El nuevo gobierno empieza a enfrentar la realidad del país y la presión de los grupos de poder, varias de las propuestas de campaña que más llamaron la atención electoralmente empiezan a no ser tan viables.
La cruda realidad llegó al equipo del Presidente electo, hay proyectos que se empieza a saber que serán difíciles de concretar, ya sea por conocer la información real del problema o porque sólo eran propuestas electorales para ganar votos.
Por ejemplo, se ha comentado en el espacio público la opinión de expertos que hablan de que la disminución de impuestos en la frontera abriría un gran boquete en el ingreso del gobierno; además, el noble pueblo que votó por Morena podría correr a registrase en la frontera para beneficiarse de pagar menos impuestos, bajo la máxima de que la ley se aplique “en los bueyes de mi compadre”, no en los míos.
La descentralización de las secretarías enfrenta también sus grandes retos, las ciudades elegidas para recibir a las dependencias no están preparadas para el volumen de personas que arribará, no hay oficinas ni infraestructura suficiente para cumplir todo el plan propuesto.
Al parecer, a la gendarmería tampoco se le está dando prioridad. En lo que corresponde a la pacificación, los Foros organizados en Tamaulipas, Ciudad Juárez y Michoacán, se han enfrentado a una visión totalmente distinta: las víctimas no están aceptando, de entrada, el perdón que propone el gobierno. Exigen, en primer lugar, saber qué pasó con sus familiares y recuperar sus cuerpos; en segundo lugar, por naturaleza humana, quieren justicia, ya que fueron víctimas de un delito por parte de algún delincuente, quienes deben pagar por sus actos; finalmente, después de haber obtenido justicia, podrían pensar en un perdón.
Se ha hablado mucho también de una justicia transicional, el gran problema es que esta justicia es, según la definición misma, la que se aplica después de grandes guerras y genocidios. Es decir, en este caso la delincuencia organizada es la que comete los delitos; bajo esa lógica, opinan las víctimas, no puede haber perdón, los delincuentes seguirán libres dañando a la población, aún más cuando va a tardar mucho el arreglo de la capacidad institucional de la seguridad.
El último tema controversial es el del aeropuerto. Según lo expuesto en la conferencia de prensa, la mejor opción es seguir con el proyecto del nuevo aeropuerto, las otras opciones no son viables técnicamente, además, el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto sería muy alto, entonces, ¿para que hacer una consulta popular?, la cual jurídicamente también es muy cuestionable.
