La confrontación del Ejecutivo Federal y los legisladores de Morena con el Poder Judicial de la Federación por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos no es un simple asunto de reducción de salarios, más bien pareciera que se trata de una estrategia para debilitar al Poder Judicial, que es prácticamente el único que constitucionalmente puede contrarrestar los posibles excesos del Presidente de la República y de sus legisladores en sus acciones hacia la Cuarta Transformación de la vida nacional.
La consolidación de los estados democráticos contemporáneos y de la División y el Equilibrio de Poderes, es uno de los elementos que han permitido, cuando menos en el último siglo, evitar la proliferación de dictaduras en muchas partes del mundo, y al Poder Judicial le toca la difícil tarea de revisar y calificar los actos de las autoridades que no se ajustan a la ley y a la Constitución.
La estrategia para debilitar la respetabilidad, imagen y prestigio de los juzgadores federales, llámense ministros, magistrados o jueces, es muy preocupante, porque se difunde que estos funcionarios son enemigos del pueblo por sus elevados salarios, calificándolos de inmorales y provocando polarización social.
No se trata de defender a ultranza los salarios de los juzgadores o de los funcionarios de la alta burocracia, incluidos los mandos de las Fuerzas Armadas y los órganos constitucionales autónomos, sino de defender la vigencia del Estado de Derecho y de uno de sus principios centrales que es la División de Poderes, como una condición necesaria para que se realicen los profundos cambios del actual régimen político, económico y social que conduzcan a la pretendida Cuarta Transformación.
Además, la autonomía e independencia plena de los Poderes de la Unión, particularmente del Poder Judicial Federal, es una condición para asegurar el derecho humano universal del acceso efectivo a la justicia para todas las personas, así como el respeto al debido proceso.
Es preciso que todas las autoridades sin excepción, no sólo respeten los derechos humanos previstos en la Constitución y en las leyes supremas del país, sino también aquellos contemplados en los tratados internacionales ratificados por México, que tutelan la autonomía del Poder Judicial como órgano de control constitucional y la obligación de todas las autoridades del país de acatar sus resoluciones, como lo mandata el artículo 17 de la Carta Magna y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Por ello, la decisión del Ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación de la referida Ley debe ser obedecida y no satanizada políticamente, y esperar a que sea revocada o confirmada en el recurso que ya interpusieron los senadores. Es importante reiterar que esta medida cautelar no es un capricho de Pérez Dayán, sino que deriva de una Acción de Inconstitucionalidad que presentaron ante la Corte 55 senadores de cuatro partidos de oposición que se inconformaron contra Morena por la aprobación de la señalada Ley.
Luego de asistir el pasado 13 de diciembre al informe de labores de Luis María Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AMLO señaló que esta discrepancia con el Poder Judicial por el asunto de los salarios debe considerarse una natural diferencia, asegurando que asistió al informe de labores “con gusto, por convicción y porque es mi responsabilidad”.
Por el bien de nuestra democracia, esperemos que este comentario marque el inicio para superar las diferencias entre los titulares de los poderes federales y abra espacios para el diálogo y la comunicación entre ellos y para que se respete el principio de la División de Poderes.
