En la percepción de la corrupción, la política es la actividad más corrupta según reporta Transparencia Mexicana. Para la ciudadanía, es generalizada la imagen de que los gobernantes buscan beneficiar sus intereses económicos, personales y partidistas, antes que el interés público; para los gobernados, los funcionarios públicos buscan servirse antes de servir.
Las consecuencias negativas de la corrupción son muchas, y en política son devastadoras, tal como se advierte de los resultados de las elecciones pasadas, en las cuales, el repudio a la actuación de algunos gobernadores, fue una de las principales causas de que el partido en el gobierno haya perdido diversas gubernaturas, tal como ocurrió en los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.
En Veracruz
Gobernador Javier Duarte, ha sido relacionado con diversos delitos y actos de corrupción. Entre ellos, utilizar una red de sociedades ficticias, con las cuales a través de prestanombres y de asignaciones directas o licitaciones falsas, se desvirtuó con cargo al erario público cerca de 645 millones de pesos. Además, se le ha acusado de enriquecimiento ilícito por la propiedad de inmuebles tanto en territorio nacional como en el extranjero.
La Auditoría Superior de la Federación, a iniciado 15 acusaciones penales por ilícitos cometidos en el manejo del presupuesto asignado al Estado, que se traduce en el desvío de 77 mil millones de pesos. Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, tiene abierta una indagatoria por la que investiga como probables responsables a 30 personas y a 6 empresas vinculadas con Duarte, a las que se les relaciona con el desvío de 30 mil millones de pesos.
Chihuahua
Durante su administración, el Gobernador Cesar Duarte constituyó junto con su esposa un fideicomiso con un valor de 65 millones de pesos (cantidad que es investigada y de la que Duarte no ha podido acreditar su origen lícito); por medio de él, el Gobernador de Chihuahua compró acciones y se convirtió en el accionista mayoritario de Banco Progreso, Institución de Banca Múltiple S.A de la cual es representante legal Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Duarte. Entre 2012 y 2015 a través de casi 350 transferencias, el banco recibió depósitos por cerca de 80 mil millones de pesos. Transferencias que están siendo investigadas por la pgr, ya que involucran tanto recursos Federales como locales.
Quintana Roo
Al Gobernador Roberto Borge Angulo se le ha relacionado con varios actos de corrupción, como el endeudamiento injustificado de 11 mil mi llones de pesos a su estado, así como diversos actos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En el colmo del cinismo, estos gobernadores -actuando según ellos conforme a las exigencias del país, de implementar acciones concretas en contra de la corrupción-, siguen abusando del poder público con el que aún cuentan, por lo menos a nivel local, y en un alarde de exceso, han gestionado que sus respectivos congresos estatales aprueben una serie de reformas a la legislación interna que permite blindarlos para no ser perseguidos, juzgados y sancionados una vez que terminen su mandato.
Ese paquete de reformas a las legislaciones locales, que se ha calificado como “paquete de impunidad”, incluye desde fiscales a modo que sean inamovibles de su cargo y que sean nombrados bajo sus gobiernos actuales; modificación a la legislación penal para reducir las penas a los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado; incluso en Quintana Roo, el gobernador saliente se asegura una escolta con cargo al erario hasta por 30 años. Hay que precisar que sobre estos “paquetes de impunidad” gestionados por los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en pleno anular su validez, ya que con los mismos se invaden competencias propias de la Federación.
Y en lo referente a el “paquete de impunidad” del ejecutivo local de Quintana Roo, aunque ha sido aprobado, se espera que no sea publicado con lo cual no podrá entrar en vigor, en cualquier caso, de comenzar su vigencia, debiera ser anulado en el mismo sentido por la Corte Suprema. Pero la corrupción en la política mexicana no se limita a estos 3 personajes, lamentablemente es generalizada y los abusos en el ejercicio del poder público que día a día salen a la luz pública, involucran a los diferentes partidos políticos y a los distintos órdenes de gobierno; y aunque no todo político y no todo gobernante es corrupto, escándalos como los apuntados, generalizan la opinión negativa y el descrédito de los servidores públicos y de las instituciones.
Consideración Final
Para combatir eficazmente a la corrupción debe de actuarse en 2 vías, la prevención y la represión; sin embargo, si se pretende conseguir resultados relevantes que permitan reducir sus índices y que se traduzcan en una política pública de mediano y largo plazo, la prevención es tarea fundamental en esta materia. Debe ser una tarea que involucre a todos los mexicanos, y tiene que ser el eje rector que guíe a todos los políticos y servidores públicos, en este sentido, es necesario cambiar la forma de hacer política en México, para lo cual se debe de entender que el político, por profesión, debe buscar el poder, no el dinero, y cuando éste se traduce en un cargo público, el único fin es buscar el bien común.
