- Inicia México la transformación jurídica más importante en 100 años: Enrique Peña Nieto
- Las esperanzas de una sociedad dolida y escéptica están puestas en el nuevo sistema penal: Luis María Aguilar Morales
- Los gritos de hartazgo y la exigencia de justicia de la sociedad civil impulsaron elSistema Penal Acusatorio
No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Finalmente, y pese a algunos pronósticos adversos, el primer minuto del pasado 18 de junio entró en vigor en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio-Adversarial, que representa la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años, como lo aseveró el Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Se trata de una nueva etapa en la justicia penal que inició hace 8 años, en la que la transparencia, la publicidad y la prontitud serán los ejes bajo los cuales se regirán todos los procesos judiciales.
El acto simbólico de la entrada en vigor del sistema en todo el territorio nacional fue una ceremonia encabezada en la explanada del Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado de los representantes de los otros 2 poderes de las Unión, de los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CDMX, legisladores, juzgadores empresarios, académicos, líderes de organizaciones civiles, miembros del gabinete presidencial y representantes de los medios, destacando Peña Nieto durante su mensaje que éste constituía el paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz. Invitó a que se convierta en el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho. México vivía ya, destacó, un sistema que mostraba claros signos de agotamiento, de manera marcada ante el aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década del presente siglo. Recordó que fue la sociedad civil quien alzó su voz, con vigor y ánimo de proporciones nunca antes vistas, para demandar y contribuir a un cambio cualitativo en materia de Justicia Penal. “Las voces de la ciudadanía nos mostraron que no podíamos superar los desafíos del siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado”.
Es un momento histórico para el país, en el que los mexicanos podemos y debemos sentirnos muy orgullosos por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años, aseveró el Presidente. En este esfuerzo nacional, quedó de manifiesto que los cambios estructurales requeridos por México, sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno. En la fase de consolidación que inicia, comentó Peña Nieto, se requiere igualmente, de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado Mexicano en su conjunto. Hizo un respetuoso llamado a los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener la causa de la Justicia Penal como una prioridad nacional.
El Primer Mandatario reconoció la labor de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación como en el ámbito local, para renovar y actualizar su infraestructura, para seleccionar y capacitar a los magistrados, jueces, secretarios y actuarios que impartirán justicia. Mencionó que durante la etapa de implementación se contó con el apoyo de varios países amigos, quienes compartieron sus experiencias, destacó el caso de Canadá y Estados Unidos. El Gobierno de la República, comentó, tiene la determinación de ajustar donde haya que hacerlo, y de cambiar lo que sea necesario para que las instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con la transformación. Asimismo, expresó su reconocimiento a la labor de los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su Secretaría Técnica. “Desde el principio teníamos claro que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental y emblemática, pero era sólo la primera. El Sistema de Justicia es un sistema vivo, en constante transformación y evolución”. Comentó que en la fase de consolidación que se inició, se requiere de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado mexicano en su conjunto. Hizo un llamado a los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional. “Para que el nuevo modelo funcione, y funcione bien, es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo”.
Las voces de la ciudadanía nos mostraron
que no podíamos superar los desafíos
del siglo XXI con leyes, mecanismos y
procedimientos del siglo pasado: EPN.
Reconoció que en esta etapa todavía el aprendizaje será un factor, sino determinante, sí
propositivo para su consolidación. Todos los representantes del Estado mexicano, dijo, somos corresponsables del éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal. Agregó que sólo con un proceso continuo de aprendizaje y mejora, podrán corregirse las fallas y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar. “En el Gobierno de la República tenemos la determinación de ajustar, donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario, para que nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con esta transformación”.
Los Ojos y las Esperanzas de la Sociedad están Puestos en el Nuevo Sistema
Correspondió al Presidente de la Corte, Ministro Luis María Aguilar Morales dar el banderazo simbólico del inicio del nuevo sistema de justicia penal al dar un golpe con un martillo de la justicia a las 00.01 horas, asegurando durante su mensaje, que el Poder Judicial de la Federación ha emprendido una renovación completa como uno de los brazos esenciales, tanto del derecho público como de la organización jurídica de cualquier sociedad.
El precio pagado por no tener
una justicia con los estándares
necesarios, ha sido muy alto: el
incremento del delito por una c
reciente impunidad y la pérdida
de confianza en las instituciones:
Luis María Aguilar.
Lo realizado hasta ahora por todos los involucrados, resaltó, constituye ya un verdadero parteaguas en la
concepción e instrumentación de la justicia penal en México. Reiteró el compromiso del PJ a fin de alcanzar un sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados, destacadamente desde luego del imputado, pero con igual énfasis y preeminencia, los de las víctimas. Contará con Ministerios Públicos, policías de investigación, de prevención, jueces y magistrados locales y Federales, capacitados para el desempeño de sus funciones. “El precio que como sociedad hemos pagado por no tener o no haber tenido una justicia con todos los estándares necesarios, ha sido muy alto: el incremento del delito por una creciente impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones”.
Ante la magnitud de esta realidad y ante el peso de la responsabilidad histórica de revertir
su inercia, todos hemos cumplido la tarea impuesta por nuestra Ley Suprema, implementando la Reforma en el ámbito federal y local, desde los primeros operadores hasta los jueces, que dicen la última palabra. Aguilar Morales reconoció que la reforma deberá mostrar una mejora continua y permanente, como señal de identidad del nuevo sistema, ya que las personas y su esperanza en la justicia no esperan a que la administración, procuración e impartición de justicia se pongan de acuerdo en tecnicismos, pues tendrá como uno de los imponderables la incertidumbre y la desconfianza de la ciudadanía. “Los ojos de la sociedad, más todavía, las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada, están puestos en este nuevo sistema penal, y no podemos fallarles”, advirtió.
Se debe caminar con cautela y tomar en cuenta los problemas que se presenten para resolverlos de inmediato y estar atentos a las vicisitudes generadas para ajustarlas con toda rapidez a fin de dar certeza a procesos efectivos y eficientes, destacó el Ministro Presidente de la SCJN. “Hay que estar atentos y vigilantes, para que progresivamente y de manera sostenida, el nuevo sistema dé los resultados de justicia que el pueblo mexicano espera y necesita con especial urgencia. Sólo así contribuiremos a superar la crisis de credibilidad de la sociedad en las instituciones de la República”.
Para que el nuevo modelo funcione,
y funcione bien, es indispensable contar
con mecanismos efectivos de
evaluación y monitoreo.
Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, calificó al Nuevo Sistema de Justicia Penal como una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales de nuestra historia. Consideró que ha llegado el momento de cuidar este avance institucional, de cuidar el sistema, no solamente con una actitud absolutamente determinada porque funcione este modelo, sino haciendo bien la tarea que cada uno tiene. Un cambio profundo que implica una nueva forma de impartir justicia en nuestro país, de comprender el derecho, de razonar el derecho y también de construir el derecho.
Durante el evento, que congregó a cerca de mil 500 personas, el Presidente Peña Nieto firmó, junto con el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth y el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, el Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. Además, canceló el timbre postal, “2016 Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
- 21 mil millones de pesos invertidos.
- 400 mil operadores del nuevo sistema de justicia fueron capacitados.
- 240 mil elementos de seguridad pública, incluidas procuradurías y fiscalías se están modernizando y reestructurando.
- Se crearon y reformaron 21 leyes federales, entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A lo largo de estos 8 años se realizaron importantes inversiones en infraestructura, cerca de 21 mil millones de pesos, pero sobre todo en capacitación a fin de que los operadores del sistema estén a la altura de la nueva dinámica jurídica. Por ejemplo, los gobernadores en el ámbito de su competencia se dieron a la tarea de capacitar a más de 400 mil funcionarios del sistema, y de más de 240 mil elementos de seguridad pública, incluidas las procuradurías y fiscalías en donde se ha emprendido todo un proceso de modernización y reestructuración.
El camino no fue fácil, ya que se crearon o reformaron 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 normas locales; entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Las Fuerzas Armadas también forman parte de este nuevo escenario; con la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales, el Ejército y Armada de México se ajustan al debido proceso bajo un apego y respeto de los Derechos Humanos, habiéndose transformado la Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar.
