En el año 2017 y el 2018, el Estado de Nuevo León, fue uno de los que más problemas presentaron en los Centros de Reinserción Social, entre los motines, muertes y lesionados que hubo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron las encargadas de resaltar las malas condiciones que conllevan a que el sistema penitenciario de esta Entidad Federativa, haya sido el foco de atención por parte de estos organismos, además de que se hayan dado a la tarea de buscar posibles soluciones a todos estos problemas que acontecieron.
Para tener mayor referencia de lo antes comentado, diremos que por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se emitió la recomendación 32/2018, la cual consta de 13 investigaciones por hechos ocurridos en los Centros de Reinserción del Estado.
Se documentó que de estos 13 casos de las personas que se encontraban privadas de la libertad, 3 fueron por lesiones provocadas por otros internos. Con estos hechos se vieron violentados los derechos humanos de los internos por fallas en el trabajo del personal de custodia, como haber incurrido en omisión o abstención de proteger adecuadamente la integridad física o psicológica de los reclusos.
Por otro lado, en el mes de mayo del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como cada año, con base en la normatividad nacional e internacional en la materia, publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que elaboró en 2017, el cual da a conocer el resultado de la valoración efectuada a instituciones de reclusión penitenciarias federales, estatales y municipales.
De esta manera, el Diagnóstico expone de manera puntual las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión del país y por lo que respecta al Estado de Nuevo León, observamos que la calificación que obtuvo es de 5.02, es decir, representa la más baja desde 2011 a 2017.
Así mismo, es importante destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo un llamado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que garantice entre otras cosas, la salud, las actividades de carácter laboral, de capacitación, educativas y deportivas de todas las personas privadas de la libertad no solamente en el Estado de Nuevo León, sino de toda la República Mexicana, con el único fin de atender las necesidades relacionadas con los derechos humanos.
Dicho lo anterior, es de suma importancia que se lleven a cabo todas las gestiones para la contratación de personal con el perfil adecuado y competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario.
Además, se debe de contar con los servicios y personal médico suficiente, los medicamentes necesarios para brindar una atención adecuada a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad en los Centros de Reclusión.
Para evitar lo anterior, seguimos haciendo hincapié en suplir el déficit existente en el personal técnico y de seguridad y custodia, así como es importante promover que se lleven a cabo diversos cursos y talleres en materia de de salud mental para el personal penitenciario y para la población en general.
Todo el personal deberá de ser capacitado y actualizado de manera profesional en temas de derechos humanos, Derecho Penitenciario y Disciplinas afines a éstos, a los servidores públicos encargados de la Prevención y Reinserción Social, particularmente a quienes vigilan la Ejecución de Sentencias (Juez de Ejecución) dictadas a los internos por las autoridades Judiciales, para que su actuación se desarrolle con apego a la legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos como lo marca el artículo18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Estatal y las Leyes que de ellas emanen.
