La insistencia del presidente electo y su Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, de realizar el próximo 28 de octubre una consulta popular sobre seguir o no con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco (NAIM), se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad política o en un capricho, de cara a las opiniones de autoridades, técnicos y especialistas en la materia, tanto mexicanos, como extranjeros.
La opción material, de la consulta es si se cancela la construcción del NAIM, que lleva en avance del 31% y una inversión de más de 100 mil millones de pesos –que serían prácticamente tirados a la basura–, o si se construyen dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, para que operen simultáneamente con el actual Aeropuerto de la CDMX.
Antes de anunciar la consulta, Jiménez Espriú declaró en agosto que había recibido un dictamen de Mitre, consultora sin fines de lucro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la institución internacional más reconocida del mundo en temas de aeronáutica, en el que se asegura es inviable la opción de Santa Lucía, porque pone en riesgo la seguridad de las personas debido al cruce en la ruta de descenso de las aeronaves, lo que terminaría demorando aún más el tráfico aéreo en la CDMX. “El Plan Alternativo –expone el informe– resultaría en la creación de un sistema de espacio aéreo severamente congestionado y complicado que probablemente incrementaría las ya importantes demoras del tráfico aéreo y problemas operativos, que impedirían satisfacer la demanda futura de aviación en el área metropolitana de la CDMX”.
En los últimos 30 días, diversos especialistas consultados que encabezan organizaciones de pilotos y controladores aéreos, así como autoridades en la materia de la SCT –muchos de ellos entrevistados en noticieros televisivos– coinciden con Mitre, destacando que ésta es la agencia más calificada y prestigiada del mundo sobre temas de aeronáutica, que le ha venido dando seguimiento desde hace ocho años al proyecto del NAIM.
Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, después de consultar a los especialistas afirmó que los empresarios llegan a la conclusión de que se debe seguir con la obra de Texcoco, ya que al fin de la misma se moverán 135 millones de pasajeros por año, con una capacidad cuando menos para 40 años, y que cancelarla costaría al gobierno federal desperdiciar los 120 mil millones de pesos que se han invertido, suma que se vería incrementada sensiblemente si se cancelan los contratos ya firmados con varios consorcios internacionales y con entidades financieras extranjeras, agregando que es posible terminarlo con financiamiento privado.
Adicionalmente, Rodrigo Pérez-Alonso, Director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dijo que otra ventaja del NAIM es el desarrollo y el empleo que generará, no sólo en la zona donde se construye, sino en creación de 50 mil nuevos empleos en la industria aérea, que conjuntados con los empleos indirectos hasta el año 2030, alcanzarán 450 mil puestos de trabajo.
El pasado 18 de septiembre el Colegio de Pilotos, Controladores e Ingenieros en Aeronáutica de México, conjuntamente con los Colegios de Profesionistas de la Industria Aeronáutica Mexicana, presentaron un análisis técnico sobre las alternativas aeroportuarias del Valle de México, concluyendo que en caso de optar por Santa Lucía, será un “parche”, ya que entre 5 y 8 años se estaría saturando el tráfico aéreo, reiterando que el NAIM debe continuar, pues ofrece un crecimiento en el desarrollo social para los próximos 40 años. Agregando que este proyecto, además de atender el crecimiento estimado de la aviación nacional para los siguientes 30 a 40 años, tiene la finalidad de ser un centro de conectividad que ofrezca la posibilidad de atraer mayor cantidad de pasajeros con las favorables repercusiones en el crecimiento de la economía.
Por otro lado, varios juristas han sostenido que la consulta es ilegal por no apegarse a lo que señala la Constitución en esta materia, porque el presidente electo carece de facultades para promoverla. En entrevista con Foro Jurídico el Dr. Rogelio Rodríguez Garduño, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, asegura que es inconstitucional la consulta sobre el NAIM de AMLO, porque el artículo 35 constitucional –reformado en 2015–, establece claramente “que serán materia de consulta popular cuestiones de interés nacional, a petición del Presidente Constitucional, del 33% de legisladores o del 2% de la lista nominal de los electores, previo control de constitucionalidad de la Suprema Corte, y que deberá ser organizada y contabilizada por el INE, debiendo coincidir con cualquier elección federal”.
Cabe entonces preguntarse: ¿Qué sentido tiene seguir adelante con una consulta popular sobre un tema técnica y económicamente decidido, que no es legalmente vinculatoria, además de que no le corresponde convocarla al Presidente electo? ¿Dónde quedo el “nadie por encima de la ley”?
