financiación.
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Complejidad Regulatoria
La complejidad regulatoria que entorpece el rendimiento es impulsada por la complejidad económica y social; los nuevos productos y servicios, y las nuevas formas de hacer negocios desafían los regímenes regulatorios existentes. Por ejemplo, ¿los conductores de Uber son empleados o contratistas independientes?, ¿es Facebook un canal de difusión o una utilidad pública? Otras áreas en las que hay regulaciones nuevas y cambiantes son los motores de búsqueda, los automóviles automáticos, los drones y las monedas digitales.
La complejidad regulatoria está creciendo y, de la misma forma, están apareciendo normas y decisiones que rigen la actividad económica. Por ejemplo, un análisis del The New York Times, publicado en el 2017, expuso que más de 50 países habían aprobado nuevas leyes relacionadas con el funcionamiento del Internet desde el 2012. La complejidad aparece cuando la formulación de normas en una jurisdicción se superpone o entra en conflicto con la de otra, o cuando las jurisdicciones intentan aplicar sus normas fuera de su territorio.
“Los sistemas jurídicos desarrollados históricamente para las naciones industrializadas están ahora bajo una enorme presión, debido a la complejidad social y económica ligada a la globalización y los avances tecnológicos. Los sistemas jurídicos basados en el Gobierno tienen deficiencias en su capacidad de proporcionar justicia y orden, lo cual contribuye a la inestabilidad política y las respuestas negativas.”
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Los Sistemas Legales y Regulatorios Privados
El papel de las organizaciones privadas está creciendo y seguirá creciendo a medida que los Gobiernos sigan teniendo problemas para mantener el ritmo de la innovación en tecnología, los modelos de negocios globales y las poblaciones cada vez más diversas.
Desde hace mucho tiempo, las grandes corporaciones establecen las reglas que rigen sus obligaciones con los consumidores y empleados; el volumen de este llamado reglamento privado ha aumentado considerablemente. La regulación privada también está creciendo dentro de las organizaciones, ya que los contratos de la cadena privada de suministro mundial a menudo incluyen requisitos para los proveedores, especialmente en aquellas partes del mundo donde la regulación gubernamental es deficiente, para controlar y erradicar el trabajo infantil y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
Ante estos escenarios, los Gobiernos son cada vez más incapaces o no están dispuestos a financiar el acceso a asistencia legal. Esto está generando esfuerzos para construir acceso a través de los asistentes legales de la comunidad, la resolución alternativa de disputas y la tecnología legal. Sin embargo, este creciente rol del sector privado trae considerables desafíos relacionados; por ejemplo, los abusos cometidos dentro de las prisiones privadas han adquirido mayor visibilidad en los últimos años, mientras que en el mundo en desarrollo el número de personas empleadas en fuerzas de seguridad privada es ahora mayor que el número equivalente de las fuerzas policiales públicas.
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Los Desafíos para las Instituciones de Gobierno
La economía mundial industrializada fue construida sobre una plataforma de instituciones jerárquicas: cuerpos legisladores, agencias reguladoras, tribunales y organismos internacionales. Estos aumentaron su sofisticación y alcance a lo largo del siglo XX. Aun así, en los países en vías de desarrollo a menudo tienen dificultades para ofrecer los mismos beneficios que se obtienen en entornos jurídicos más avanzados, frecuentemente debido a la corrupción y los recursos limitados.
Una gobernanza débil es ampliamente reconocida como un factor crítico en el fracaso del desarrollo económico. Incluso en escenarios avanzados, el marco institucional tradicional está bajo coerción, ya que la capacidad que tienen las burocracias públicas deliberativas y basadas en la experiencia para gobernar sistemas económicos y sociales cada vez más complejos es limitada. El cambio sucede a un ritmo mucho más rápido que el que puede soportar la mayoría de las instituciones formales y la brecha entre los datos y la tecnología disponible para la industria privada, y lo que está a disposición de los Gobiernos, deja a los reguladores con una desventaja importante, el escándalo de las emisiones de Volkswagen del 2015, en el que se hizo público que la empresa instaló tecnología en los motores que podía engañar a los reguladores, fue evidencia de esto.
“Incluso en escenarios avanzados, el marco institucional tradicional está bajo coerción, ya que la capacidad que tienen las burocracias públicas deliberativas y basadas en la experiencia para gobernar sistemas económicos y sociales cada vez más complejos es limitada.”
Generalmente, las tecnologías se están desarrollando a una velocidad y con una sofisticación que está más allá de la capacidad que tienen las burocracias financiadas públicamente de monitorear con las regulaciones del siglo XX. Las instituciones gubernamentales están bajo presión. Las cadenas de suministro mundiales, los mercados de capitales internacionales y las redes digitales limitan la capacidad de los Gobiernos estatales con autoridad territorial.
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Tecnología Legal
El uso de la tecnología para proporcionar los componentes de una infraestructura jurídica, incluidos el análisis, la reglamentación y la adjudicación, está creciendo, y puede que crezca aún más rápidamente en el futuro, a medida que los límites reglamentarios en tecnología legal se vuelvan menos estrictos. Esta tecnología tiene el potencial para hacer frente a la falta de acceso a la justicia, tanto en países ricos como pobres, y ya está siendo utilizada para entregar información jurídica básica.
«Pero en función de que las sociedades se vuelven más complejas es obligatorio que la infraestructura legal se modifique y defina nuevas formas y sistemas que puedan responder mejor a la evolución de las actividades económicas, los entornos, valores y las creencias.”
Aunque durante décadas se han utilizado costosas tecnologías de investigación jurídica, como LexisNexis y Westlaw, el costo del acceso a la información jurídica está disminuyendo. Google y otros motores de búsqueda están proporcionando un mayor acceso a los decretos, los reglamentos y las resoluciones judiciales, y se están desarrollando aplicaciones para teléfonos celulares que proporcionan un rápido acceso tanto a información jurídica básica como a herramientas de visualización en línea para reforzar la comprensión de las complejas normas jurídicas.
La tecnología legal está progresando hasta el punto en que puede proporcionar análisis de materiales jurídicos, a fin de proporcionar asesoramiento personalizado; la inteligencia artificial puede analizar grandes conjuntos complejos de normas legales y ayudan a predecir el tratamiento regulatorio y los resultados de la adjudicación. Aunque hoy la tecnología más avanzada está disponible, en su mayoría sólo para las grandes empresas, eso debería cambiar en el futuro cercano. Se está desarrollando tecnología legal que puede ofrecer servicios de representación, como las solicitudes de formularios o peticiones.
Es probable que las herramientas de tecnología legal se vuelvan más sofisticadas y que proporcionen más asistencia estratégica y sugerencias de procedimientos a seguir. Las instituciones gubernamentales ya están usando la inteligencia artificial para decidir los montos de las fianzas y las sentencias, y para predecir el comportamiento criminal; es probable que esta situación plantee interrogantes acerca de la parcialidad algorítmica, la privacidad, la protección de datos y el potencial de abuso de poder del Gobierno.
A medida que aumenta la complejidad económica y social, es probable que haya una mayor necesidad de desarrollar tecnología legal que esté directamente involucrada en la regulación. En última instancia, la función de la tecnología legal puede ir más allá de la simple aplicación de las leyes y reglamentos existentes; podría utilizarse para elaborar y ejecutar los límites de agentes autónomos.
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Acceso a la Ley y la Justicia
Más de la mitad de las personas en el mundo carecen de un acceso razonable a la información, la asistencia y las instituciones jurídicas. La Organización de las Naciones Unidas estimó que 4,000 millones de personas empobrecidas viven sin un medio razonable para proteger sus derechos a la propiedad, los ingresos, la seguridad y los servicios gubernamentales. Esto representa un fracaso de la infraestructura legal, incluso se puede considerar una crisis; la gente está siendo despojada de su dignidad, su seguridad y su parte justa de los beneficios sociales. La crisis limita el desarrollo económico, porque sin un acceso seguro a la infraestructura jurídica, las economías no pueden crecer.
La falta de acceso a servicios de asesoramiento jurídico e instituciones no es sólo una característica de la vida de los pobres. También describe las circunstancias que enfrenta la mayoría de la población de muchos países avanzados. En Estados Unidos más del 80% de las personas que están ante tribunales por cuestiones de desalojo, pérdida de contacto con sus hijos, pérdida de acceso a pensiones alimenticias o de incautación de activos, deben hacerlo sin representación o asesoramiento legal.
Son pocas las personas que pueden pagar tarifas legales que, en promedio, cuestan más de 200 dólares por hora. Incluso en el Reino Unido, que cuenta con sistemas históricamente generosos de asistencia jurídica, los recortes entre el 2010 y el 2014 hicieron que el número de personas que reciben asesoramiento o asistencia de beneficios sociales disminuyó en un 90%.
El aumento de la desigualdad y la sensación de desconexión con la ley juegan un papel importante cuando se trata de alimentar la inestabilidad de los Gobiernos.
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Plataformas Legales Basadas en Blockchain
Es probable que la tecnología de Blockchain emerja como una plataforma jurídica fundamental, ya que ofrecerá un mecanismo confiable y distribuido para verificar información como la propiedad de un activo o la exactitud de una reclamación. Muchas plataformas legales de Blockchain requerirán una supervisión sólida proporcionada por el Gobierno, aunque es probable que desempeñen una función en el cambio de la dependencia exclusiva en los sistemas basados en el Gobierno para las leyes y las regulaciones.
Uno de los roles más transformacionales de Blockchain como una plataforma legal tiene que ver con la ejecución de sentencias. Las partes con bienes o derechos asignados en la cadena de bloques podrían cumplir las sentencias con estos bienes o derechos si aceptan un contrato inteligente, condicionado a la entrada de una orden de un juez designado.
