Si bien los cuestionamientos sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fueron una de las estrategias de campaña de AMLO para desprestigiar al gobierno de Presidente Enrique Peña Nieto, una vez que obtuvo el 1o. de julio un aplastante triunfo electoral, debería recapacitar sobre su intención de realizar una consulta ciudadana el último domingo de octubre, sobre si seguir o no con la construcción de esta monumental obra en Texcoco o construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, para que operen simultáneamente con el actual aeropuerto.
En los últimos 30 días han proliferado todo tipo de argumentos técnicos, económicos y jurídicos sobre la factibilidad del NAIM, por parte de autoridades y especialistas mexicanos y extranjeros, quienes casi en forma unánime han coincidido en que si se cancela la construcción del nuevo aeropuerto, que lleva en avance del 31%, se tirarían a la basura más de 100 mil millones de pesos que se han invertido y que construir dos pistas en Santa Lucía, para apoyar la operación del actual aeropuerto es inviable.
La primera y más importante opinión técnica fue la de MITRE, prestigiada consultora aeronáutica del Instituto Tecnológico de Massachusset, que en el dictamen que entrego al Ing. Jiménez Spriú, próximo Secretario de Comunicaciones de AMLO, asegura que la opción de Santa Lucía pone en riesgo la seguridad de las personas por el cruce en la ruta de descenso de las aeronaves, lo que terminaría demorando y congestionando aún más el tráfico aéreo en la CDMX.
Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de consultar a los especialistas, y la Cámara Nacional de Aerotransporte, aseguran que debe seguir la obra de Texcoco, ya que al concluirse moverá 135 millones de pasajeros por año, con una vigencia de al menos 40 años, y de cancelarse, costaría al gobierno federal desperdiciar los 120 mil millones de pesos ya invertidos, y lo que se pagaría si se cancelan contratos ya firmados con empresas internacionales y financieras extranjeras, además de que generará la creación de 50 mil nuevos empleos en la industria aérea, que junto con empleos indirectos, hasta el año 2030, alcanzaran 450 mil nuevos puestos de trabajo.
Recientemente el Colegio de Pilotos, Controladores e Ingenieros en Aeronáutica de México y los Colegios de Profesionistas de la Industria Aeronáutica Mexicana, elaboraron conjuntamente un análisis técnico en el que concluyen que Santa Lucía es un «parche», pues en lapso de 5 a 8 años estaría saturando el tráfico aéreo, además de que el NAIM debe continuar por ofrecer un crecimiento en el desarrollo en la aviación para los siguientes 40 años, con positivas repercusiones en el crecimiento de la economía nacional, sin considerar las relevantes ventajas que también tiene en materia de conectividad.
Por otra parte, varios juristas y dirigentes partidistas consideran que la consulta de AMLO es ilegal, porque el artículo 35 de la Constitución no faculta al presidente electo a promoverla, ya que claramente establece que son materia de consulta popular cuestiones de interés nacional a petición del Presidente Constitucional, del 33% de legisladores o del 2% de la lista nominal de electores, y que la consulta popular se realice al mismo tiempo que una elección federal, debiendo ser organizada, vigilada y contabilizada por el INE.
Es decir, que la consulta ciudadana de AMLO no está revestida de legalidad ni es vinculatoria y prácticamente es un tema que técnica y económicamente ya está decidido, por lo que continuar con ella y realizarla parece más un capricho que una cuestión de democracia participativa.
