Tuvimos que esperar más de cuatro años y que cambiara el Ejecutivo Federal para que el Senado nombrara al primer Fiscal General de la República; que transcurrieran dos legislaturas y que se recompusieran las fuerzas políticas en la Cámara de Senadores para lograr los acuerdos necesarios. Así, en medio de un cuestionado procedimiento, que se suponía sería democrático, con una selección de 10 candidatos por parte de los grupos parlamentarios, cuyos nombres fueron enviados al Presidente de la República, éste escogió una terna que envió a la Cámara alta, de la que salió el seleccionado el pasado 17 de enero, por la mayoría calificada.
De esta manera, el Presidente López Obrador envió la terna integrada por sus favoritos y, como denunciaron algunos colectivos, se trató de un proceso de designación fast track, simulado y al margen de la ciudadanía, en el que resultó ungido un “fiscal carnal”, el doctor en Derecho Alejandro Gertz Manero, quien fue su asesor de seguridad durante el proceso de transición y, se decía, ocuparía la Subsecretaría de Planeación en la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a quien recientemente le encargó la extinta PGR, mientras se nombraba al nuevo fiscal.
No obstante la cercanía de Gertz Manero con AMLO, es justo reconocer que el nombramiento no fue una mala decisión, ya que se trata de una persona prestigiada, seria, madura y experimentada en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública, con una amplia trayectoria y antecedentes de profesionalismo y compromiso con la función, más allá de los colores partidarios de quienes lo han invitado a colaborar, pues ha sido ya Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, con el propio AMLO, y Secretario de Seguridad Federal, con Vicente Fox.
Ello explica los votos a su favor de algunos senadores panistas (algunos compañeros de gabinete), que le permitieron alcanzar 91 votos, contra 9 que obtuvo Bernardo Bátiz Vázquez y ninguno por parte de Verónica de Gives Zárate. Es decir, fue electo por una mayoría calificada que representó el 78% de los votos de los 117 senadores presentes.
A pesar del perfil idóneo de Gertz Manero, su designación no garantiza atender el reclamo ciudadano de una Fiscalía Federal autónoma, ni terminar con el vicio de la politización de la procuración de la justicia.
Por lo pronto, uno de los grandes retos del nuevo Fiscal –quien se mantendrá en el cargo por un periodo de nueve años–, es edificar una nueva institución sobre la obsoleta, desacreditada e ineficiente PGR, en la que verdaderamente se investigue y capacite al personal operativo (ministerios públicos, peritos y policías ministeriales), con el fin de combatir frontalmente la corrupción y la impunidad.
El flamante Fiscal Federal se estrena con un grave y delicado asunto: investigar y combatir a quienes cometen el delito de robo de combustible (huachicoleo), incluidas las acciones de sabotaje a los ductos de Pemex, enfrentando a poderosas bandas de delincuencia organizada, y perseguir las multimillonarias ganancias que este negocio ilegal genera.
