Un tema que ha caracterizado al pueblo mexicano es la solidaridad ante este tipo de siniestros, tanto de la ciudadanía como de la instituciones públicas y privadas. En el caso de estas últimas, por ejemplo, la Asociación de Bancos de México informó que ante la difícil situación provocada por los desastres naturales, eliminó los cargos, en las zonas afectadas, por uso de cajeros automáticos distintos a la institución emisora de la tarjeta. Además pusieron en operación programas de apoyo, diferimiento de pagos y periodos de gracia en beneficio de los clientes en productos bancarios como créditos hipotecarios, automotrices, personales de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito, dirigidos a quienes resultaron afectados.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), presidida por Manuel Escobedo Conover, anunció que los aseguradores cuentan con las reservas, el capital, la solvencia y el reaseguro necesario, así como la vocación de servicio para contribuir a que las familias, las empresas y las instituciones afectadas recuperen su estabilidad. Señaló que desde el primer día se activó el plan de atención de catástrofes, con el fin de atender las solicitudes de indemnización de los asegurados, con lo cual se atendió en un primer momento 10 mil 658 solicitudes de indemnizaciones por los sismos. Destacó que el sector cuenta con reservas de más de un millón de millones de pesos, es que garantizan el cumplimiento de todas sus obligaciones.
En tanto, a solicitud de EPN, el sector constructor se comprometió, en la zonas afectadas a ofrecer los materiales de construcción al costo. Esto permitiría a los afectados adquirir las materias primas necesarias para iniciar el levantamiento de sus viviendas, mediante el apoyo federal a través de las tarjetas entregadas. Jeanette Moisés Ramírez, Directora General para la Gestión de Riesgos, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, comentó en entrevista con Foro Jurídico, que esto aceleraría la reconstrucción, porque se dejaría a un lado los trámites y tiempo que llevaría organizar licitaciones; en cambio se ayudaría en la economía local, porque las personas comprarían el material en sus lugares de origen.
