Cada vez es más frecuente escuchar al Presidente Enrique Peña Nieto y a funcionarios de todos los niveles, que en México se está reforzando el Estado de Derecho y que se está construyendo el “país de leyes” que reclaman los mexicanos y que se avanza en el combate a la impunidad que tanto daña, particularmente ahora que quedó integrado el Sistema Nacional Anticorrupción.
Todo este discurso ha resultado hueco y contradictorio con la actitud asumida por el gobierno de la República -y por algunos estatales-, frente al conflicto que encabezan los pocos maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no solamente violan todos los días leyes, que transgreden impunemente los derechos de miles de mexicanos, que ocasionan diariamente pérdidas económicas millonarias, no sólo en perjuicio de empresarios e industriales, sino en general de los habitantes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, principalmente y que cometen reiteradamente conductas delictivas como ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena intencional, lesiones, robo y privación ilegal de la libertad, entre otras.
3 meses llevan los bloques carreteros, ferroviarios y las movilizaciones de los maestros de la CNTE para generar desorden, violencia, caos y anarquía, afectando en algunos casos los procesos educativos de miles de niños y a pesar de las exigencias ciudadanas para que se aplique la ley, se alientan desde la Secretaría de Gobernación “mesas de diálogo y negociación” que a nada conducen.
Con razón empresarios y amplios sectores de la población afectados, y no directamente afectados, exigen al Presidente Peña Nieto que ya aplique la ley y respete el Estado de Derecho que tanto presume. Que restablezca la normalidad comercial, turística, etc., y que, respetando los protocolos, haga uso del monopolio legítimo de la fuerza en beneficio de las mayorías, antes de que sea demasiado tarde. Esta es también una condición de un Estado de Derecho. No es legalmente permisible que un puñado de violentos tengan en “jaque” a mas de 120 millones de mexicanos.
Está claro que más allá de su oposición a la reforma educativa, los miembros de la cnte lo que realmente pretenden es no perder sus privilegios, como la venta y herencia de plazas, los beneficios económicos a “maestros comisionados” o el manejo obscuro por parte de sus dirigentes de cuantiosos recursos públicos. Es momento de terminar, en el marco de la ley, con este conflicto, antes de que escale a niveles incontrolables o se generen soluciones más violentas, como que la propia sociedad tome la ley por su cuenta o que surjan lo nocivos grupos paramilitares.
Cabe recordar a los funcionarios que les tiembla la mano para aplicar la ley, que con su actitud “negociadora” genera más impunidad, en lugar de combatirla y que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, mirando siempre por el bien de la Unión (léase población). En caso contrario, habría que recordarles a nuestras tolerantes autoridades la célebre frase de Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”.}
