Diputados del Parlamento Europeo solicitaron a los legisladores mexicanos no aprobar la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.
Los diputados del viejo continente expresan su preocupación por el “carácter predominantemente militarizado” de la Guardia Nacional.
La comunicación pública que emiten la firman: Josep- María Terricabras, Ana Miranda y Bodil Valero,del Partido Verde/ Alianza Libre Europea y piden al Congreso de la Unión “desistan” de aprobar “una Guardia Nacional militarizada para atender la seguridad pública”.
Entre sus cuestionamientos es que, además de su conformación militar, el mando operativo, el reclutamiento, adiestramiento, organización de efectivos, equipamiento, despliegue y jerarquía quedarán bajo resguardo militar.
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Señalan, también, que es inquietante otorgar a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos, detener y presentar a presuntos delincuentes ante el Ministerio Público.
También, los legisladores europeos se refirieron a la estrategia de militar la seguridad pública en sexenios pasados que dejo cifras alarmantes de asesinatos, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Consideran que no se establecen, en el dictamen, las debidas garantías de no repetición “y, en consecuencia, no sea posible inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas con en el pasado”, establecen los diputados.
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En lugar de la Guardia Nacional, los diputados europeos proponen que se desarrolle un plan nacional para retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, se instale un mando civil y se profesionalice y dignifique a la policía.
También los alemanes
En días pasados, el Parlamento alemán manifestó su preocupación por la creación de la Guardia Nacional que le daría prioridad al mando castrense sobre el civil, e instaron al Congreso de México evitar el aumento de la militarización del país.
En una serie de comunicaciones, los legisladores alemanes del partido La Izquierda se dijeron sorprendidos toda vez que la SCJN declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Nacional, justo antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión del cargo.
