Mucho se ha criticado que en México tenemos una de las democracias electorales más caras del mundo, que no corresponde con su situación económica y que año con año, a pesar de las recurrentes crisis económicas que hemos sufrido, en lugar de disminuir, se sigue incrementando. La prueba de ello es que, en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, que apenas presento el Ejecutivo Federal al Congreso el pasado 8 de septiembre, pidió la aprobación de 18 mil 226.4 millones de pesos para el INE, de los cuales, el 60 % se destinará a organizar las elecciones y el 19 % para dotar a los mexicanos de la credencial para votar. En 2016 los consejeros pidieron 15 mil 473.8 millones de pesos.
Mientras los partidos políticos se desgastan en su demagógico juego de «quien da más» de los futuros recursos electorales que debe entregarles el INE (recursos públicos), para que sean canalizados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, tratando de ganar votos para las próximas elecciones, lo que deberían de hacer nuestros legisladores, aprovechando esta histórica coyuntura, es reducir al mínimo posible el tamaño del INE, que es ya escandalosamente gigante, y que fue irracionalmente ampliado con la reforma electoral de 2014, que lo transformo de Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE).
Mientras los partidos se pelean por demostrarle a los ciudadanos quien está dispuesto a ceder más de sus ingresos por concepto de actividades partidistas regulares del 2017 y de gastos de campañas correspondientes al 2018, los Consejeros de INE -hasta ahora-, no han dicho «esta boca es mía» y se han abstenido de ofrecer una razonable disminución de sus pretensiones presupuestarias o de sus exorbitantes ingresos y gastos, para canalizarse al enorme reto de la reconstrucción nacional.
Sería muy bueno que el Presidente de la República o las dirigencias partidistas propusieran, de una vez por todas, el adelgazamiento del INE y la reducción permanente del financiamiento público de los partidos (que se han convertido en jugosas empresas familiares) y que dejemos de ser un país con el 70% de su población en condiciones de pobreza (20% en pobreza extrema), y que el alto costo de este aparato burocrático electoral se canalice, primero a las tareas de reconstrucción y después a financiar programas sociales.
