La puesta en libertad de la maestra Elba Esther Gordillo pone en tela de duda, nuevamente, la fortaleza del sistema de justicia penal mexicano y ante esa desestimación se haya la condena de miles de inocentes.
Los datos de la justicia mexicana
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que se llevó a cabo por primera vez en el año 2016, se menciona que se registró una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes y del total de la población privada de la libertad sólo el 19.8% logró contactarse con un abogado mientras el 24.3% fueron víctimas de coacciones o presiones para declararse culpable y de ellos el 45.7% fueron declarados culpables por haber “reconocido” los hechos.
Claro que las cifras incluyen a la población de centros penitenciarios del ámbito federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, sin embargo, no incluyeron en ella a los “privilegiados políticos” como a Elba Esther Gordillo.
Los hechos
Hace unos días nuestro país se inundó de la noticia de la libertad de una “presa política” muy peculiar: Elba Esther Gordillo; quien había sido arrestada en febrero del 2013 por violación al artículo 400Bis del Código Penal Federal por desvío de recursos, revisando únicamente dos cuentas de las más de 60 manejadas por el SNTE, donde la PGR verifica que entre 2009-2012 había gastado más de 40 millones de pesos.
Lamentablemente de las tres averiguaciones previas incoadas contra Elba Esther Gordillo Morales ninguna surtió frutos bajo qué argumentos. No había elementos suficientes para sentenciarla culpable; es decir, faltaba la acreditación de un elemento subjetivo y, por tanto, el delito no se acreditaba. De este modo, el 8 de agosto la maestra saldría libre.
La justicia ciega
Frente al caso tan sonado en comento se encuentra otro que, si bien no ha sido tan mediatizado, es uno de los miles que atentan contra los derechos humanos de los mexicanos.
Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013.
Nos referimos aquí al caso de Dominga González Martínez que se ha puesto en el ojo del huracán en días pasados ya que esta mujer indígena fue acusada y juzgada culpable de homicidio de un empresario y la única “prueba” fehaciente que sostienen la acusación en su contra es la declaración de un “testigo” quién la describió como “una señora morena y chaparrita”.
En la averiguación previa TOL/-ME/036/2003 cuya sentencia fue dictada hasta noviembre del 2017 se le halló culpable, sentenciándola a 50 años de prisión por el homicidio de Alejandro Isaak Basso, cuando doña Dominga no se hallaba presente siquiera en el lugar de los hechos.
¿Cómo puede sustentarse una acusación en un señalamiento tan débil tratándose de una activista siendo que la acusación de Elba Esther se cayó parte a parte como si de una casa de papel se hablara?
La PGR es fina proveedora de pruebas falsas contra culpables que son inocentes, pero aquí encontramos una persona que es culpable con millones de pesos en la bolsa ¿será entonces que la justicia se vende?
En nuestro México existe un abismo tremendo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan y merecen su protección; a veces se hace un uso indebido del sistema de justicia penal para detener y procesar a activistas sociales o políticos y a personas que defienden los derechos humanos.
A diario son detenidas personas en función de pruebas claramente deficientes y, aunado a ello, se les envía a prisión preventiva por mucho más tiempo del que la ley dispone ¿qué hacen los jueces ante tales arbitrariedades?
La mayoría desestima o ignora reiteradamente los informes tanto de tortura, violaciones a los derechos humanos e impunidad, engendrando más impunidad.
Con todo lo mencionado cabe reflexionar: ¿Qué nos toca hacer ante nuestra justicia cegada?, y una primera respuesta, al menos de quien escribe, es resistir, resistir presentando las quejas correspondientes antes las comisiones de derechos humanos, resistir realizando las promociones correspondientes ante los juzgados, resistir y luchar por una justicia para todos y no de beneficio particular.
