El cobarde asesinato de casi 120 personas durante el proceso Electoral 2018 entre candidatos, dirigentes partidistas y periodistas (45), ha sido la nota destacada, tanto nacional, como internacionalmente, al grado que algunos países, como Japón, han alertado a sus connacionales a través de su embajada en México, sobre el clima de violencia político-electoral que se vive en el país, aconsejándoles estar informados y actuar con precaución.
En realidad, resulta muy prudente y optimista el consejo diplomático, pues soslaya la verdadera razón de los elevados índices de violencia y mortalidad en los comicios, que no son más que el reflejo mismo de la grave situación de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que se vive hoy en México, producto del incremento de la delincuencia común y organizada y de las fallidas políticas públicas en estas materias del Estado mexicano.
Considerando la celebración del día internacional de Nelson Mandela -18 de julio-, podemos citar una de las frases célebres del político y activista: “la vida de las prisiones es el fiel reflejo delo que sucede en un país”, de la cual resulta incuestionable afirmar que la violencia y los altos índices de mortalidad que se están viviendo en estas elecciones, son estrictamente un espejo de la realidad que vivimos. Comunidades enteras secuestradas o en manos de cárteles o bandas de delincuencia organizada, que tienen bajo su control o en su nómina a una gran cantidad de policías y de funcionarios estatales y municipales y aunque en cantidades menores, también del ámbito federal.
El reconocimiento oficial del incremento en el número de homicidios dolosos durante el presente periodo es un reflejo del fracaso de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad, que va de la mano con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la asignación de sus funciones a la Secretaría de Gobernación. Durante el periodo del presidente Enrique Peña Nieto se registraron cerca de 20 000 homicidios al año, por lo cual la inseguridad pública se ha convertido en un problema cotidiano.
Según la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de la consultora Etellek Consultores, en la actual campaña electoral se han registrado más de 400 ataques a políticos mexicanos y más de 100 han terminado en el asesinato de esas personas, incluidos periodistas, lo que coloca a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. Otro dato que proporciona es que 119 candidatos a puestos de elección popular han sido objeto de intimidación y amenazas y 155 candidatos de 14 estados han solicitado protección.
La violencia e impunidad con la que actúan las organizaciones criminales están perjudicando la calidad y legalidad de las elecciones y el asesinato e intimidación de candidatos, dirigentes y periodistas, disminuye la opción de los electores para acudir libremente a las urnas y poder votar por ellos, coartándose así la libertad de los aspirantes a puestos políticos y a los propios ciudadanos.
En suma, si bien para algunos analistas es un hecho inusual el aumento en la violencia electoral en este proceso, lo cierto es que representa el fiel reflejo de los elevados índices de inseguridad, violencia, impunidad, corrupción y desigualdad que se viven hoy en México y al incremento de la influencia de la mafias de las drogas en algunas estructuras gubernamentales. Sin duda que, el gran desafío para el próximo Presidente de la República será encontrar una fórmula que elimine desde abajo, desde el nivel local y estatal, el nexo entre inseguridad, impunidad, corrupción y narcotráfico, que hoy golpea al proceso electoral.
