La detención en España del ex Gobernador de Coahuila y ex Presidente del PRI, Humberto Moreira Valdés por los delitos de lavado de dinero, asociación criminal, cohecho y malversación de caudales públicos, abrió un gran debate en nuestro país sobre los niveles de impunidad con los que se protege a la clase política, y a pesar de que el Juez de la Audiencia Nacional le concedió una libertad provisional, todo parece indicar que este asunto será reabierto por la Procuraduría General de la República, que ya lo había exonerado en la administración de la Procuradora Maricela Morales.
El golpe mediático que han causado en México las investigaciones en España y en EEUU de las supuestas conductas fraudulentas de Moreira y algunos de sus colaboradores y socios, que ya han declarado ante autoridades judiciales texanas, derivados de la multimillonaria deuda pública que éste contrajo en su sexenio, están obligando al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a profundizar en las investigaciones y no pagar “los platos rotos” de actos de corrupción que él no cometió. Bastante caro le ha salido proteger al ex gobernador del PRD, Ángel Aguirre Rivero en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Sin embargo, la exoneración de Moreira no fue completa, luego de permanecer una semana en la cárcel de Soto del Real, fue exhortado a no abandonar España y entregar su pasaporte.
El proceso todavía no culmina, las acusaciones hechas por los fiscales anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda permanecen, en tanto Moreira Valdés goza de su libertad provisional, luego que el Juez considerara como válidas las pruebas presentadas por la defensa, en donde se acredita la transferencia de casi 200 mil euros de México a España.
Mientras en una Corte de Texas, en Estados Unidos enfrentan cargos 2 miembros de su gabinete, Héctor Javier Villarreal Hernández, ex Tesorero y Jorge Juan Torres López, ex Secretario de Desarrollo Social y quien fungió como gobernador interino cuando el entonces gobernador, solicitó licencia para dirigir el PRI.
Cómo explicar a la comunidad internacional y a la sociedad mexicana que mientras en México, las denuncias contra Moreira no procedieron, en otros países sí continuaron investigando las querellas, no sólo contra ex funcionarios de su administración, sino contra el propio Moreira.
Habría entonces que preguntarse ¿qué tipo de información tienen agencias de procuración de justicia de otros países que aquí se desconocen? Sin duda que este capítulo todavía tiene mucha tela de dónde cortar y el caso Moreira debe obligar a revisar las leyes y procedimientos de investigación que están por aprobarse a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción.
