En una entrevista que concedió a Foro Jurídico, el Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA), explica las razones por las que esta institución es uno de los 4 ejes fundamentales del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en qué consisten sus nuevas responsabilidades, esencialmente la de sancionar a los funcionarios públicos y a los particulares que cometan actos de corrupción.
Comenta también cómo recientemente se reformó la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para agilizar los juicios administrativos, reduciendo términos y aplicando nuevas tecnologías con la adopción de la notificación electrónica, lo que asegura, “ha permitido agilizar y resolver significativamente los juicios de manera más rápida; a esto se suma la aplicación de normatividad y protocolos en la administración de la institución y los esfuerzos en la profesionalización y capacitación del personal”.
Nuestro país ha realizado grandes avances en materia administrativa y se encuentra a la vanguardia en el tema fiscal, no sólo en Iberoamérica, sino en el mundo, afirma el también Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, este reconocimiento internacional es la razón por la cual Manuel Hallivis fue nombrado en la reciente reunión celebrada en mayo en Estambul, Turquía,
de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas (International Association of Supreme Administrative Jurisdictions [iasaj], por sus siglas en inglés), presidente para el período 2016-2019. Se trata de una gran distinción, afirma, ya que este relevante organismo mundial agrupa Consejos de Estado y Tribunales Administrativos de más de 68 países y por primera un mexicano lo preside. Ofrecemos a nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.
¿Cuáles son los temas de vanguardia en materia contencioso administrativa?
Con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en junio de este año, estamos reduciendo en el Tribunal en 50% el tiempo de tramitación de los juicios. Aquí nuevamente la tecnología ha sido un gran aliado, por ejemplo, casi el 100% de los justiciables a través de sus abogados nos proporcionaron su correo electrónico; esto nos permite enviarles
desde una notificación o acuerdos establecidos, hasta resoluciones; ya no dependemos del correo certificado, ni de la notificación personal.
Ahora el particular acude menos a las instalaciones del tribunal, sólo presenta su demanda en papel y las pruebas y ya nosotros nos encargamos vía electrónica de todas las notificaciones.
Esto nos permite darle más seguridad y agilidad al procedimiento.
En esa misma reforma en las medidas cautelares también redujimos y homologamos plazos. Cuadruplicamos el monto de los juicios sumarios, la cuantía se subió 4 veces, antes era 100 mil pesos y ahora cerca de 400 mil. Recordemos que resultaba una trampa procesal que el juicio sumario tuviera un plazo de presentación de 15 días, si no te desechaban la demanda por jurisprudencia de la Suprema Corte. Súmale 30 días para la revocación por la autoridad y 45 en el juicio ordinario.
Otro de los grandes avances en estos 3 años es en materia de gobierno judicial, es decir, en la forma en que se administra la institución. Al respecto teníamos poca normatividad y presupuesto
reducido; faltaban manuales y protocolos, por eso se modernizaron muchos procedimientos en todas las áreas. A esto se suma la capacitación del personal. Nos dimos a la tarea de organizar conferencias, cursos y talleres para profesionalizarnos; trajimos a los mejores individuos en materia administrativa para que compartieran sus experiencias y conocimientos con nosotros. Además,
tenemos suscripciones con empresas dedicadas a proveer leyes, así como un mayor y mejor acercamiento con los diferentes tribunales del país, de tal forma que los secretarios de acuerdos no necesitan moverse de lugar para consultar alguna norma que le ayude a resolver mejor sus asuntos.
Por otro lado, en este tiempo, además de una importante manejo de los recursos económicos, solicitamos presupuesto para abrir 9 salas y reconvertir 3 -en Jalapa, la Ciudad de México y otra en Monterrey-, en materia de comercio exterior. Está por demás decir que la carga de trabajo en el tribunal es enorme, concretar estas acciones nos ha permitido que el justiciable tenga más oportunidad de que se le resuelvan sus asuntos con mayor rapidez, pero además de alcanzar un equilibrio en la carga de trabajo, logramos que los magistrados se desenvuelvan en sus funciones,
como siempre lo han hecho, con mayor calidad.
En 1998 teníamos 25 salas en todas la República; en 2010 llegamos a 44 y ahora contamos con 56 y no es para menos, pasamos de 40 mil asuntos en promedio, a 160 mil y este año y esperamos llegar a los 185 mil. Vale la pena destacar que la velocidad en que crecen los asuntos, en esa misma proporcionalidad los resolvemos. Podemos decir que en cierto modo está equilibrada la carga de trabajo en el ámbito nacional, sin embargo, todavía necesitamos salas en Colima, Nayarit, Baja California y Campeche.
Por eso iniciamos con salas especializadas como la de comercio exterior, por ser uno de los puntales para el desarrollo del país. Incluso, en caso de que nos autoricen el presupuesto, pondríamos en operación otras salas mixtas en Colima, Chihuahua y Oaxaca para efecto de que toda la República este cubierta.
Todo lo anterior tiene una justificación que debe tomarse en cuenta y que pocas veces se sabe, el interés controvertido que nuestro tribunal manejaba a mediados de 2014 era de 545 mil millones de pesos —es decir, dinero que no es ni de las autoridades, ni particulares, simplemente está guardado—.
Para fines de 2015 la suma se redujo a 211 mil millones; logramos una disminución considerable, cerca de 334 mil millones. Hemos bajado a menos de la mitad el interés controvertido, lo que significa que ese dinero se mueve dentro de la economía del país, independientemente del fallo para una de las partes en conflicto.
¿Cuál es el papel del TFJA en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?
Desde inicios del año 2014 el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tenía una facultad en la Constitución que no se había podido ejercer: sancionar a los servidores públicos. La causa era sencilla, no se contaba con una ley especial al respecto, sin embargo, tuvimos conocimiento que los principales partidos políticos -pan, prd y pri-, tenían un proyecto para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Fue así que nos acercamosa la Cámara de Diputados, propiamente a la Comisión de Puntos Constitucionales para conocer la propuesta y participar activamente. Ellos tenían la idea de crear un Tribunal de Cuentas, sin embargo, les hicimos ver que hacerlo sería regresar al tiempo de la Colonia porque México tuvo uno en esa época, el cual desapareció en 1824 con la creación de la
Contaduría Mayor de Hacienda, hoy conocida como Auditoría Superior de la Federación. Les dijimos que nuestro Tribunal tiene un gran prestigio sustentado desde su creación y que
era necesario que un órgano autónomo emitiera la sanción. No era necesario crear un elefante blanco, sino aprovechar la infraestructura y experiencia de un tribunal autónomo y con 80 años de vida como el nuestro, así como evitar el gasto de recursos económicos innecesarios. Cabe precisar que en el tfja de 2000 a 2016 hemos recibido un millón 640 mil demandas, de ellas, sólo 28 mil han sido en contra de servidores públicos. Es decir apenas el 2%, de ahí que no era necesario que alguien más hiciera nuestro trabajo.
Ahora ¿cuál será nuestra labor? Recibiremos un pliego de cargo en donde de sustancia el procedimiento fiscalizador, ahí inicia el procedimiento sancionador. Revisaremos que el expediente cuente con los elementos necesarios, si algo falta podemos regresarlo para sustanciarlo en el área administrativa; lo que se pretende es que todo aquel que haya incurrido en alguna falta relacionada con actos de corrupción sea sancionado una vez
acreditada su responsabilidad, para no caer en alguna injusticia, el objetivo es evitar la impunidad que tanto ha daña a nuestro país.
Queremos saber quién es corrupto, sin que esto se preste a venganzas políticas, por eso es importante cuidar en todo momento el principio de presunción de inocencia y los DerechosHumanos del debido proceso. Cuidar que haya una correlación entre conducta y sanción, que se atienda el principio de proporcionalidad, en donde la sanción debe ser en la medida del daño causado. Diría que
las sanciones no deben servir para castigar, sino para inhibir la corrupción, por eso deben tener un efecto ejemplificativo, debemos generar en el individuo que todo acto de corrupción va a ser etectado oportuna y justamente, con eso se combatirá frontalmente la corrupción.
¿Qué tipo de sanciones aplicará el tribunal?
Las sanciones vienen fuertes, hablamos que en caso de ser declarado culpable, el acusado puede ser acreedor de una inhabilitación de 20 años, de multas de hasta 3 veces el daño causado
y obligado a reparar el daño. Por si esto fuera poco, el tiempo de prescripción aumenta a 7 años; además, se le dota al tfja de la posibilidad de sancionar a particulares que participen
en actos de corrupción. Debo agregar que con la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción contaremos con 5 nuevas salas regionales en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y abriremos una sección más en la Sala Superior.
¿Se reestructurara el TFJA?
El proceso para los casos de corrupciónconstará de 2 etapas. Esto es, en las salas regionales se impone la sanción y en la Sala Superior se desahogará un recurso de apelación. Revisaremos la sanción cuando las partes quieran que así suceda, que se revise. Por otro lado, la Sala Superior crece de 13 a 16 magistrados y como ya lo señalé, se crearán 5 salas regionales con sus respectivos
magistrados. Tenemos pensado que 2 de ellas tengan su sede en la Ciudad de México, otra en el norte en la ciudad de Torreón, Coahuila, una más en el Sureste mexicano y otra posiblemente en Jalisco. Nosotros pedimos que se contemplara una audiencia oral en el procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, pero no se aprobó. Esperemos que este tema se resuelva en la práctica vía control difuso que podemos aplicar. Eso nos permitirá lograr que haya inmediatez, porque una cosa es lo que el acusado declaró ante la autoridad y otra que los 3 magistrados en cada una de las 5 salas regionales, puedan tener la oportunidad de apreciar “toda la película” y evitar que los casos se caigan por cuestiones formales.
¿Cómo celebró sus 80 años de vida el TFJA?
Lo celebramos con la aprobación dela Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que incluyó todo el nuevo esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. En ella se nos dota de autonomía plena. También con la promulgación en junio de 2016 de las referidas reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso con lo cual bajamos 50% el tiempo de tramitación de los juicos. Organizamos también un Congreso Internacional en materia tributaria en noviembre del año pasado, con la asistencia de 700 personas entre mexicanos y extranjeros, con 133 expositores y el pasado mes deagosto tuvo lugar un encuentro internacional que organizamos en la Ciudad de México con la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscalesy Administrativos.
Me parece importante señalar que en mi carácter de Presidente del tfja, fui elegido Presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales o Administrativos, agrupación que abarca toda Latinoamérica, España y Portugal, lo que implica el reconocimiento de que, dentro del entorno iberoamericano, nuestro país está a la vanguardia en materia fiscal, que estamos dentro de los mejores en el mundo, lo que fue corroborado con el honor que tuve el pasado mes de mayo al ser electo en Estambul, Turquía, Presidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas (International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (iasaj), por sus siglas en inglés), para el período 2016-2019.
¿Podría ampliarnos la información sobre el IASAJ?
La iasaj es una asociación auspiciadapor el Consejo de Estado Francés que agrupa a 68 países, más 10 observadores, integrada básicamente por supremas cortes administrativas, consejos de estado y tribunales administrativos superiores. Su objeto fundamental es desarrollar el Derecho Administrativo y la jurisdicción administrativa en el ámbito mundial a través del intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros. Busca cómo el derecho administrativo o la jurisdicción contenciosa administrativa puede servir de mejor manera a los justiciables. Quienes participan son presidentes de tribunales o de suprema cortes administrativas o representantes.
México es parte de esta asociación que se reúne cada 3 años. Los países miembros están muy atentos de todo lo que hacemos en México y en esta xii reunión mundial, se evidenciaron los comentarios positivos por los avances que tenemos en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que generó que por unanimidad se me designara Presidente de este organismo, destacando que es la primera vez en su historia que un mexicano la preside.
¿Qué implica ser presidente de la IASAJ?
Debemos reunirnos periódicamente los miembros de la mesa directiva para organizar el congreso de la iasaj que se realizará en México en el año 2019. El tema que abordaremos serán los avances que se tengan en la aplicación de sanciones del Sistema Nacional Anticorrupción y desde luego, de la tecnología aplicada al servicio de la justicia administrativa. Debo destacar que en el tfja hemos venido avanzando en esta materia en lo que respecta a los juicios, gracias a la aplicación de la tecnología, por ejemplo, desde hace varios años se introdujo el Juicio en Línea y con las nuevas herramientas comentadas, se han reducido los tiempos de tramitación de los juicios, por eso considero importante presentarlo al mundo y conocer al mismo tiempo, lo que hacen otros países en estos temas.
¿Cómo han combatido la corrupción al interior del TFJA?
He de confesar que nunca esperábamose en el Tribunal tener un caso de corrupción como el ocurrido recientemente que motivó ejercitar acción penal contra de algunos magistrados en Sinaloa. Sin embargo, pudimos contenerlo a tiempo y evitar un menoscabo del patrimonio en conflicto, aunque no puedo dar el nombre de las personas involucradas, por atender al principio de presunción inocencia, sí comentar que hay muchas personas involucradas y funcionarios sancionados. La historia del caso es la siguiente: tuvimos la denuncia en mayo, para octubre ya habíamos presentado la denuncia penal correspondiente. En nuestro procedimiento administrativo la sentencia tiene mil 844 cuartillas, hay 5 funcionarios inhabilitados, 1 amonestado públicamente y 2
amonestados en forma privada. Los magistrados fueron, por instrucción del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, privados del cargo como lo establece la norma, para posteriormente sancionarlos con la inhabilitación. En materia penal el asunto todavía se investiga porque hay mucha gente involucrada.
Me parece que en materia de anticorrupción no se trata de detectar un hecho aislado, sino las redes de corrupción completas. Esta es una recomendación de los especialistas:
no bastan hechos aislados de corrupción, sino redes de corrupción, lo que permite acabar con el problema, inhibir la corrupción y terminar con la impunidad.
