La presión interna e internacional obligó al Presidente Enrique Peña Nieto a modificar su posición sobre el fenómeno de la legalización de las drogas, ya que de su reiterada postura de cero tolerancia en este tema, ahora impulsa su legalización con fines medicinales. Ante la Asamblea General de la ONU, EPN aceptó la legalización parcial para efectos medicinales, su despenalización y el incremento en la cantidad autorizada para consumo personal. Dos días después del pronunciamiento ante la ONU, en un foro organizado por la Secretaría de Salud, el Presidente de Peña Nieto anunció una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que autoriza el uso de medicamentos elaborados con base en marihuana o sus ingredientes activos; autorizar la investigación clínica con fines de registro, para productos que contengan marihuana y sus ingredientes activos; y no considerar delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de marihuana, conforme a los estándares internacionales. Esto quiere decir que se dejará de criminalizar el consumo. Será éste sin duda un primer paso de otros que se darán en el tema para cambiar el paradigma, y concebir a las drogas desde un enfoque de prevención, salud y Derechos Humanos. Habrá que estar atentos al próximo avance en la materia, que seguramente será muy pronto por la gran presión social que existe al respecto.
Presentó la CNDH el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 afirmando que el sistema carcelario en nuestro país sigue siendo la piedra en el zapato de los gobiernos federal y estatal. Durante su presentación, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez advirtió que a pesar de la inversión realizada y el impulso promovido por las autoridades, aún existen serios rezagos como sobrepoblación, deficiente clasificación y supervisión penitenciaria y problemas severos en materia de protección de la salud, hizo un llamado a los legisladores para que emitan una Ley de Ejecución Penal con un perfil de Derechos Humanos que propicie la reinserción social. El Ombudsman nacional reconoció que a pesar de la voluntad expresada por las autoridades, es necesario que ésta se traduzca en acciones concretas, enfatizando en la necesidad de implementar medidas en el sistema penal acusatorio para agilizar con efectividad los procesos, a fin de reducir el número de personas privadas de su libertad, que no han sido sentenciadas. Esperemos que estas peticiones no queden en simples «llamadas a misa» para legisladores y autoridades de los ámbitos federal y estatal, ante la evidente urgencia de contar con un verdadero programa de readaptación social, de dejar atrás la negativa práctica que las cárceles no sigan siendo universidades del crimen, que deje de imperar la ley del más fuerte y que las autoridades carcelarias dejen de ser un adorno. Es preciso evitar la compra de custodios y las fugas de importantes delincuentes.
En un hecho inédito en nuestro país, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda ofreció públicamente disculpas a la sociedad por los “reprobables actos” en los que militares fueron exhibidos en un video cuando torturaban a una mujer. Si bien estos lamentables acontecimientos deben ser evitados y en su caso, castigados con todo el peso de la ley, es también importante reconocer las fallas al interior de las fuerzas armadas, y al mismo tiempo, garantizar que esto no se repita. Este acto es una muestra de que los militares deben terminar lo más pronto posible las tareas de seguridad pública y regresar a los cuarteles, así como que falta mucho por hacer en materia de capacitación en temas de Derechos Humanos. También es necesario reconocer el compromiso que asumió el Gral. Cienfuegos para evitar que este tipo de actos ocurran nuevamente y destacar que no hay impunidad para quienes actúen fuera de la ley. Prueba de ello, dijo, es la consignación y juicio que se realiza a los elementos castrenses que aparecen en el video exhibido en las redes sociales. Como lo señaló el titular de la SEDENA, es importante denunciar aquellos actos ilícitos cometidos por militares contra civiles.
Denunció enérgicamente la Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora a los 24 congresos estatales que se resisten a armonizar sus leyes de transparencia con la ley general en la materia, que frenan la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Es lamentable que no haya un compromiso por parte de las entidades por llevar a cabo un verdadero ejercicio de transparencia a la que constitucionalmente están obligados. Lo triste, aseveró la Presidenta del INAI, es que, una vez más, la sociedad mexicana es testigo de leyes hechas sobre las rodillas, al vapor, sin ningún aporte, o el simple copy paste con tal de cumplir en tiempo, o dejar que otros resuelvan el problema. Aunque difícil de creer, este posible retardo tal parece que se deba a un síntoma electoral, es decir, lavarse las manos y dejar que la nueva administración se encargue de este tema tan delicado, para dejar en la opacidad información trascendental, como el manejo de recursos de los actuales gobiernos estatales y municipales. El 5 de mayo es el plazo que la Carta Magna establece a los estados para ajustar sus leyes con la norma general, y hasta el momento únicamente 8 entidades (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Morelos, Oaxaca y Tabasco), han cumplido, por lo que dicho desinterés obligará al INAI a atender los cientos de casos que seguramente les serán solicitados por esta responsabilidad.
Parten molestos los miembros del GIEI al no ser renovado por parte del Gobierno Federal su contrato multimillonario en dólares, despidiéndose los especialistas extranjeros atacando la investigación de la PGR, no obstante que la mayoría de los peritajes sobre los hechos del basurero de Cocula coinciden en que el 27 de septiembre de 2015 hubo fuego elevado y que se encontraron restos humanos que acreditan que al menos 17 cuerpos fueron ahí incinerados. Más allá de que se trata de una investigación compleja y que hay más de 150 personas detenidas y consignadas ante un juez, no debe olvidarse que el dicho del perito peruano José Torero, en el sentido de que no hubo incendio en ese lugar en esas fechas, quedó aislado y procesalmente descartado. Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR ha dejado en claro que siempre existió disposición y apertura en la colaboración con el GIEI, pero con pleno respeto al debido proceso, lo cual en muchos casos no les gustó, recordando que los 6 peritos que elaboraron el tercer informe de fuego fueron seleccionados de común acuerdo por el GIEI y la PGR y que ésta última puso a disposición de la ciudadanía la versión pública del expediente vía internet.
