El conglomerado de negocios Odebretch, de origen brasileño, presentó una queja ante la CNDH para señalar que fue víctima de actos de corrupción por funcionarios mexicanos.
La empresa brasileña es acusada de sobornar a funcionarios públicos, incluyendo presidentes y expresidentes, de 12 países para obtener beneficios en licitaciones.
Presentó la queja ante la comisión para acusar a varios funcionarios públicos, entre ellos los titulares de la Función Pública y la PGR, Arely Gómez y Alberto Elías Beltrán respectivamente, de inhibir la investigación de los actos de corrupción denunciados por la empresa y que no han sido sancionados en el país.
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La empresa afirma que la Función Pública, a través de un documento prefabricado, la inhabilitó por 4 años para concursar por contratos públicos y que Pemex se niega a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la Refinería Miguel Hidalgo.
En un escrito del 3 de diciembre, el apoderado legal de Odebrecht, Joao Henrique Andrade Araujo Horst, declaró que “Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados”.
La firma expresa que han tenido la disposición de colaborar con las investigaciones de la PGR por los sobornos confesado por sus directivos a funcionarios mexicanos.
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Sin embargo, dice, las autoridades mexicanas han iniciado indagatorias y sanciones por temas diferentes a las investigaciones por cohecho.
Creando así una falsa percepción de ilegalidad ante la opinión pública. Atribuyó al gobierno la remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y al impedimento de la revisión de versiones públicas de la investigación, a pesar de lo ordenado por el INAI.
También, ponen en tela de juicio la dilación de la resolución de la investigación, no obstante que Raúl Cervantes, ex procurador, dijo que ya estaba concluída.
Entre los funcionarios que acusa se encuentran los ex directores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño; así como el ex director de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux González.
