De acuerdo con la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la introducción de reglas fiscales fue un paso en la dirección correcta pero no ha impedido el crecimiento acelerado de la deuda pública ni la tendencia deficitaria del presupuesto.
Reconoce que, si bien en el país se ha cumplido con las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esto no ha sido suficiente para generar el espacio fiscal necesario para afrontar una posible caída en los ingresos públicos en el corto o mediano plazo.
A través del estudio “Relevancia de las reglas fiscales y su implementación en México”, el Instituto explica que este tipo de instrumentos son importantes porque imponen límites a la intervención discrecional de las autoridades y ayudan a evitar el sesgo deficitario al despolitizar la política fiscal, al establecer restricciones numéricas a variables como gasto y déficit fiscal, las cuales son fácilmente observables en las finanzas públicas.
En el documento, el IBD señala que, al cierre de 2018, los ingresos presupuestarios totales representaron el 21.7% del PIB, en tanto que el gasto neto fue de 23.7% del PIB y el balance presupuestario fue deficitario en 2.0% del PIB. Asimismo, la deuda pública medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 44.8% del PIB (1.0 puntos porcentuales menos respecto del cierre de 2017), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De esta forma, aunque se cuenta con un límite para el gasto corriente estructural, una regla de balance y se ha establecido a los Requerimientos Financieros del Sector Público como un ancla fiscal, las finanzas públicas se mantienen en una posición vulnerable, señala el estudio.
Entre los principales retos para la implementación de la regla fiscal en México se encuentra: mejorar la metodología de cálculo del PIB potencial; generar balances primarios superavitarios; elevar la credibilidad de la política fiscal; cumplir con la meta de Requerimientos Financieros del Sector Público propiciando una trayectoria sostenible de las finanzas públicas.
