El nuevo sistema de justicia en México, próximo a iniciar en junio, no pasa por alto a la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP. De ahí que su titular, Max Alberto Diener Sala, ha impulsado un arduo trabajo en la capacitación del personal en la materia, que ponga a la institución en los mejores estándares para incorporarse al nuevo Sistema Penal Acusatorio.
México es una nación con muy bajos índices de recaudación tributaria, señaló, que deben ser elevados si que- remos tener un país moderno y mejorar los servicios públicos. Lo más importante es que las acciones de todos, autoridades y contribuyentes estén orientadas a respetar y fortalecer el Estado de Derecho. Por parte de la Procuraduría, esto significa aplicar las sanciones debidas contra aquellos que no respetan la ley fiscal para enviar un mensaje a la ciudadanía que no habrá impunidad si no cumplen con sus obligaciones tributarias.
Para lograrlo, asegura Diener Sala, se requiere mejorar las atribuciones de la Procuraduría Fiscal y ampliar la visión del Derecho Fiscal, no sólo en el espectro nacional, sino también en su internacionalización, ya que las transacciones de las empresas multinacionales se vuelven muy complejas porque sus operaciones fluctúan entre varios países y muchas de ellas hacen estrategias para pagar impuestos en los paraísos fiscales, sin dejar un derrame económico proporcional en aquellos en donde se está generando valor a su producción.
En entrevista con Foro Jurídico, el Procurador Fiscal detalla cómo el gobierno trabaja afanosamente para impulsar el pago de contribuciones, pero al mismo tiempo, agilizar los esfuerzos necesarios que eviten una doble tributación y respetar los Derechos Humanos de los contribuyentes. Presentamos a nuestros lectores la parte sustantiva de la entrevista.
¿Qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación?
La Procuraduría Fiscal (PF), dependiente de la SHCP, es una institución que lleva más de 60 años de existencia que con el tiempo ha evolucionado y adquirido nuevas funciones. Su pro- pio nombre devela parte de su respon- sabilidad, que es procurar la justicia en materia fiscal. Esto es, iniciar todos los procesos penales que tienen que ver con temas tanto de defraudación fiscal como de delitos financieros. Dentro de esta función, se encuentra todo el proceso penal, en el que llevamos 2 mil asuntos con un porcentaje de éxito arriba del 70% de los casos en los que logramos ordenes de aprehensión o un auto de formal prisión.
Otra de las acciones que resultan fundamentales de la PF es la parte legislativa; todas las iniciativas relacionadas con el sector fiscal y financiero pasan por aquí. De ahí que tenemos acceso y coadyuvancia con otros sectores como es el energético o el de telecomunicaciones, en donde fungimos como un órgano de asesoría. Además, nuestra labor es preparar los paquetes económicos que se mandan cada año, porque somos un área de apoyo para todas las subsecretarías. Por ejemplo, la parte de ingresos y de la miscelánea fiscal es un proyecto elaborado dentro de la subsecretaría de ingresos pero todo tiene que pasar por nosotros. Aportamos una segunda revisión, un análisis técnico jurídico; somos un segundo filtro. Posteriormente, todo documento es enviado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para un tercer filtro. Cuando el Presidente de la República manda una iniciativa de ley, ésta ya pasó por todo un proceso de revisión con distintos enfoques.
En la PF también monitoreamos y damos seguimiento a las distintas leyes enviadas al Congreso; un ejemplo es la Ley de Disciplina Financiera, la cual regulará el tema de deuda a nivel de los estados y municipios.
Las acciones de todos, autoridades y
contribuyentes deben estar orientadas a
respetar y fortalecer el Estado de Derecho.
Por parte de la Procuraduría esto significa
aplicar las sanciones debidas contra
aquellos que no respetan la ley fiscal.
Tenemos la Ley de la Tesorería de la Federación que se fue con el paquete económico que estamos todavía en la parte final de su negociación; tenemos la Ley de las Asociaciones Público Privadas (APPs) relacionada con la inversión privada que potencia la construcción de infraestructura pública, con asociaciones público privadas; también está en nuestras manos la Ley de Zonas Económicas Especiales. Todas estas leyes se elaboran en las áreas especializadas, la labor de la pf es brindar la asesoría jurídica necesaria y apoyar en la negociación con los legisladores, sobre todo en lo que respecta al paquete económico enviado por el Ejecutivo federal que incluye las leyes de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Miscelánea Fiscal y Ley Federal de Derechos.
¿Cuál es la Estructura de la Procuraduría Fiscal?
Contamos con 4 subprocuradurías: la penal, que es la de investigaciones, la de amparos, la de legislación y consulta y la de legislación financiera. Hay una especializada en todo el tema financiero que ve toda la regulación bancaria, que también pasa por la Procuraduría en la parte jurídica y sobre todo, en la participación en los consejos, en las comisiones y en los órganos de gobierno de todas las comisiones como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, (CONSAR). Una de las áreas principales es la de Amparos. La PF se encarga únicamente de aquellos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de leyes fiscales. Hoy la PF tiene 70 mil amparos en curso, entre los que se encuentran los límites a las deducciones, el paquete fiscal 2014, el tema de contabilidad electrónica, que todavía no está resuelto por la SCJN, del que existen más de 20 mil amparos. Algunos ya resueltos tuvieron que ver con el iva en la frontera.
La parte de amparos es muy rica, es muy neurálgica porque al final del día, da certidumbre a la legislación fiscal al declararla constitucional. En la materia también hay cuestiones ad- ministrativas, por eso litigamos en el tribunal fiscal. En materia contencio- sa, cuando se dan nulidades de actos administrativos, tenemos que estar impugnando ante el hoy Tribunal Fe- deral de Justicia Administrativa. Es una labor muy intensa, por eso el área más grande de la pf es la subprocuraduría de amparos, en donde contamos con cerca de 300 personas del total de 700 que laboramos en la institución.
Hay un tema que es importante abordar pero que los ve directamente el SAT, que son los Acuerdos Conclusivos (AC) y las repercusiones que tienen. Recordemos que un AC se da cuando ya hay una serie de problemas y puede haber aspectos penales que ya estén procesándose, por lo cual resultan un acercamiento muy positivo entre la autoridad y el contribuyente. El objetivo del fisco no es meter gente a la cárcel, sino que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en términos con la ley y al final de cuentas que se recauden los recursos.
Hay que reconocer que quien hace trampa o no respeta la ley, puede tener un problema y acabar incluso en la cárcel. Esa es una situación que se vive en cualquier Estado de Derecho, la última instancia si implica la pena corporal, entonces, en este sentido, esos incentivos y sanciones deben ser muy claros en la sociedad para que todos sepamos que debemos cumplir nuestras obligaciones fiscales.
El outsourcing y las facturas sin sustancia son los principales retos que enfrenta la Procuraduría Fiscal.
Uno de los temas fundamentales en México es el Estado de Derecho. Es una de las piezas, después de las grandes reformas promovidas por la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que hace falta consolidar. No tendremos una sociedad moderna, un México próspero, si no logramos que esa pieza funcione perfectamente. Los ejemplos son numerosos, pero basta decir que mucho podría ahorrarse en tiempo y recursos si todos, empresas, sociedad y autoridades cumplieran cabalmente los contratos a los que se someten. En nuestro país debemos tener la certidumbre de que un compromiso firmado se honrará, si alguien comete algún tipo de irregularidad, ésta se castigará por tribunales que serán expeditos para determinar la responsabilidad. Todavía nos falta dar ese un último paso para consolidar verdaderamente el Estado de Derecho; aunado al tema del castigo total a la corrupción. Esas son las piezas para tener un México moderno y no es que falten, deben consolidarse. Dentro de esa lógica, la Procuraduría como institución, tiene una gran labor, y es justamente el dejar muy claro a los ciudadanos, a los contribuyentes, que en la medida en que uno cumple, no hay problemas. Pero al cometer irregularidades, delitos o trampas, éstas serán castigadas, esa señal creo que debe fortalecerse frente a la sociedad.
¿Qué implicaciones tiene el Nuevo Sistema de Justicia en los Delitos Fiscales y Financieros?
Tiene todo un impacto en la institución, por eso nos estamos preparando. Desde hace más de un año se lleva un programa de capacitación en el cual tenemos el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, asi como del gobierno de Colombia. Además, hemos tenidos intercambios con Chile, organizando 3 o 4 seminarios y tenemos pendiente una visita a Colombia en 2016. Existe una amplia preparación, el grupo de trabajo incluye evidentemente, abogados de la PF y del SAT. Los ejercicios consisten en conocer cómo se arma un caso fiscal desde la perspectiva de los juicios orales. Nuestras pruebas, que tienen que ver con dictámenes contables de auditoría, actualmente se desahogan de forma escrita; no tienen que ver como en otras materias con una escena del crimen o si algo se alteró. Estamos obligados a hacerlas valer explicándolas ante la audiencia para generar una convicción al juez, ese es el gran reto que tenemos.
De tal forma, aunque tenga un dictamen contable, en donde acredite debidamente un faltante de recursos declarado por un millón de pesos, señalado por el SAT o por los auditores, no es suficiente para que se dé por válido. Se debe explicar en la audiencia pública y oral al juez el por qué resulta está situación. Los abogados de la contraparte también pueden vertir los ele- mentos que les convengan; porque de no convencer al impartidor de justicia puede no tomar en cuenta la prueba y por lo tanto se puede perder el caso. Ya contamos en la PF con una sala de juicio oral para llevar a cabo todas estas capacitaciones y entrenar a nuestro personal sobre cómo debemos comportarnos, dirigirnos y argumentar durante una audiencia ante el juez que es la parte más importante, dado que es oral. Debemos estar preparados ante las posibles reacciones de las contra partes; ensayamos sobre distintos escenarios de argumentación. Debemos recordar que otra parte de los juicios orales tiene que ver con las soluciones alternativas, a las que por definición estamos obligados; por lo tanto, eso nos va a llevar a una nueva dimensión en el tema penal.
Eso es uno de los retos, debemos estar listos para junio de este año, eso quiere decir que tenemos todavía unos meses, pero hemos trabajado desde hace más de un año. Tenemos permanentemente pláticas con la titular de la PGR, la Mtra. Arely Gómez González, porque está muy interesada en cómo hemos trabajado en la parte fiscal, para que también ellos, en su momento, puedan armar juntos algunos módulos en temas de juicios orales.
¿Cuál es su relación con el Ministerio Público?
En este tema tenemos una gran labor porque el Ministerio Público (MP) siempre va acompañado en temas de delitos fiscales y financieros (defraudación fiscal, contrabando, etc) por la Procuraduría Fiscal, digamos que somos coadyuvantes desde la presentación de la querella o la opinión de delito, que llega por alguna solicitud del SAT, de las comisiones bancarias o de valores entre otros. En todo momento desde que inicia el proceso penal, acompañamos al MP. Cabe recordar que en la PF tenemos una dirección de control de procesos que va prácticamente de la mano con el MP hasta el final de los procesos. Entonces debemos prepararnos no sólo desde la presentación de las causas, en el desahogo de las audiencias, las apelaciones, en fin, en todas las demás instancias que haya.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la Procuraduría?
Diría que la Procuraduría Fiscal se encuentra enfocada en estos momentos en 2 temas importantes, el outsourcing y las facturas sin sustancia. El primero, de ellos (outsourcing) se refiere a simulaciones de las empresas para no cumplir sus responsabilidades en cuestiones de seguridad social y los impuestos que esto implica. Esto se logra al simular, a través de la creación de distintas empresas, la contratación de servicios cuando enrealidad son empleos que tienen una subordinación laboral. En este esquema, como sueldo, realmente se paga una cantidad muy baja, lo cual casi no causa impuestos ni seguro social; luego a través de las otras empresas subcontratadas se complementa el salario, pero se maneja como el pago de un servicio. Eso genera esquemas de elusión y evasión fiscal. A pesar de que es un tema que se ha combatido en los últimos años, y la reforma laboral logró regularizarlo. Debemos dar señales mucho más claras a la sociedad de que esta es una mala práctica ya que se ha convertido en un tema de conversación social y se ha asimilado como algo “normal” entre los empresarios. Esto no quiere decir que no sean válidos y legales muchos esquemas del outsourcing por eso hay que analizar cada caso para asegurar que el objeto del servicio prestado por esa empresa sea verdadero y no una simple simulación. Son miles de millones de pesos los que se dan de evasión fiscal con esta figura.
En cuanto a las facturas sin sustancia, que son aquellas facturas apócrifas de las cuales los domicilios fiscales son simulados; las empresas que las emiten tienen direcciones ubicadas en los lugares más remotos. Facturan miles o millones de pesos al año, de 2 formas; a través de falsas acreditaciones de iva o también a nivel de ISR. Ya la Corte declaró constitucional un artículo específico que incluimos como Procuraduría en la legislación fiscal para que haya un proceso de presunción. De tal forma que se identifica y crea una lista de empresas sospechosas de emitir facturas sin sustancia y se les otorga un plazo de 15 días para comprobar estas irregularidades. Cuando no lo hacen, a todos los que hayan lidiado con esas facturas, proveedores y todos aquellos involucrados, se les reversan esos efectos y los impuestos se activan automáticamente. La Corte declaró constitucional, el 69-B, primer párrafo del Código Fiscal Federal, que se refiere a la publicación de la lista de presunción de personas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. En muchos casos, se cobra una factura de millones de pesos, la empresa hace un trabajo de sistemas, o algo parecido para simular que hay un intercambio de un servicio y luego se pasa ese pago por 5 o 6 compañías para que la operación sea más sofisticada y difícil de detectar. Estos son esquemas comunes usados para evadir el pago de impuestos.
Los BEPS son las estrategias de planeación fiscal que usan las empresas multinacionales para aprovecharse de las inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales y trasladar sus beneficios a países que son paraísos fiscales.
El mensaje que debemos dar, y es un reto hacerlo, es que quienes elaboran o reciben facturas sin sustancia o que realicen operaciones de outsourcing, a sabiendas de que están cometiendo delitos, y se les detecta, serán llevados hasta las últimas consecuencias.
¿Cuál es su relación con la PRODECON?
Soy de los convencidos que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha venido a sumar dentro de todo el esquema la defensa de los contribuyentes. Tenemos una relación cercana, gran parte de los litigios y sobre todo, aquellos que tienen que ver con cuestiones masivas, que es lo que busca la Ombudsman del contribuyente, cruzan con la parte de la PF porque en ocasiones los temas abordados son trasversales. Por ejemplo, el pago de pensiones o el descuento de las pensiones de bajos ingresos; todos esos asuntos se analizan jurídicamente, se trata de coadyuvar para ver cuál es la salida y hasta dónde hay una razón por parte de lo planteado por la PRODECON y hasta dónde hay un argumento que pueda tener el SAT o en su caso la PF. Así que mientras la PRODECON atiende a cualquier persona que tenga una queja, en la Procuraduría nos enfocamos más en el litigio muy estratégico, de empresas que manejan mucho dinero y que muchas veces son casos que llegan hasta la Corte. Pero también en la parte litigiosa transversal de interés masivo colaboramos con ellos. La PRODECON ha hecho mucho énfasis en rescatar los Derechos Humanos (DH) de los contribuyentes. En la PF creemos que hoy en día, en la parte fiscal, esta dimensión es fundamental. Pero eso no debe confundirse. El fisco, en este caso tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal, debemos ser muy rigurosos para hacer cumplir las obligaciones fiscales, creo que hay muchas oportunidades para lograrlo y mejorar el sistema fiscal mexicano para evitar que grandes abusos.
¿Cuáles son los temas internacionales del Derecho Fiscal que México debe integrar en su legislación?
Hoy estamos en un proceso de inter- nacionalización del Derecho Fiscal como nunca se había dado. Esto parte desde el 2008; al suscitarse la crisis económica, una de las medidas que toma el G-20 es fortalecer todos los sistemas nacionales para evitar la ilusión y la evasión fiscal. Para lograrlo, es necesario una colaboración entre países e intercambio efectivo de información que permita trazar las transacciones internacionales de las grandes empresas. En el marco de la doble tributación, la comunidad internacional está poniendo especial énfasis en los BEPS, por sus siglas en inglés (Base Erosion and Profit Shi- fting), en español, “Base Imponible y el Traslado de Beneficios”.
Este término se usa para describir las estrategias de planeación fiscal que usan las multinacionales para aprovecharse de las discrepancias e inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales y trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación, para eludir de esta forma el pago de impuestos. La realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación internacional para luchar contra estas prácticas. Se calcula que la evasión que se da en las jurisdicciones por la transferencia de beneficios a países con niveles más bajos de recaudación o de regímenes fiscales más benéficos, es de 250 mil millones de dólares al año. Es impresionante lo que se pierde cuando las grandes empresas multinacionales transfieren sus ganancias a través de pagos de intereses, de asistencias técnicas, de regalías y toda una serie de cuestiones. La Organización para la Coo- peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en julio de 2013 un Plan de Acción que diagnosticaba los principales problemas que había que afrontar relativos a las BEPS. Dicho Plan fue respaldado por el G-20 y al día de hoy ha resultado en varias recomendaciones y propuestas a los países.
Las 15 acciones BEPS consisten en:
Acción 1: Hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la Economía Digital.
Acción 1: Hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la Economía Digital.
Acción 2: Neutralizar los efectos de los desajustes provocados por mecanismos o dispositivos híbridos.
Acción 3: Fortalecimiento de las Normas sobre transparencia fiscal internacional, CFC, “Compañías Foráneas controladas”.
Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducción de intereses y otros pagos financieros.
Acción 5: Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia.
Acción 6: Evitar el abuso de los con- venios para evitar la doble imposición.
Acción 7: Impedir la elusión deliverada de la condición de Establecimiento Permanente.
Acciones 8-10: Garantizar que los resultados en materia de precios de transferencia tengan correspondencia con la creación de valor.
Acción 11: Establecer metodologías para la recopilación y análisis de datos para evitar los BEPS.
Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planeación fiscal agresiva.
Acción 13: Reexaminar la documentación de precios de transferencia.
Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias.
Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las medidas desarrolladas.
¿Qué medidas se están tomando en la comunidad internacional para evitar los BEPS o el traslado de beneficios a paraisos fiscales?
Como hemos visto, la dimensión internacional es uno de los grandes temas en la parte fiscal. En el marco de la OCDE, se está negociando por primera vez, entre los más de 50 países miembros, una nueva Convención Multilateral. Con ella se pretende modificar los más de 3 mil tratados bilaterales existentes en el mundo de doble tributación, para crear una serie de conceptos estándar. La forma de lograrlo es a través de una convención multilateral posterior, que automáticamente modifique los convenio bilaterales sin que tenga que haber negociacio- nes bilaterales
Uno de los temas de la convención multilateral tiene que ver con la definición de establecimiento permanente, que permitirá gravar el impuesto en el país en el que se genera la fuente de riqueza. Esto es, si una compañía se establece en México, tiene que tributar en México. Actualmente sucede que algunas empresas se establecen y empiezan a hacer operaciones comerciales pero dicen que son oficinas de representación o de publicidad, así que, haciendo uso de estas figuras, no tributan a pesar de que sea éste el país en donde se está produciendo. De ahí que uno de los temas a atacar tiene que ver justamente con definiciones mucho más acotadas de lo que son “Establecimientos Permanentes”.
Otras de las negociaciones que se están llevando a cabo tienen que ver con reglas anti abuso. Básicamente se están regulando 2 cosas: en primer lugar que haya límites a los beneficios qu se dan a las empresas en los países para que no haya desigualdades muy grandes que les den el incentivo para mandar sus recursos a otro lado. Un ejemplo muy claro de esto es Irlanda, país en donde están las sedes de las grandes compañías porque el ISR es de 5%. Por otro lado, se negocia la posiblidad de abrir la puerta a iniciar un arbitraje internacional obligatorio y vinculatorio en el tema fiscal. Hoy existe un esquema de mutuo entendimiento entre todos los países que cuando en un caso de doble tributación no se ponen de acuerdo, se pueden ir a un proceso de conciliación pero no hay una obligatoriedad. Así que por el momento, la discusión se centra en que tenemos que hacer obligatorio el arbitraje entre soberanías.
En el tema del arbitraje internacional, en México ya conotamos con estos procesos de mutuo entendimiento en nuestros tratados bilaterales fiscales, esto es, se otorga a los países un plazo de 3 años para ponerse de acuerdo para el cobro de impuestos como el ISR, a fin de evitar una doble tributación. Las partes pueden ser países o particulares que se les cobran impuestos en 2 paí- ses y en la actualidad pelean por su derecho de que sólo se les cobre en uno. Queremos cambiar la legislación para que este arbitraje se vuelva obligatorio y vinculatorio en sus re- soluciones una vez transcurrido este tiempo, tal como lo recomienda la comunidad internacional.
¿Qué esta haciendo México para alinearse con las regulaciones internacionales en materia fiscal?
En el tema del arbitraje internacional, en México ya conotamos con estos procesos de mutuo entendimiento en nuestros tratados bilaterales fiscales, esto es, se otorga a los países un plazo de 3 años para ponerse de acuerdo para el cobro de impuestos como el ISR, a fin de evitar una doble tributación. Las partes pueden ser países o particulares que se les cobran impuestos en 2 paí- ses y en la actualidad pelean por su derecho de que sólo se les cobre en uno. Queremos cambiar la legislación para que este arbitraje se vuelva obligatorio y vinculatorio en sus re- soluciones una vez transcurrido este tiempo, tal como lo recomienda la comunidad internacional.
Para alinearnos en el combate a los BEPS, en la miscelánea fiscal de este año sugerimos se incluya un apartado en el que se le pida a las empresas información sobre su estructura, tanto nacional como internacional. Es decir, cómo se correlacionan sus corporativos, oficinas y sus diferentes matrices y representaciones. Muchas compañías elaboran diferentes partes de sus productos en diversos países; esto les permite una conveniencia económica y un ventaja, pero al final sólo tributan en el país en donde es ensamblado y puesto a la venta el producto final. Si bien es cierto que las empresas tienen el derecho y objetivo de perseguir su mayor beneficio económico, también lo es que algunas usan estrategias fiscales para no pagar impuestos. Por eso, al analizar nosotros el flujograma de cada una de ellas, podremos saber si realmente hay una lógica de mercado en sus transacciones o si algunas son simplemente por cuestiones tributarias.
Como podrán apreciar, esto se vuelve una cirugía muy compleja y estratégica que además es un tema internacional porque no atañe tan sólo un país, sino que necesita la cooperación e intercambio de información entre varios. Esto aplica para rastrear las transacciones tanto de las empresas como de los grandes inversionistas que aprovechan esta dificultad, para cobrar sus dividendos en aquellos paraísos fiscales.
¿Qué desafíos fiscales tiene la expansión de la economía digital?
La economía digital se caracteriza por basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, por el uso masivo de datos -especialmente los personales- y por la dificultad para determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor. Estos fenómenos han creado oportunidades para que las multinacionales minimicen enormemente su carga tributaria debido a que no existe legislación expresa en la materia. Por lo que muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento. Un tema que se ha integrado también en la agenda internacional son las com- pras por internet ya que todas éstas no pagan el iva. No cabe duda que la tecnología ha rebasado a la legislación. Cada día aumentan más las ventas por el ciber espacio en donde no se tiene un registro ni un pago de este impuesto. Amazon se aca
ba de establecerse en México pero como sus ventas son en línea, el país no recibe un ingreso por concepto de iva, tampoco por los envíos que hacen de mercancía. En este rubro se dejan de recaudar transacciones millonarias Hay una gran oportunidad y un gran reto en cuanto a recaudación en ese tema.
¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión?
La evasión por sí misma es un delito, es cuando cuando existe una obligación expresa en la ley de pagar algún impuesto y el contribuyente no lo hace. Es decir, que en este caso se trata de aplicar la ley. La elusión es un caso un poco más complicado porque no quiere decir necesariamente que la conducta que se llevó a cabo sea ilegal, porque probablemente no está expresamente prohibida por la ley o se aprovecharon de algunas lagunas o contradicción entre leyes para evadir el pago.
La elusión no está tipificada directamente como delito, por eso es más difícil de comprobar; para hacerlo debe vincularse a alguno de los delitos que sí está en el Código Fiscal, ejemplo, el no haber presentado la información correcta. El punto aquí es comprobar que el objeto e intención de la conducta fue el de no pagar impuestos. Esto sucede mucho con los outsourcing que pueden ser empresas que sí estén bien constituidas y que paguen los impuestos que se debe pero que en su estrategia, son usadas para pagar por fuera complementos de salarios de los trabajadores de empresas que se reportan como servicios externos y que no pagan todos los impuestos que se deberían.
¿Algún mensaje final?
Lo más importante es que las acciones de todos, autoridades y contribuyentes estén orientadas a respetar y fortalecer el Estado de Derecho. Por parte de la Procuraduría esto significa aplicar las sanciones debidas contra aquellos que no respetan la ley fiscal. Que la gente sepa que no hay impunidad y que cuando actúa mal, o evade impuestos, será sancionado y que la piensen 2 veces.
En México tenemos un verdadero problema con la recaudación de impuestos. Actualmente representa alrededor de un 13% del PIB. Con las reformas estructurales que ha tenido esta administración se logró elevar el porcentaje, anteriormente era de un 10%. Sin embargo, esta cifra es muy baja si nos comparamos con otros países del mundo. En España, por ejemplo, representa un 30% del PIB.
Debemos de lograr que el pago de impuestos sea más sustancial para que se vuelva en un pilar de soporte para la economía. Por mucho tiempo, ésta se ha sustentado en los ingresos del pe- tróleo, sin embargo, es muy peligroso que basar nuestro crecimiento en un recurso no renovable, que nos estamos gastando. Antes de la crisis del 2008, el ingreso del petróleo era equivalente a 40% del PIB pero con todos los temas internacionales bajó al 18%. Aquí nos damos cuenta cómo el basar nuestra economía en el petróleo es como querer sustentarla en un alfiler.
Es labor de todos aportar para para mejorar los servicios y construir un país moderno. El gobierno no lo puede hacer solo si los ciudadanos no pagan impuestos. No se justifica que los contribuyentes digan que no pagan impuestos porque no lo ven reflejado en los servicios, si justamente no se pueden brindar servicios de calidad debido a la baja recaudación existente. Así que hay que cambiar esa mentalidad por una de cooperación; que el contribuyente pague sus impuestos debidamente y mejor que esté al pendiente y exija a las autoridades el debido uso de los recursos.
