Ivette Montero Directora Ejecutiva del Centro Mexicano Pro Bono, A.C.
Es importante definir, documentar y presentar al foro jurídico qué es el trabajo Pro Bono y qué no.
Ante la necesidad de justicia para enfrentar la impunidad y la corrupción, la sociedad civil organizada y los abogados somos una pieza clave.
El trabajo conjunto de las 3 organizaciones es el resultado de un esfuerzo por implementar en su máxima expresión todo el ejercicio que implica el pro bono en nuestro país. Ivette Montero, Directora del Centro Mexicano Pro Bono, lo señala con gran claridad, “lejos de vernos como una competencia siempre nos hemos visto como una alianza como aliados como sumarnos al mismo esfuerzo.”
Fue así que para concretar Probono MX, fue necesario una investigación a fondo para conocer lo realizado en otros países, recabar información, documentos y ejemplos existentes que sirvieran como referencia. Ya recopilado y estudiado comenzó un siguiente paso que fue la tropicalización de estándares operativos y de medición de resultados. Aunque en México se tiene evidencias y ejemplos del Pro bono, eran esfuerzos aislados, reconoce. Así fue como llegaron a la definición que consideran debe fungir en México: la asesoría y representación jurídica gratuita sin expectativa alguna de retribución económica del profesional del derecho, el cual se orienta a ciertos beneficiarios. “Pueden ser los grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales.”
Lo más importante, detalla Montero, era definir, documentar y presentar al foro jurídico qué es el trabajo Pro Bono y qué no. Recordemos que hay abogados que lo consideran como el dar cátedras, enviar artículos a revistas especializadas, ayudar a un amigo o empleado; ser parte de un consejo de una ONG, –a menos que su función sea brindar asesoría jurídica–. Es muy importante, refiere Ivette Montero, la medición de los resultados. Por ejemplo, la declaración Pro Bono para las Américas establece un mínimo de 20 horas al año en estas actividades; pero nosotros no lo aterrizamos en función de tiempo sino por el impacto que se puede alcanzar.
Por eso, pretendemos sumar a más abogados, porque si cada uno tomara un caso, el panorama del acceso a la justicia en nuestro país sería otro. Si a esto sumamos el canalizar cada caso con un experto en la materia que se trate, los resultados serían extraordinarios.
Otro de los objetivos que se pretenden dentro de Pro bono México, es sumarnos a la inercia existente en otros países en donde los grandes corporativos, para contratar los servicios de un despacho o abogado, le piden un reporte del trabajo Pro bono que realiza. “Esto ya se hace en México en el tema anticorrupción, en donde se exige a los proveedores que cuenten con manuales y estándares de transparencia y ética para ser contratados.”
El reto que tenemos, apunta Ivette, es la expansión geográfica, requerimos que se sumen abogados de todo el país, los hay y muy buenos que hacen pro bono, a lo mejor no tan institucional, por eso es importante estandarizar esta labor. “Queremos crear un portafolio de asuntos que podamos poner en la mesa que genere interés e impacto para México. Ante la necesidad de un acceso a la justicia para enfrentar la impunidad y la corrupción, la sociedad civil organizada y los abogados somos una pieza clave para dar ese paso.”
