La Asamblea General de Naciones Unidas, desde el año 2003 –en el marco de la firma de la Convención de Mérida contra la corrupción-, ha señalado el 9 de diciembre como el Día Internacional del Combate a la Corrupción. A propósito de esa fecha, conviene hacer un análisis de cómo es que se ha entendido este fenómeno.
Aproximadamente hasta finales de la década de los 80’s, antes de que cobrase conciencia sobre la nocividad de la corrupción, se llegó a sostener que en sistemas económicos en exceso rígidos, en donde el Estado juega un papel determinante en la producción distribución y consumo de bienes y servicios, tal como sucede en los países en desarrollo, la corrupción podía tener el efecto de un lubricante para la maquinaria estatal. Se consideraba que el pago de sobornos ayudaría a remover los obstáculos para la inversión y para otras iniciativas económicas, ya que las empresas más rentables podrían cohechar a los funcionarios encargados de dar los permisos correspondientes, obteniendo así las autorizaciones y licencias necesarias para efectuar sus inversiones y desarrollar su actividad. Por otro lado, se consideró que la «mordida» o «coima», además de acelerar los trámites administrativos, actuaba como un suplemento del salario de los funcionarios públicos, lo cual redundaría en mayor fuente de empleo por parte del Estado sin la necesidad de aumentar los impuestos, o incluso disminuyéndolos, ya que los gobiernos no se verían obligados a destinar parte de su presupuesto en la contratación de nuevos funcionarios.
La concepción ha cambiado y las rigideces que se suponía que la corrupción relajaba, hoy se consideran como consecuencias propias del sistema, frecuentemente creadas o fomentadas en forma explícita para que ciertos funcionarios generen o fomenten la obtención de sobornos, con el propósito de remover los obstáculos que ellos mismos han creado. Así, aquella visión de la corrupción, que la consideraba como un factor benéfico en los procesos económicos, se encuentra al día de hoy en descrédito y es generalizada la opinión de considerarla un factor de riesgo que incide no sólo en la economía de los Estados, sino que atenta contra los principios libertarios de la democracia.
La corrupción produce un abanico tan amplio de efectos adversos, que van desde las distorsiones en el mercado, a la evasión o defraudación fiscal, pasando por «leyes» con nombre propio, así como dilaciones procesales, y adquisiciones sobre o subvaluadas. En el planteamiento del problema, no podemos olvidar que afecta también al sector privado, la cual repercute directamente en la esfera pública, al distorsionar los ingresos del Estado y en consecuencia su presupuesto de egresos; y lo más alarmante, genera mayor corrupción en el aparato público para favorecer intereses particulares, es decir, la corrupción genera más corrupción. Así, son diversos los rubros donde produce sus efectos negativos: en un Estado de Derecho, es ilegal y configura conductas delictivas; para la economía distorsiona el mercado, afecta la productividad, frena el desarrollo e inhibe la inversión de capitales; en la democracia, perjudica la gobernabilidad, por el descrédito del corrupto y por los vacíos de poder.
Hoy, no cabe duda de que la corrupción produce efectos en extremo perjudiciales, y en el caso concreto de México, Transparencia Mexicana (TM) a través de su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), analiza la incidencia de en 35 servicios públicos prestados tanto por autoridades federales, estatales y municipales, como por particulares concesionarios o administradores de los mismos. Se trata de un amplio grupo de servicios públicos que van desde la inscripción en escuelas oficiales, obtención de actas, licencias o permisos, hasta el acceso a la salud pública en caso de urgencia o la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.
Es un acierto crear el marco institucional para hacer frente a la corrupción, que aqueja al país, pero, es fundamental en su combate, la reestructuración del tejido social tan ampliamente dañado.
