Marco A. Ríos
- El viejo sistema penal estaba al amparo de un modelo seguido por nuestro país por más de 100 años.
- Se requiere un verdadero esfuerzo de cambio y mejoramiento en las instituciones policiacas, en los ministerios públicos y en el Poder Judicial.
- Necesario informar a la sociedad del nuevo sistema y de sus reglas, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia.
- Se inicia una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal.
Con el objetivo de consolidar el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en todo el país el pasado 18 de junio, se realizó en la ciudad de México durante los días 7 y 8 de junio, el 8° Foro Nacional de Seguridad y Justicia, con el título La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación.
Y no obstante que los representantes de los 3 poderes de la Unión se dijeron listos para operar, la sociedad civil, en voz de Alejandro Martí, Presidente de México SOS, no compartió el mismo entusiasmo y manifestó su preocupación por la falta de capacitación en los cuerpos policiacos, ministerios públicos e incluso en jueces. En medio de esta incertidumbre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó su convicción dar un seguimiento y evaluación de cómo avanza el modelo para conocer con toda claridad, en dónde funciona y dónde no; dónde está operando de manera eficiente y dónde no.
Peña Nieto reconoció que el viejo sistema penal estaba al amparo de un modelo seguido por nuestro país por más de 100 años, el cual ya daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad para cumplir lo que mandata la Constitución; que, entre los mexicanos, la justicia, en todos los órdenes, pero específicamente penal, fuera pronta y expedita. “Y este mandato estaba lejos de cumplirse. Ni era pronta, ni era expedita, menos aún transparente y abierta”.
Recordó que hace más de 8 años, diferentes organizaciones de la sociedad civil se plantearon el impulsar el cambio del modelo de justicia, por uno con distintas características. Que sea abierto, oral, transparente, que privilegie la conciliación sobre sólo el castigo; que respete los Derechos Humanos (DH), tanto del inculpado como de la víctima. “Es un modelo que rompe con la inercia, con el modelo con el que estábamos acostumbrados.” De ahí que destacó la importancia que tienen las universidades para formar a las nuevas generaciones con un nuevo modelo.
Esto impone, destacó EPN, la necesidad de hacer un cambio de cultura, de que la sociedad en general sepa que se cuenta con un nuevo modelo de justicia. Implicará todo un proceso de seguimiento, de evaluación y de ampliación a la capacidad que tenga el Estado mexicano para implementar este modelo, que ya lo ha hecho en un primer esfuerzo, pero que aún le falta de más por hacer. Reconoció la falta más infraestructura, a la constante capacitación de los servidores públicos, que sirven en las fiscalías, tanto Federal como en las estatales.
El paso que da México, señaló, pretende que la sociedad mexicana pueda confiar y encontrar, una verdadera administración de justicia como lo mandata la Constitución. A lo largo de este tiempo las instituciones del Estado mexicano pudieron prepararse: el Poder Legislativo, hizo cambios a distintas normas, quedando pendientes algunas que muy pronto estarán resolviendo en el periodo extraordinario que tienen programado. Al Poder Judicial, preparar los espacios, la infraestructura, a sus jueces, que habrán de trabajar al amparo de este nuevo modelo de justicia.
Alejandro Martí mostró su confianza por el nuevo sistema penal, sin embargo, fue uno de los más críticos en cuanto a la profesionalización de los operadores. Afirmó que no se puede permitir que, por error, ignorancia, corrupción o malformación, policías, Ministerios Públicos (MP), defensores, jueces y Magistrados tergiversen la ley, evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos. “Tenemos ejemplos espantosos de abusos de autoridad. Desde el policía que tortura, el MP que integra mal la investigación, hasta el juez que interpreta a modo la ley, y prefiriendo la justicia académica e ignorando pruebas indubitables en algunos casos, descuida la verdad y, con ello, la verdadera justicia”.
No hay duda alguna que hay miembros en el sistema judicial que son verdaderos héroes para cumplir con su trabajo; sin embargo, destacó Martí, se requiere un verdadero esfuerzo de cambio y mejoramiento en las instituciones policiacas y en los ministerios públicos, en el Poder Judicial mismo, en su estructura, se debe romper, también, viejas costumbres, como el nepotismo y, por ende, la selección y reclutamiento de Jueces y Magistrados. Todos esos errores, por razones que sean, aseveró, causan dolor, además de una gran frustración e impotencia. Se trata de actos de irresponsabilidad profesional y ética en la que se vuelve a victimizar al ciudadano ofendido. Aunque reconoció la participación y compromiso de funcionarios públicos que, con una alta responsabilidad social, atendieron y atienden a cabalidad la implementación del este nuevo sistema; lamentó el que otros fallaron por indolentes. Culmina la primera etapa de implementación, dijo, y se abre un segundo momento para consolidar lo ya sembrado, en donde hay nuevos retos y metas muy puntuales por cumplir en los que, desde la sociedad civil, conminó a los 3 Poderes a asumir y responder a la parte que a cada uno le toca.
La liberación de un delincuente que
argumenta tortura sólo debe ser viable
cuando no existan pruebas en su contra
más que la declaración o la confesión:
Alejandro Martí.
Martí enumeró 5 puntos necesarios para llevar a buen puerto el nuevo sistema de justicia penal:
- Las prisiones en México. Destacó la urgencia de continuar con la transformación integral del sistema penitenciario. Cuántas veces hemos dicho que, si no podemos controlar a los delincuentes encerrados, cómo podremos hacerlo estando ellos en libertad.
- La transformación de las policías.
- L a c o o r d i n a c i ó n interinstitucional. Es necesario fortalecer la coordinación de todos los operadores, con un sistema de información transversal de todo el acontecer judicial.
- Las leyes pendientes. Adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema, refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos. De manera urgente una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada.
- Poder Judicial. La liberación de un delincuente que argumenta tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que la declaración o la confesión. De lo contrario, el Estado estará castigando a las víctimas que nada tienen que ver con los hechos y que tan sólo piden justicia.
En este último punto, el Presidente de México sos, denunció que la ciudadanía corre el riesgo de sufrir más delitos en su agravio por la creciente impunidad con la que se han generado liberaciones de delincuentes. “Existen algunos jueces y magistrados que interpretan a modo los criterios de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, o bien, hacen elásticas las leyes nuevas o antiguas, según la conveniencia de los abogados defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen al delincuente, y revictimizan a los afectados”.
En el sistema antiguo, el órgano acusador
tenía enormes ventajas para obtener una
sentencia de ese tipo. Con el nuevo la cancha
se empareja: Miguel Carbonell.
La confianza en las instituciones es fundamental para una auténtica vida democrática. Deben estar, aseveró, a la altura para recuperar la confianza de la ciudadanía, porque la inseguridad, la injusticia, la impunidad y la corrupción, le duelen a México. La insensibilidad del Estado lacera.
El Dr. Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), resaltó el compromiso con la Reforma Penal de algunos gobiernos locales como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán. Aunque lamentó el rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. “Unos han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que el tiempo pase sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema”.
Acusó al Poder Legislativo de faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo Sistema de Justicia Penal aprobadas a tiempo. No se trata, indicó, que lo hagan al vapor, apenas unas horas antes de que fenezca la vacatio legis. No quisieron aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes como la que habrá de regir todo el todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal; tampoco la de ejecución de las sanciones, ni siquiera, denunció el investigador del IIJ, las indispensables reformas al marco jurídico de la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada. “Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio”. Ante ello, hizo votos porque estas omisiones se remedien durante en el periodo extraordinario de sesiones¡ del Congreso.
Se inicia una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal en la que habrá que continuar con los esfuerzos y las tareas pendientes de la mayor relevancia. Propuso trabajar al menos en los siguientes puntos:
- Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluidos los medios de comunicación.
- Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que lean en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.
- Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.
- Complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.
- Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.
- Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi, casi en tiempo real, ésta puede ser la tarea que haga la SETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.
La Confianza en los Jueces Legitima al Nuevo Sistema
Ante el señalamiento de malas prácticas dentro del Poder Judicial en la aplicación de la justicia en el nuevo marco jurídico, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salió al paso, para defender la profesionalización y desempeño de los jueces y magistrados. Destacó que el debido proceso legal es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país. Permite que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. “Mientras no existan pruebas licitas que así lo demuestren, los jueces no podrán seguir un camino fácil de condenar a alguien por su propia apariencia”.
Ha sido una mala práctica, acuso, descalificar a los impartidores de justicia fuera del contexto en el que han juzgado, lo que no contribuye al interés de lograr un mejor Sistema de Justicia Penal. Se hace sin conocimiento directo, muchas veces, de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto, y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que los rigen obligatoriamente. “Los jueces no son infalibles. Cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con rigor, porque no aceptamos jueces corruptos o torpes, que indebidamente aplican mal la ley, o que lo hacen en un sentido doloso”.
En el tiempo en el que ha estado al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se han sancionado a 3 Magistrados, a 3 jueces y a diversos funcionarios con destitución del cargo por su mala conducta, informó. Aunque reconoció que los casos son pocos, no por ello, debe hacerse una descalificación generalizada de los jueces, porque, la calificación y la confianza en ellos es la que legitima al nuevo sistema. “Si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, lo que nos serviría, inclusive para imponer las sanciones, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores, que al menos en el ámbito federal constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta para idear, diseñar, impulsar y hacer una realidad el nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Por otro lado, presentó un balance del trabajo realizado en el PJ para cumplir con el mandato constitucional. Este esfuerzo, llevado a cabo durante los últimos 8 años, pero especialmente en el último año, ha sentado la base para crear una estructura física y humana capaz de satisfacer la nueva justicia penal Federal. Ya se cuenta, indicó, con centros de justicia penal Federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas. En 28 de ellas ya funcionan las salas de Justicia Penal Federal con 31 centros con jueces especializados y seleccionados. Desde luego, están designados para atenderlos 118 Jueces de Distrito, que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación. “Con ello, no sólo hemos cumplido con la ley, sino que, además, hemos evitado e impedido, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad; haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o de designación indebida.”
