La cámara de diputados aprobó el dictamen de Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financieras, conocido como Ley Fintech. El documento se envio al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El anteproyecto de ley consideraba tres rubros: pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales, valores que no están avalados por las instituciones financieras como el bitcoin. Se adiciona a las tecnologías de asesoría financiera electrónica y otras.
La Ley Fintech regulará la actuación de las Instituciones de Tecnología Financiera. Para ello se creará el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional Bancara y de Valores (CNBV), integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Banxico y de la CNBV misma, que serán los encargados de aprobar los proyectos Fintech.
Se establecen las medidas de seguridad, con aprobación internacional, como la identificación del cliente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En cuanto a protección de ususario, promueve la divulgación de los riesgos para que los ususarios tomen decisiones informadas acerca del uso de las Fintech.
Las empresas ya establecidas y las que surjan tendrán que comprobar que tienen un gobierno corporativo estable, así como los medios para cumplir con sus obligaciones ante la ley y ante sus usuarios, esto lo avalará el Comité Interinstitucional de la CNBV. Además de establecer sanciones administrativas y penales a quienes incumplan la lo establecido en esta ley.
Se crea el grupo Innovación Financiera en el que se verterán opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado que les permita estar a la vanguardia y perfeccionar los mecanismos de regulación.
En 2017 un estudio realizado por Finnovista identificó 238 startups (nuevas empresas) Fintech en el país, cifra que posiciona a México como líder en el ecosistema de las tecnologías financieras en América Latina.
Esta ley fue promovida por el Ejecutivo Federal y enviada al Senado de la República en octubre del 2017. En diciembre del mismo año, el Senado aprobó por unanimidad, con 102 votos a favor y fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Los expertos consideran que uno de los retos de esta norma es la de promover la inclusión financiera, fomentar el emprendimiento y prevenir delitos cibernéticos sin impedir el desarrollo de las Fintech, como se estableció en la pasada edición de octubre de la revista Foro Jurídico.
