Una de las propuestas de campaña del Presidente electo fue reducir los sueldos de funcionarios públicos de mandos medios y altos. El pasado 13 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual entre otras cosas prohíbe a funcionarios percibir un sueldo mayor al del Presidente de la República y cancela las pensiones a expresidentes. Sin embargo, lo que está en duda es si la medida llegará a los organismos autónomos como Pemex, Banxico o el INE o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un poder autónomo. No se descarta la posibilidad de que una vez aprobada el actual titular del Ejecutivo no la promulgue y haga observaciones. Se ha filtrado que altos funcionarios de Pemex recibieron una tarjeta informativa del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, en la cual se anuncia que la medida no aplica a funcionarios de la empresa productiva del Estado, lo que causó extrañeza en el legislativo. Mientras tanto, el diputado Mario Delgado celebraba el fin de los excesos de la alta burocracia. Con respecto a la noticia de Pemex, el Coordinador de diputados de Morena advirtió que de ser necesario se hará una reforma a la ley para que quede claro que todos los funcionarios están incluidos en dicha ley. Tal parece que los renuentes funcionarios están a favor de la austeridad republicana siempre y cuando no se les quiten sus privilegios; algunos diputados del PRI dicen que esta resolución está mal redactada y deberá corregirse. Mientras deciden si aplica o no la ley a todos los funcionarios, en las fuerzas armadas y Banxico se están presentando muchas solicitudes de retiro voluntario para proteger sus actuales ingresos y varios de los funcionarios que serán afectados alistan sus juicios de amparo. No resultará tan sencillo bajar los salarios de la alta burocracia.
