Dra. Yasmín Esquivel Mossa
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos.
La doctora Yasmín Esquivel Mossa ha sido una férrea defensora del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Está convencida de que al ser un producto que emergió desde la sociedad civil organizada, cuenta con la legitimidad necesaria para brindar los resultados para los que fue creado.
En entrevista con Foro Jurídico, la doctora Esquivel nos comparte su visión en torno al presente y futuro del SNA, ante los inminentes cambios políticos que se avecinan.
En principio, lamenta que los avatares políticos se hayan impuesto sobre el interés general y la no concreción de los nombramientos de la totalidad de los órganos de decisión del Sistema Nacional, lo que ha impedido que entre plenamente en funcionamiento. Sin embargo, tiene confianza en que los nuevos órganos ejecutivo y legislativo, tanto federal como de las entidades federativas, cumplan con su obligación y den forma a las instituciones de combate a la corrupción creadas por los ciudadanos.
Comenta la doctora Esquivel: “Estamos al borde de la ingobernabilidad por la pérdida de legitimidad de las instituciones gubernamentales y las autoridades encargadas de concretar el Sistema Nacional y los Sistemas locales Anticorrupción no hacen nada para evitarlo, por el contrario, pareciera que tienen la intención de atizar la hoguera del mal humor social”.
A dos años de su plena entrada en vigor, ¿considera que el SNA ha cubierto las expectativas por las que fue creado?
Lamentablemente no. Desde su creación y la plena vigencia de las leyes secundarias, el SNA no ha podido ser constituido en su totalidad. Hoy tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que es cabeza de un cuerpo incompleto, pues sin la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y sin el nombramiento de los magistrados especializados, no puede cobrar plena vigencia, pues dos de sus órganos operativos simplemente no existen.
Los tiempos y los últimos procesos políticos han sido complicados y éstos se han impuesto sobre el interés general de la ciudadanía por hacer que el Sistema Anticorrupción funcione. La composición del Congreso de la Unión que concluye sus funciones este agosto implicaba un obstáculo para poder concretar acuerdos.
Las negociaciones en el Congreso se volcaron en otros temas y no permitieron que se concretaran los nombramientos de quienes tendrían diversas responsabilidades. Las desconfianzas y las tensiones propiciadas por la víspera de la contienda electoral hicieron que otros temas cobraran más importancia e interés para el legislativo. Con ello, se sepultó cualquier esperanza de concretar las instituciones del Sistema Anticorrupción. Así, todo quedó en un proyecto inconcluso, que jamás ha logrado ver la luz del día y que, difícilmente, puede ser evaluado.
Entonces, ¿podríamos decir que el SNA ha sido un fracaso?
De ninguna manera. No puede ser un fracaso un sistema cuyo origen primigenio fue la ciudadanía y su legítimo reclamo por hacer que las instituciones públicas funcionen correctamente, que los recursos se apliquen para las acciones a las que fueron asignados, que el gobierno cumpla con sus funciones elementales, que sea transparente, funcional, eficiente y eficaz. No puedo aceptar que algo ha fracasado cuando, por cuestiones ajenas al propio Sistema, éste no ha cobrado plena vigencia. Su funcionamiento no ha sido probado, así que no es posible calificar su eficacia.
Sin embargo, considero que su construcción ha sido un éxito porque –sin duda– es un triunfo de la política. Ya que –como pocas veces– se privilegió el diálogo y el entendimiento, en donde, como en ninguna otra de las reformas del sexenio que termina, se lograron conjuntar visiones que parecían irreconciliables para crear un andamiaje jurídico que dejara satisfechos a todos los participantes y con el que se espera resolver un problema que lastima e indigna a la ciudadanía: la corrupción.
En conclusión, podemos afirmar que el SNA, a diferencia de otros productos legislativos, emerge directamente del sentir de la gente, pues es fruto no sólo de la indignación generalizada, sino de la esperanza de recomponer el aparato público para que vuelva a contar con la confianza ciudadana. Ese gran objetivo fue la base para lograr los acuerdos necesarios para que la legislación cobrara vida.
“El Sistema Nacional Anticorrupción emerge directamente del sentir de la gente, pues es fruto no sólo de la indignación generalizada, sino de la esperanza de recomponer el aparato público para que vuelva a contar con la confianza ciudadana.”
Si el andamiaje jurídico es tan bueno y tiene un origen tan noble, ¿por qué no se ha podido iniciar con una correcta operación?, ¿por qué no se lograron los consensos necesarios para articular todas sus instituciones?, ¿por qué no se mantuvo ese ánimo político que le dio origen tanto a la reforma constitucional como a la legislación secundaria?
Desgraciadamente, las condiciones políticas predominantes en el Congreso de la Unión durante los últimos años impidieron que pudieran concretarse los acuerdos necesarios para nombrar a los operadores del Sistema. Los enredijos electorales aunados a un declive en la legitimidad tanto del gobierno como de los representantes populares, hicieron que, de facto, se inhabilitara a los órganos decisorios para este fin.
La gente no confiaba en que las decisiones que tomaran en este rubro fueran las mejores. No habrían contado con la legitimidad necesaria para cumplir con tan delicada labor como el combate a la corrupción, pues estos nombramientos carecerían del respaldo de los legisladores de oposición que –dicho sea de paso– supieron interpretar ese enojo y desconfianza y volverse la voz de todos esos mexicanos inconformes y enojados.
El ambiente de confrontación entre el ejecutivo y los partidos de oposición, las iniciativas que estaban siendo discutidas al mismo tiempo en el Congreso, así como la situación económica del país, complicaron mucho el ambiente e imposibilitaron el arribo de acuerdos y consensos que eran muy necesarios. En fin, el entorno no era el mejor y menos considerando que los ánimos estaban puestos, en su mayoría, en el proceso electoral.
Desgraciadamente, los intereses de un número importante de legisladores no estaban alineados con los de la ciudadanía que exige transparencia. Por el contrario, se fueron preparando para una feroz lucha electoral que, por su estridencia y trascendencia, muy poco tardó en atraer los reflectores de la opinión pública y, de alguna manera, restarle interés a lo relativo a la aprobación de nombramientos de los operadores del SNA.
Como lo ha comentado, el SNA es una demanda de la ciudadanía, que ahora exige que el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados, quienes todavía no son nombrados por el Senado, cumplan con ciertos perfiles profesionales y éticos ¿Comparte usted esta demanda ciudadana?
Desde luego, tanto el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados que designará el Senado de la República, tienen que responder a estas características: su selección legislativa tiene que responder, obligadamente, a un proceso transparente y abierto a la sociedad en su selección; ser independientes y ajenos a grupos políticos o de intereses ajenos al bienestar social y que tengan probidad y compromiso social, sobre todo que sus resoluciones sean autónomas.
A esto hay que subrayar el papel de la sociedad civil en este sistema, pues su representación es la que preside y conjunta a todas las instancias públicas, al tiempo que vigila y da seguimiento a las políticas y los lineamientos aprobados por los integrantes del sna. Todos ellos con personas capaces, ejemplares y probas que han participado activamente en la creación y la consolidación del sna.
También hay que destacar la valiente participación ciudadana que, en forma conjunta, con la responsabilidad y compromiso de quienes integran las instituciones públicas, dieron origen a este sistema y demandan perfiles idóneos. Yo creo que estos mismos elementos son los que darán la eficacia para que el SNA cumpla con sus objetivos con un personal capacitado y al servicio de la sociedad.
Es un hecho sin precedentes, que la sociedad y el gobierno se unieran para crear un mecanismo eficaz que sirviera de piedra angular para la relegitimación de las instituciones. Es decir, ciudadanía y gobierno listos, preparados y con todo van por los corruptos y los deshonestos.
Dicho de otro modo, según su criterio, ¿el SNA no ha empezado a funcionar?
Apenas se han comenzado a realizar acciones, aisladas y de poca trascendencia para la vida de la República y para la consolidación del propio Sistema. Y eso es verdaderamente preocupante, porque, jurídicamente, estamos en falta tanto con la Constitución como con las disposiciones transitorias de los decretos de la legislación secundaria. Por ello, es posible afirmar que no tenemos tantos avances, o tan notorios, como quisiéramos.
¿Por qué afirma que no tiene avances si hace poco más de un año fue nombrado el Comité de Participación Ciudadana y la mayoría de las entidades federativas han creado sus sistemas locales anticorrupción? Sobre todo, considerando que la mayoría de las instancias que participan en él ya existían.
Sin duda el que exista un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en la mayoría de las entidades federativas, representa un avance; así como el que las otras instituciones participantes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, los Consejos de la Judicatura y sus instancias espejos en los estados y la Ciudad de México, cuenten con mayores facultades para combatir la corrupción. Sin embargo, estas acciones no pueden completarse adecuadamente, en tanto que todas las instituciones que conforman el sistema estén debidamente creadas, con los titulares nombrados y otorgados los recursos necesarios y suficientes para desempeñar sus funciones. Situación que, hasta el día de hoy, no ha ocurrido. Para hacerlo más gráfico: el sna, no está manco, pero sí cojo; cuenta con brazos, pero no le han sido dados los pies y piernas que lo sostengan.
Pero, ¿estas faltas tendrán alguna consecuencia? Es decir, ¿habrá alguna sanción por incumplir con estas disposiciones?
Jurídicamente no hay una consecuencia para las instancias que incumplan con los plazos y términos que –dicho sea de paso– se autoimpusieron en el Congreso de la Unión. Sin embargo, existe una sanción que es más dramática y tajante: la pérdida de legitimidad de las instituciones, que no es otra cosa que la pérdida de credibilidad y fuerza en la sociedad.
Para hacerlo más claro: la sanción social se está dando y es palpable, sobre todo en este proceso electoral. La gente, a través del sufragio, está castigando a quienes –consideran– los han traicionado y que han abusado del poder del Estado. Empezando por los partidos políticos que cada día son más repudiados por las personas; siguiendo por los legisladores que no han sabido dar una respuesta contundente para abatir este mal. Por el contrario, pareciera que ven este proceso de consolidación y puesta en marcha del SNA como una oportunidad para colocar “cuotas y cuates”, lo que es diametralmente distinto a la naturaleza y objetivo del propio sistema.
Con esta inacción, con apariencia de oportunismo, están abonando a ese “malestar social” que tanto crece y que tanto daño hace a las instituciones democráticas, pues las pone en entredicho y hace que la gente voltee a ver opciones que pudieran poner en riesgo su libertad y derechos.
Estamos al borde de la ingobernabilidad, por la pérdida de legitimidad de las instituciones gubernamentales, y las autoridades encargadas de concretar el Sistema Nacional y los Sistemas locales Anticorrupción no hacen nada para evitarlo, por el contrario, pareciera que tienen la intención de atizar la hoguera del “mal humor social”.
¿Qué asuntos conoce el Tribunal de Justicia Administrativa?
Resolver las controversias que se suscitan entre los particulares y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sin importar de que materia se trate, ya sean autoridades de tránsito, de policía, construcción de obra, de imposición de multas y de todo tipo de permisos, inclusive, de conflictos vecinales.
La diferencia con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa es que éste resuelve casos entre dos particulares, personas físicas o morales, de orden civil, mercantil, familiar, penal, etc. Y en el caso de nuestro Tribunal el gobierno de la ciudad es siempre la parte demandada. Todo lo que genere un problema en la comunidad que tenga que ver con las autoridades es susceptible de ser impugnado en el Tribunal de Justicia Administrativa.
“El Tribunal de Justicia Administrativa es una institución cercana a la gente, porque defiende los Derechos Humanos de los ciudadanos que son objeto de actos ilegales por parte de autoridades de la Ciudad de México.”
El objetivo esencial del Tribunal es velar por que exista una convivencia social en armonía, dentro del marco legal; que se respeten los derechos humanos de la gente, que haya una buena administración pública en beneficio de todos. Exigiremos que esa buena administración se dé ahora en las alcaldías, se dé por parte de los secretarios en función, que se desempeñen dentro de las leyes y poder sancionar a quienes cometan irregularidades.
¿Cuáles son las cifras más importantes que maneja el TJACDMX?
La actividad del tribunal ha venido creciendo año tras año, lo que demuestra que la ciudadanía ha aumentado su confianza en sus fallos. En el 2017 se presentaron más de 19 mil asuntos, de los cuales en general, el 85% se resuelven a favor del ciudadano. En el 2018 los casos se han incrementado, y esperamos terminar el año con más de 20 mil demandas que impugnen actos de autoridades de la Ciudad de México. Algo que no enorgullece a todos los magistrados y demás personal que trabaja en el Tribunal es que cada vez se percibe una mayor confianza de la ciudadanía en éste órgano, que dicho sea de paso, cuenta con mayores herramientas jurídicas para que todos sus fallos sean cumplidos integralmente. De ésta manera estamos cumpliendo con uno de nuestros propósitos centrales que es escuchar y defender a los ciudadanos en contra de actos arbitrarios de las autoridades.
“El 85% de los asuntos del TJACDMX se resuelven a favor del ciudadano.”
Es importantes señalar que últimamente se han incrementado las demandas ciudadanas debido al incremento de las fotomultas, y en todos los casos en que éstas se emiten de manera injustificada o perciben una ilegalidad, el Tribunal le da la razón a los ciudadanos.
¿Cuenta el Tribunal con una defensoría pública?
Desde luego, aunque su nombre legal es defensoría jurídica, que es gratuita, como todos los servicios que presta el Tribunal. Las personas que requieren impugnar un acto de autoridad no están obligados a contar con los servicios de un abogado particular o de un despacho que los asesore o elabore la demanda. El ciudadano sólo debe mostrar el documento de notificación del acto de autoridad que le agravia y en la defensoría jurídica se brindará la orientación legal y dará seguimiento al proceso hasta que se emita sentencia. Lo fundamental es que a partir de que el particular es notificado, sólo tiene 15 días hábiles para impugnar el acto de autoridad.
Nosotros tratamos de que los juicios sean ágiles, es un proceso que no lleva más de tres meses, lo que queremos es que no sean juicios extensos y tediosos para el ciudadano. En caso de que la acción legal del ciudadano no sea de nuestra competencia, los orientamos y canalizamos a las instancias correspondientes.
Los funcionarios públicos que brindan atención al público en el Tribunal, están capacitados para brindar un buen servicio a los ciudadanos, además de ser personal profesional en las materias correspondientes.
